Un tsunami sacude las redes energéticas

La irrupción de la CNMC como legislador destapa la sobrerretribución de las empresas

Un tsunami sacude las redes energéticas

Las propuestas de nuevas fórmulas para fijar las retribuciones de las redes eléctricas y del gas que la CNMC lanzó a consulta pública el pasado día 5 han provocado un terremoto sin precedentes entre las empresas que explotan, en régimen de monopolio natural, una actividad regulada cuyos ingresos los sufragan los consumidores en sus facturas.

¿Qué ha pasado en esta ocasión que no haya ocurrido antes que pueda explicar tan desaforada reacción entre empresas e inversores? Esencialmente, que es la primera vez que la CNMC legisla, a través de circulares normativas, sobre este negocio. Una potestad, que le otorgó el Real Decreto Ley 1/2019 del pasado enero, y a la que el sector deberá irse acostumbrando.

Las propuestas de metodologías, de las que se derivan fuertes recortes en los ingresos de transportistas y distribuidoras, no responden a una decisión graciosa del regulador, sino de la propia ley que fija que estén aprobadas antes de fin de este año. Antes de que se le reconociese esta función, que correspondía al ministerio competente en energía, la CNMC ya mantuvo la misma posición. Así lo hizo en varios informes publicados en 2017 y 2018 cuando gobernaba el PP y lo propone ahora con un gobierno del PSOE, lo que vendría a invalidar la teoría de un complot político.

Uno de los motivos de la conmoción es que las empresas nunca se llegaron a creer -como así lo reconocen-, que el ministerio o la Comisión se atreviesen a plantear recortes tan extremos (hasta de 40% en el gas). Un ejercicio tan morboso como imposible es el de intentar averiguar qué habría hecho en este caso el Gobierno, al que se considera más vulnerable a las presiones. Hay que subrayar la tradicional ligazón de los transportistas y operadores de los sistemas energéticos (Enagás y REE) con la Administración (la SEPI tiene en su capital un 5% y un 20%, respectivamente) y con los propios Gobiernos, responsables de la designación de sus presidentes, siempre ex altos cargos políticos.

La incredulidad de las empresas ha dado paso a la desconfianza sobre el final de la historia. De la consulta pública, que concluye el 9 de agosto, esperan poco (quizás algún ajuste que no resolverá el fuerte recorte), ya que, al fin y al cabo, lo que proponen los técnicos de la CNMC no es recortar la retribución a la inversión o el mantenimiento de las redes, sino corregir la sobrerretribución que, según sus cálculos, han recibido en los últimos años.

Harían falta dos milagros para evitar los ajustes: que el Gobierno entable una batalla campal contra la CNMC o un cisma profundo en el consejo del organismo

Tampoco en los tribunales se atisban muchas posibilidades para las energéticas reguladas: las metodologías para el nuevo periodo regulatorio de seis años son un mandato de las reformas eléctrica (2013) y del gas (2014) aprobadas por el Gobierno del PP, que fueron respaldada por los tribunales españoles a los que recurrieron las afectadas. En el marco de dichas reformas se introdujeron modificaciones legales, que mantuvieron la premisa de que las redes deben recibir “una rentabilidad razonable” o, lo que es lo mismo, no desproporcionada. Algunas empresas han alertado de que sus inversores extranjeros podrían recurrir a arbitrajes internacionales, pero, a diferencia del recorte a las renovables de hace un lustro, las metodologías de la CNMC no son retroactivas.

Al sector solo le quedaría rezar para que obren dos milagros: que el Ministerio para la Transición Ecológica recurra a la comisión de conflictos (o de cooperación como la denomina la ley de la CNMC) contra este organismo alegando (y justificando) que no se respetan sus objetivos de política energética y que, en el mejor de los casos, permitiría quizás algún cambio positivo para las redes eléctricas. Una vía milagrosa con dos incógnitas: si el Gobierno sigue en funciones durante muchos meses y si cambia o no el equipo ministerial con Teresa Ribera a la cabeza. No parece verosímil que el Ejecutivo, sea cual sea, vaya a entablar una batalla campal contra la CNMC, que, según se mire, le ha hecho un trabajo sucio con un beneficio electoral, pues permitirá bajar los peajes de la luz y el gas a los consumidores.

Resultaría imperdonable que el Gobierno no utilizase el recorte a las empresas, que estas pueden traducir en sus propios ajustes, para bajar la factura a los consumidores, directamente o recortando las deudas del sistema eléctrico (más de 18.000 millones) y el del gas (unos mil millones) sino para cubrir gastos de los Presupuestos del Estado, como así se ha venido haciendo hasta ahora con los excedentes tarifarios.

El segundo milagro es que la nueva CNMC, la que resulte en octubre del relevo de la mayoría del consejo y su presidente, José María Marín, a la cabeza (que podrían seguir en funciones si no hay nuevo Gobierno), se atreviese a rechazar por mayoría unas metodologías elaboradas durante tanto tiempo por un potente equipo técnico, que para sí quisiera el propio ministerio. Un complicado trabajo de lobby para el sector.

El descalabro en Bolsa de las empresas, especialmente las gasísticas, ha puesto encima de la mesa el debate de por qué sociedades reguladas en más de un 90% y prácticamente públicas, como REE y Enagás, cotizan en los mercados de valores. Si de la participación de fondos internacionales se deriva que los consumidores no pueden beneficiarse de unas revisiones a la baja de sus retribuciones (lo que será habitual en Europa a medida que se amorticen las inversiones en redes), los más críticos piden un cambio de modelo.

Las grandes distribuidoras eléctricas, Endesa e Iberdrola, que han mantenido silencio, son las menos afectadas en términos relativos. Sí ha hablado Naturgy, como distribuidora de gas, que ha anunciado a su plantilla que paraliza las nuevas inversiones en redes de gas, aunque no las ha cuantificado. Entre los transportistas, Enagás tampoco ha respirado públicamente, pero sí lo ha hecho, con gran ruido, Red Eléctrica. Su presidente, Jordi Sevilla, ha comparado los recortes a las redes con los de sanidad y educación. Un símil desafortunado, pues a las redes se les rebaja un beneficio que esos servicios públicos, gestionados por el Estado y no por sociedades mercantiles, no tienen.

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