La CIC renuncia a que Lagarde declare como testigo en el juicio por el Caso Bankia

El tribunal presidido por Ángela Murillo había dado como plazo máximo hasta finales de julio para que la directora del FMI prestase declaración

Christine Lagarde, directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), en una imagen de archivo.
Christine Lagarde, directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), en una imagen de archivo. Reuters

La Confederación Intersindical de Crédito (CIC), sindicato que ejerce la acusación popular en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia, ha renunciado hoy en la Audiencia Nacional a la declaración en calidad de testigo de la directora gerente del FMI, Christine Lagarde. Según ha indicado el letrado de la CIC, Andrés Herzog, con dicha decisión pretenden "no ocasionar trastornos" en el tribunal, que retomará la vista el próximo 22 de julio con las conclusiones de la Fiscalía, en una jornada en la que volverá a sentarse en el banquillo la treintena de acusados, incluido el expresidente de la entidad Rodrigo Rato, exentos de acudir hasta esa fecha.

A comienzos de semana, la presidenta de la sala, Angela Murillo, rechazaba ampliar un mes más la declaración de Lagarde, que debía responder a un cuestionario planteado por las partes sobre hechos relacionados con la situación de Bankia en 2011 y 2012, pero que pidió una prórroga al recibirlo mojado y deteriorado. La Audiencia Nacional da cuatro semanas a Lagarde (FMI) para declarar por el 'caso Bankia'. En un principio, Lagarde había sido citada a declarar como testigo el día 8 de mayo por videoconferencia, desde el FMI se acogieron a su "política de inmunidad" y comunicaron que era "complicado" que realizara una videoconferencia, siendo habitual la vía del cuestionario.

De este modo, la CIC preparó un cuestionario que constaba de seis preguntas y que fue recibido por Lagarde el 25 de junio, si bien la semana pasada dijo que lo había recibido en "mal estado", por lo que pidió que se ampliara el plazo para responder hasta el próximo 16 de agosto. Los juzgados españoles cierran sus puertas en el mes de agosto, por lo que extender el plazo de entrega de las respuestas, que además deben ser traducidas y aprobadas por el Ministerio de Economía y Empresa. 

La primera de la cuestión que la CIC propuso aclarar a la directora del FMI (que asumirá la presidencia del Banco Central Europeo (BCE) el próximo 1 de noviembre en sustitución de Mario Draghi), era la opinión que el organismo internacional tenía sobre la situación del grupo bancario en el primer semestre de 2012 y sobre su decisión de salir a Bolsa, materializada el 20 de julio de 2011. La Confederación también justificó la testifical de Lagarde por el Programa de Evaluación del Sistema Financiero Español (FSAP, por sus siglas en inglés) que desarrolló el FMI entre febrero y abril de 2012.

Respecto a las "importantes necesidades de capital" que se estimaban y el "necesario recurso a la financiación pública" para preservar la estabilidad financiera que se indican en las conclusiones preliminares del FSAP publicadas el 25 de abril, el cuestionario pedía a Lagarde que concretase qué cifras de ayudas públicas consideraban necesarias para solucionar la crisis de BFA-Bankia y si las mismas se sustentaban en informes o análisis de algún tipo, así como qué soluciones requería el FMI para "evitar el contagio a otras entidades".

Continúan las pruebas periciales

Al margen de ello, en la última sesión del juicio ha intervenido Rafael Martins, perito propuesto por el exvicepresidente de la entidad José Luis Olivas, que ha desmarcado a éste de cualquier responsabilidad en la toma de decisiones, especialmente en auditoría interna, área que "no dependía de él" y en la que "no tuvo ninguna participación".

Ante la sección cuarta de la sala de lo Penal, que ha dado por finalizada la prueba pericial, Martins ha insistido en que el que fuera además presidente de Bancaja "no ha ejercido cargo alguno" en la administración de las participadas inmobiliarias. Prueba de ello, ha proseguido, es que en ningún certificado de Bankia se nombre a Olivas como persona al frente del grupo inmobiliario, cuya función era "hacer operaciones financieras, que era lo común en todos los bancos".

Martins también ha avalado las provisiones por importe de 9.200 millones de euros con las que contaba BFA-Bankia en el momento de su integración, las cuales no sólo eran "suficientes" sino que superaban las estimaciones del Banco de España. "En todo caso, podía estar preocupado por una salvedad positiva, por si consideraran que tengo un exceso de provisiones para ahorrar impuestos. Pero eso no ocurría porque era un integración de negocios", ha explicado el experto, ex del Banco Santander y actualmente profesor del IE.

Sobre Bancaja, una de las siete cajas del grupo financiero, Martins  ha defendido que, según los informes de solvencia de 2008, 2009 y 2010, "la situación estaba perfecta". Una afirmación que ha despertado las críticas del perito de la Fiscalía Anticorrupción, Antonio Busquets, que ha explicado cómo en febrero de 2012 "se inició una reclamación para revisar la aportación de Bancaja porque se entendía que los valores reconocidos en ese momento no eran correctos".

El inspector cedido a la causa por el Banco de España ha aludido a asuntos como los deterioros de las filiales inmobiliarias o de Banco de Valencia (principal participada de la caja), que "derivaron en fuertes pérdidas" y llevaron "a un proceso de arbitraje que se suspendió el 4 de julio de 2012, cuando BFA ya estaba nacionalizada y no tenía sentido revisar las cuotas de aportación".

Busquets ha comparecido a petición de la fiscal Carmen Launa, que pide entre cinco años y dos años y siete meses de cárcel para los antiguos gestores de Bankia (Rodrigo Rato, José Luis Olivas, José Manuel Fernández Norniella y Francisco Verdú) por presunta estafa a inversores. Delito al que suman el de supuesta falsedad contable las acusaciones particulares y populares, como la de la CIC, que solicita hasta doce años de prisión para una treintena de exdirectivos del grupo financiero y el socio auditor.

Tras finalizar el peritaje y una vez reproducida la prueba documental, los magistrados han anunciado que el próximo día 22 comenzará la recta final del juicio, sesión en la que la Fiscalía Anticorrupción anunciará si mantiene o finalmente amplía su acusación.

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