La Airef denuncia la falta de eficacia del gasto en políticas activas de empleo

Concluye que las ayudas para parados de larga duración no mejoran la probabilidad de encontrar empleo

Programa Prepara pulsa en la foto

Con una tasa del 14,7%, el desempleo sigue siendo la principal preocupación de los españoles. Para intentar reducir esa cifra, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) calcula que las administraciones públicas gastaron en 2017 entre 6.100 y 6.500 millones de euros en políticas activas de empleo (PAE). Sin embargo, reconoce que ese cálculo podría no ajustarse a la realidad debido a las dificultades para analizar con exactitud esta partida ya que para su análisis de revisión del gasto en esta materia (spending review), –el primero que se hace por parte del Gobierno de turno– no ha tenido datos suficientes y de calidad.

El organismo presidido por José Luis Escrivá tras analizar las subvenciones públicas -y criticar su falta de transparencia- y poner en revisión el gasto farmacéutico, apunta hay “claras deficiencias” que ponen en cuarentena el control del gasto en políticas activas de empleo por las comunidades, por lo que solo entra a valorar el Programa estatal Prepara, destinado a desempleados de larga duración, y el servicio individualizado que impulsa Aragón, que sí ve eficaz.

Sobre el programa Prepara –que benefició a más de 850.000 personas entre 2012 y 2017 con un coste de cerca de 1.500 millones–, la Airef concluye que “no mejora la probabilidad de incorporarse al mercado laboral”, sino todo lo contrario: “Genera desincentivos”, asegura, en los seis meses que dura la prestación. A partir de ahí, apunta que sí que se ve su impacto tras 12 meses, pero solo en cuatro comunidades (Aragón, Navarra, País Vasco y La Rioja).

Más allá y con los datos de los que dispone, el organismo presidido por José Luis Escrivá apunta que hay autonomías como Castilla-La Mancha, Andalucía, Canarias y Baleares en las que coincide un peor rendimiento de los servicios públicos de empleo con la tasa de paro y con la relación a los parados de larga duración. Mientras que los mejores resultados se logran en Asturias, Cataluña y Aragón.

De ahí que desde Airef defiendan un reparto de fondos del Estado ligado a la consecución de objetivos por parte de las comunidades. Si bien, aseguran que los problemas se encuentran en el ámbito local: “No es descuadre, sino un problema de contabilidad que en la empresa privada no pasaría”, llegan a afirmar, instando a favorecer la trazabilidad del gasto para mejorar su transparencia.

En una comparativa europea, el informe de la Airef deja constancia que España se ha quedado atrás frente a sus países vecinos. Así, frente a los 4.089 euros que gastó Alemania en políticas activas de empleo en 2017 por cada desempleado, o los 2.752 euros que destina Francia, el gasto en España baja a 470 euros. Además, en un análisis que incluye además a otros países como Australia, Bélgica y Finlandia, la autoridad independiente apunta que todos ellos han abordado diversos procesos de reformas para gestionar las políticas activas de empleo y adaptarse a las necesidades del mercado laboral; cuentan con el apoyo de los agentes sociales para planificarlas; han desarrollado mecanismos de integración de las políticas activas con las pasivas –las prestaciones por desempleo–, y tienen modelos de evaluación para analizar y mejorar los resultados.

La Airef también entra a valorar la organización y utilidad de las oficinas públicas de empleo y critica que, además de que hay diferencias significativas entre las comunidades autónomas, el sistema de subvenciones que se utiliza es cuestionable y que no se tienen en cuentan las necesidades de las empresas en los contenidos de los cursos de formación. De esta forma, desde el organismo aseguran que llegado el caso de que una compañía precise un empleado TIC que no esté en el catálogo de profesiones, “es muy difícil que el servicio público de empleo se lo ofrezca”.

También apunta la escasa autonomía con la que cuentan estas oficinas como agente dinamizador de su entorno y para gestionar su propio presupuesto, frente a lo que sucede en los países europeos comparables, donde se favorece además la retribución por objetivos de su personal.

Sobre los incentivos públicos a la contratación, generalmente bonificaciones en las cotizaciones sociales a las empresas, –que suponen un 40% del total– la Airef apunta que “no son eficientes”, pero no entra a detallar más a la espera de un informe específico. Si bien, explica que España proporcialmente es de los países en Europa que más gasta en estos incentivos.

Entre las propuestas, Airef sugiere que sea obligatorio que las empresas tengan que anunciar sus vacantes en los sistemas públicos autonómicos y que se revisen los perfiles de los recursos humanos de las oficinas.

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