Abogados y jueces sufren las ‘fake news’ legales

Los bulos obligan a un trabajo extra a los juristas, que deben desmentir muchas creencias erróneas

Abogados y jueces sufren las ‘fake news’ legales
Getty Images

"No se puede despedir a un trabajador que está de baja”; “los padres no pueden en ningún caso desheredar a uno de los hijos”; o “los inmigrantes reciben ayudas solo por el hecho de serlo”. Las fake news, las afirmaciones falsas, los bulos y, en definitiva, la desinformación han adquirido una creciente presencia en la sociedad. Este fenómeno, que se materializa a nivel global, hace referencia a la propagación de noticias o datos falsos que tienen como objetivo deformar la realidad y, por ende, la percepción que tienen los ciudadanos respecto a un asunto. Y el terreno jurídico no ha sido una excepción.

En los últimos meses, y a raíz de las recientes campañas electorales, la desinformación legal ha venido principalmente del ámbito político. En este caso, las consecuencias se agravan: “No es lo mismo que el bulo provenga de una fuente desconocida a que lo vierta un político”, indica Lady Crocs, jueza que se apoya en este pseudónimo para compartir sus explicaciones y opiniones en Twitter. A raíz de su función de legisladores, agrega, son considerados figuras de autoridad, por lo que los ciudadanos “otorgan cierto grado de legitimidad a sus comentarios”.

De hecho, en las semanas previas a las elecciones generales del pasado 28 de abril, políticos de diversos partidos pidieron el voto de los ciudadanos para llevar a cabo reformas legislativas. Pero, en muchos casos, los que se quería regular ya estaba en la ley. Es el caso del líder del Partido Socialista, Pedro Sánchez, que publicó un tuit en el que afirmaba que era necesario reformar el Código Penal para tipificar los delitos sexuales, cuando este tipo de infracciones penales están registradas legalmente desde el año 1822.

Otra afirmación similar fue la que hizo Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, cuando prometió impulsar desde el Gobierno una ley de igualdad de trato y no discriminación para evitar que se lleve a cabo un trato discriminatorio con alguna persona española “por su condición, etnia u origen”. No obstante, la misma Constitución ya recoge este derecho, concretamente en su artículo 14.

En otras ocasiones, las figuras públicas van más allá y hacen declaraciones relativas a leyes que son inexactas o, directamente, falsas. En este sentido, el líder de la formación morada, Pablo Iglesias, alegó en el debate de RTVE previo a las elecciones generales que España “no contaba con un sistema fiscal progresivo”. Esta afirmación es poco rigurosa: en nuestro país, el principio de progresividad (que supone que la carga tributaria se reparta proporcionalmente atendiendo al nivel de capacidad contributiva de cada ciudadano) se aplica, por ejemplo, en el IRPF.

Por otro lado, y también de cara a las pasadas elecciones, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, comentó en una entrevista que en España “hay aborto libre hasta la semana 20”. Sin embargo, la ley sobre salud sexual y reproductiva establece que el aborto libre puede realizarse “dentro las primeras 14 semanas de gestación”. A partir de entonces, se establece un plazo excepcional (que abarca hasta la semana 22) y que necesariamente debe atender a “causas médicas”, relacionadas con la salud tanto del feto como de la madre.

Para Lady Crocs, a través de este tipo de afirmaciones se genera una impresión de que la ley regula arbitrariamente algunos asuntos o no protege eficientemente a sus ciudadanos, creando una visión distorsionada de la realidad en la que el político asume el papel de “salva patrias”.

Sentencias

A menudo, los medios de comunicación se hacen eco de resoluciones judiciales que, aunque encierran casos complejos y extensos donde cada detalle puede ser decisivo para el dictamen posterior, deben ser presentadas a través de un titular de palabras limitadas. Esto puede conllevar a que los lectores, acostumbrados a un modelo de consumo de la información basado en la inmediatez, reduzcan el caso a una única frase, “lo que da pie a malinterpretaciones y conclusiones equívocas”, indica Paloma Zabalgo, abogada especializada en derecho de familia.

Ejemplo de ello fue una sentencia de la Audiencia Provincial de Córdoba (cuyo texto puede consultar aquí), en la que los magistrados resolvieron quitar la custodia a un padre por fumar dentro de casa. El fallo encerraba, no obstante, detalles significativos: fueron los propios hijos los que expresaron sus quejas y preocupación sobre la adicción al tabaco que tenía el progenitor, que llegaba incluso a fumar en la habitación de los menores antes de que estos se fueran a dormir. En este sentido, Zabalgo recomienda “leer atentamente los hechos concretos que se relatan en el texto de la sentencia para entender el criterio del tribunal correspondiente”.

Laura del Río, coordinadora de Maldita.es (medio especializado en hacer fact checking y desmentir bulos), alerta de que “las cuestiones relativas a la legislación son complejas”. Al tratarse de textos técnicos que engloban realidades muy amplias, están sometidas a diversos matices “y es necesario un conocimiento técnico para entender las interpretaciones”. Por tanto, y en caso de duda sobre la veracidad de una información, es vital contrastar con las fuentes citadas o, si se trata de un asunto muy especializado, “conviene consultarlo con expertos del área concreta”, subraya Del Río.

Por su parte, Pablo Sánchez, abogado especializado en el área laboral, explica que “no es tanto una cuestión de bulos, sino de desinformación fruto de creencias generales e ideas preconcebidas”. Así, las áreas del derecho más complejas y que afectan a un grupo más reducido de personas (como derecho marítimo o mercantil) son menos susceptibles de ser objeto de bulos, mientras que en los ámbitos más masificados, como laboral o familia, es más frecuente encontrar ejemplos de desinformación jurídica.

Redes sociales

Los bulos o afirmaciones falsas se difunden principalmente a través de redes sociales. Aunque, y como apunta Borja Adsuara, abogado experto en derecho digital, estas plataformas también tienen un aspecto positivo muy significativo, ya que “dan la oportunidad de verificar fácilmente una afirmación con un experto”. Es decir, ejercen al mismo tiempo una función de difusión pero también de protección ante la desinformación. Así, de circular un bulo por esta red o de hacer un político una afirmación jurídica inexacta, se podrá desmentir con más rapidez y, por tanto, mitigar el efecto desinformador que pueda generar.

Más allá de contrastar con expertos, el ciudadano debe ser consciente de la gran cantidad de datos falsos que circulan por la red ya que, de la misma forma que tiene reconocido el derecho a la información, “también tiene la responsabilidad de contrastarla y verificarla”, concluye Adsuara.

Medidas de protección

Fuentes. Una de las características más típicas de los bulos es que no hacen referencia a fuentes o, si las citan, son de dudosa procedencia. Por lo tanto, una de las medidas más efectivas de detección de bulos es verificar si la fuente es fiable y si, por otro lado, afirma lo que se establece en el texto controvertido. Si la información hace referencia a un artículo de una ley, conviene comprobar la norma en concreto. Si se trata de una sentencia, es importante leer el texto e ir más allá de lo que aparezca en un titular o en frases destacadas.

Expertos. Otra medida consiste en contrastar los datos con personas especializadas en el campo del derecho al que haga referencia la información. En esta línea, cabe destacar que muchos expertos en el ámbito legal (jueces, abogados y fiscales, entre muchos otros) tienen una presencia activa en Twitter, lo que les convierte en fuentes muy accesibles y facilita la labor de verificación por parte del ciudadano.

Difusión. Cuando una información es engañosa, está descontextualizada o es, directamente, falsa, lo ideal es detener la difusión del bulo y desmentirlo en caso de tener la oportunidad. En este sentido, y con motivo de las pasadas elecciones al Parlamento europeo, WhatsApp se comprometió a tomar medidas para evitar la difusión de fake news. Así, y entre otras medidas, ha puesto un límite a las veces que un mensaje puede ser reenviado.

'Fact check'. Otra forma de verificar una  información es acudir a alguno de los medios especializados que se dedican a desmentir informaciones sospechosas de ser falsas. En España, algunas de estas plataformas son Maldita.es, Newtral o Comprobado.

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