Ningún Gobierno ha encargado un estudio del impacto real

Las políticas activas de empleo que nadie evalúa

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez.
La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez.

Pero ¿se evalúan en España este tipo de políticas? Pues la respuesta es igual de rotunda, pero en este caso es, no. Hasta la fecha ningún Gobierno ha encargado un estudio del impacto real y de la eficacia del dinero destinado a este tipo de políticas y, desde luego, la inversión pública en esta partida presupuestaria no ha sido pequeña.

Sumando las cantidades destinadas en promedio a este tipo de ayudas públicas durante los últimos veinte años se obtiene la cifra nada desdeñable de alrededor de 140.000 millones de euros. Se trata de una cantidad lo suficientemente importante como para que desde el Gobierno de turno se encarguen las medidas necesarias para evaluar si estas políticas sirven o no para lo que están diseñadas:crear empleo, lograr la colocación de los parados y formar y reciclar a los trabajadores ocupados.

Sin embargo, no es así y varios expertos ya se han quejado por ello. “Hasta ahora a ningún Gobierno le ha interesado hacer esta evaluación” aseguran desde el equipo de economistas de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).

De hecho, un grupo de expertos de este think tank asegura haber demandado al Ministerio de Empleo en varias ocasiones los datos necesarios para hacer esta evaluación de la forma más rigurosa posible y hasta la fecha no se les ha facilitado. “No nos niegan los datos, nos dan buenas palabras, pero la realidad es que no nos los facilitan”, explican desde Fedea.

¿Qué datos serían necesarios para analizar si las políticas de empleo son o no efectivas? La catedrática de Economía de la Universidad del País Vasco y miembro de Fedea, Sara de la Rica, autora del documento Políticas activas de empleo. Una panorámica, explica que “se debe tratar de replicar, de la mejor manera posible, qué hubiera sucedido a cada individuo que ha sido intervenido (siendo beneficiario de alguna política activa de empleo) si no hubiera recibido esta intervención”.

Los Gobiernos han invertido cerca de 140.000 millones de euros en políticas de fomento del empleo en los últimos veinte años

Se trataría por tanto de construir dos grupos, de similares características, uno de ellos formado por beneficiarios de ayudas (que se denominaría grupo de tratamiento) y el otro con individuos que no han recibido estas políticas (grupo de control). Hecho esto, las diferencias entre la situación laboral de ambos grupos determinaría el impacto de la política activa en cuestión.

Este análisis del impacto de las ayudas al empleo no solo debería hacerse por la cantidad de dinero que se invierte en ellas, sino también porque no todas las políticas de empleo son iguales y, por tanto, deberían concentrarse los esfuerzos económicos en aquellos tipos de ayudas que den más beneficios.

Hay cuatro modalidades de políticas activas: formación de trabajadores, ya estén ocupados o desempleados; incentivos al sector privado para la contratación (generalmente bonificaciones en las cotizaciones sociales a las empresas); servicios de asesoramiento y seguimiento (que realizan las oficinas públicas de empleo);y, en cuarto lugar, programas de creación directa de empleo público (normalmente empleo subvencionado para colectivos más desfavorecidos).

Según los últimos datos comparados de la OCDE correspondientes a 2011, España destina el 0,9% de su PIB anual a este tipo de políticas, prácticamente lo mismo que Francia (0,93%) y algo más que Alemania (0,8%) o Italia (0,42%). Y dentro de España, el reparto entre los distintos tipos de políticas activas es el siguiente: la mayor parte (el 42% del total) se destina a bonificaciones a las empresas, esto es ayuda directa al sector privado para que contrate; en segundo lugar, el 23% de las políticas de empleo son para formación a trabajadores; el 17% es para las labores de intermediación de los servicios públicos de empleo y, finalmente, el 9% para creación directa de empleo en el sector público.

A la vista de este reparto y en ausencia de estudios oficiales al respecto, cabría preguntarse si el diseño de esta partida presupuestaria es el más adecuado para reducir el ingente número de desempleados de España.

Dos aproximaciones

En los últimos años, sólo se han llevado a cabo dos estudios de evaluación de estas políticas (Garcíá-Pérez y Rebollo, 2009) y Arellano (2010), ninguno de ellos encargado por el Gobierno. Y según los resultados empíricos de ambos se registra un impacto claramente positivo solo de dos tipos de políticas: la de la orientación y seguimiento, sobre todo a jóvenes bien formados, y la de las bonificaciones a la contratación al sector privado. Por el contrario tendrían un efecto nulo las políticas activas de formación para el empleo;y un impacto negativo los subsidios del empleo en el sector público.

A la luz de estos resultados, llama sobre todo la atención que se dediquen muchos más esfuerzos a los cursos formativos que a las tareas de orientación, seguimiento e intermediación a los parados, que son además el tipo de política activa más barata, según recuerdan los expertos.

De momento, el Gobierno solo ha dado tímidos pasos en la reordenación de estas políticas. Desde hace dos años, existen unos indicadores de evaluación en la ejecución de estas políticas que deben cumplir las comunidades para recibir más o menos dinero al año siguiente. Pero en este caso se evalúa la eficacia de las comunidades a la hora de ejecutar los programas y no de cada uno de los tipos de políticas activas.

Además, el Gobierno aprobó el pasado viernes la cartera de servicios mínimos que deberán ofrecer los servicios públicos de las comunidades. Esto podría interpretarse como una apuesta por las políticas activas del tipo de asesoramiento e intermediación, que como han indicado los expertos son las que tienen un menor coste. Entre estos servicios mínimos está un nuevo sistema de elaboración de “perfiles” de los parados cuando se registran en la oficina de empleo, que existe ya en casi todos los servicios públicos europeos.

Precisamente, los expertos de Fedea coinciden en que esa información que se obtendrá al elaborar los perfiles podría ser de mucha utilidad, usándolos siempre de forma anónima “para conseguir un buen informe de evaluación de estas políticas en menos de un año”. Si bien, todo sigue dependiendo de la voluntad política.