¿Seguirán las tarifas eléctricas obstaculizando la transición ecológica?

De los costes depende que el usuario se anime a sustituir combustibles fósiles por electricidad

¿Seguirán las tarifas eléctricas obstaculizando la transición ecológica?

Hasta ahora, la decisión de cómo fijar las tarifas eléctricas ha correspondido a los Gobiernos, cuya única preocupación era evitar hacer nada que tuviera repercusión en los medios de comunicación, sin considerar si su diseño reflejaba o no la estructura de costes de suministro. Por eso, sabíamos cuánto pagábamos, pero no qué conceptos estábamos pagando: si costes de suministro o costes ajenos al suministro.

Esta opacidad está a punto de desaparecer. Por exigencia de la Comisión Europea, el Gobierno ha tenido que trasladar a la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) la potestad para fijar aquella parte de las tarifas que refleja los costes de utilización de las redes (los peajes). La CNMC está analizando ahora cómo se deben facturar esos costes, y eso obligará al Gobierno a decidir y explicitar cuánto sumar a las facturas en concepto de costes ajenos al suministro (los cargos).

Esta reforma de las tarifas eléctricas tendrá implicaciones no solamente para los bolsillos de los consumidores, sino también para la efectividad de la lucha contra el cambio climático en España.

En primer lugar, si los consumidores de electricidad van a poder saber qué costes ajenos al suministro están soportando, es lógico que exijan saber cómo se han repartido. Lo razonable sería que esos cargos se repartieran no en base al consumo de electricidad de cada consumidor sino en base a su capacidad económica, lo cual implicaría sacar esos costes de la factura eléctrica y financiarlos a través de los Presupuestos Generales del Estado y de impuestos sobre la renta o el patrimonio. Si esto no es posible, se deben repartir entre todas las fuentes de energía, y no cargarlos exclusivamente a los consumidores eléctricos, tal como lo explicó la Comisión de Expertos para la Transición Energética.

En segundo lugar, el Gobierno va a tener que decidir qué parte de los cargos sumar al término de energía y qué parte al término de potencia. El acuerdo Gobierno-Podemos del pasado mes de octubre preveía incrementar la proporción de los cargos aplicados al término de energía, y crear tarifas con precios unitarios crecientes con el nivel de consumo. El acuerdo se inspira en la creencia de que penalizar el consumo de electricidad induce una mayor eficiencia energética, cuando en realidad lo que hace es inducir a que se siga consumiendo gas natural, gasolina o diésel, poniendo con ello trabas a la lucha contra el cambio climático. En segundo lugar, el acuerdo se basa en la creencia de que el consumo de electricidad es una buena medida del poder adquisitivo del consumidor, de modo que con una tarifa con precios crecientes se estarían imputando más costes a los ricos que a los pobres. Sin embargo, los datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares muestran que no existe correlación entre el nivel de consumo de electricidad y el nivel de renta.

Según la Comisión de Expertos, los cargos se deben financiar de la forma que menos distorsione las decisiones de los consumidores con respecto a las decisiones que tomarían si dichos cargos no existieran. Las tarifas eléctricas no deberían usarse para intentar redistribuir rentas o proteger a los consumidores vulnerables. Para ello, ya existen los impuestos sobre la renta y el patrimonio, los servicios sociales, y el bono social.

Estas decisiones son relevantes porque la electrificación de la economía es clave para la lucha contra el cambio climático por su elevado componente de energía renovable (actualmente, un 40%, y el Gobierno se ha fijado alcanzar un 74% en 2030). Pero, como es evidente, los consumidores serán reacios a sustituir consumo de combustibles fósiles por electricidad si las tarifas eléctricas se mantienen a los niveles actuales.

Del impacto de la próxima reforma de las tarifas sobre el coste de la electricidad va a depender que los consumidores se animen (o no) a sustituir consumo de combustibles fósiles (contaminantes) por consumo de electricidad (producida fundamentalmente por energías renovables). Para ello, es necesario que, por ejemplo, sustituyan las calderas de gas, gasóleo, fuelóleo e incluso carbón, con las que calientan actualmente sus hogares, por los nuevos equipos aerotérmicos que dan simultáneamente soluciones de calor y frío utilizando electricidad (equipos de aire acondicionado y calefacción). Pero los consumidores serán reacios a sustituir sus calderas si el consumo de electricidad está penalizado con cargos que no reflejan el coste de suministro.

Con el traspaso de competencias, la CNMC también determinará la retribución de las redes eléctricas (transporte y distribución), cuyo desarrollo es clave para el éxito de la lucha contra el cambio climático. La electrificación necesita de inversiones en redes para convertirlas en inteligentes y con un diseño mallado, de modo que los consumidores puedan vender la electricidad producida por paneles fotovoltaicos instalados en sus tejados o almacenada en sus vehículos eléctricos. La pregunta clave es si la CNMC fijará una retribución suficientemente atractiva en relación a la que ofrecen el resto de reguladores europeos.

En definitiva, la transferencia de responsabilidades a la CNMC para el diseño de los peajes y la retribución de las infraestructuras de red representa una oportunidad, que no se repetirá en mucho tiempo, de crear un entorno favorable para la lucha contra el cambio climático. Si las tarifas siguen desincentivando el consumo de electricidad y la retribución de las redes de transporte y distribución no atrae las inversiones necesarias para su modernización, difícilmente se podrá culminar con éxito la necesaria transición ecológica.

Óscar Arnedillo Blanco/Jorge Sanz Oliva son Director Gerente /Director Asociado de NERA Economic Consulting

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