La atención primaria, en la UCI a la espera de oxígeno presupuestario

La inversión se calcula en 4.350 millones de euros en cinco años

GettyImages

La atención primaria (AP) está en la UCI, en la unidad de cuidados intensivos, porque se desangra. Necesita recursos –su principal escollo–para resolver el déficit de profesionales y mejorar la calidad de la asistencia. “Estamos enfadados, quemados porque hay una crisis que amenaza su futuro”.

Es la radiografía que hace el Foro de Médicos de Atención Primaria, una plataforma que agrupa a ocho organizaciones que luchan desde hace una década para salvar un servicio con pronóstico reservado. Y que amenaza con alzar la voz y salir a la calle –de hecho, hubo huelga en Cataluña y se celebrarán otras en Galicia, Madrid o La Rioja–, si el Gobierno (Sanidad y Hacienda) no escucha sus demandas.

El déficit de médicos, el punto más crítico que afecta a la calidad

El 45% de los médicos sobrepasa el límite recomendado de 1.500 pacientes asignados, calcula un estudio de la Organización Médica Colegial (OMC), en colaboración con la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM). La media nacional está en 36-40 enfermos diarios, y en Madrid es de 35, según estadísticas oficiales.

Pero desde la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SemFYC) afirman que la realidad es otra: el 70% atiende a 40 de media y el 30%, a 50. Mientras que el tiempo medio que se dedica a los enfermos en una consulta es menor de siete minutos. “La calidad debe mantenerse y esto no se resuelve pagando más, hay que incrementar la plantilla”, considera María Fernández García, vicepresidenta de la asociación. 

Medidas urgentes

Y como el problema de base es la falta de presupuesto, algo que excluye el Marco Estratégico para la Atención Primaria de Salud, publicado en el BOE el 26 de abril, Serafín Romero, presidente de la OMC, reclama que se dedique el 20% del presupuesto sanitario a la atención primaria de aquí a 2020 –en la actualidad se destina apenas el 14% de media– y que suba al 25% en 2025.

“Hemos conseguido llevar a la agenda política nuestras reivindicaciones. Reconocemos la labor del Ministerio de Sanidad, que ha presentado el documento en seis meses, primero en el Consejo Interterritorial y después en el Consejo de Ministros, pero es indispensable incluir una financiación realista, ya que la estrategia solo habla de incrementar de manera progresiva los presupuestos, sin concretar”, lamenta Romero. “Ahora hay que ponerlo en marcha y priorizar”, añade Concha Sánchez, portavoz del foro y presidenta de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap).

Los profesionales celebran el recién aprobado marco estratégico, pero critican la falta de concreción en materia de financiación

La inversión necesaria se cuantifica en 4.350 millones de euros como mínimo en los próximos cinco años, prevé un informe de la SemFYC elaborado por la ­Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, de los que 2.850 millones, la mayor partida, son para gasto de personal –el recorte en esta área fue de 931.190 euros entre 2009 y 2016, una caída del 11,13%, hasta los 7,4 millones–; unos 1.250 millones para la mejora de infraestructuras en centros de salud y consultorios periféricos, y 250 millones para equipamiento asistencial.

“Las medidas tienen que aplicarse ya, pero el ministerio pasa la pelota a las comunidades autónomas”, critica Gabriel del Pozo, vicesecretario general de CESM. El déficit de profesionales es el punto más crítico. Un estudio de la OMC de 2018, en colaboración con la CESM, recoge que faltan 2.200 médicos de familia y 300 pediatras. Y para 2030 se pronostica una necesidad de 6.000 y 1.000, respectivamente, por las jubilaciones.

Cifras

11,13% es el recorte en gasto de personal entre 2009 y 2016, hasta 7,4 millones de euros, según un informe.

45% de los facultativos españoles sobrepasa el límite recomendado de 1.500 enfermos asignados.

Por eso, la plataforma aprovechó la campaña de las elecciones para pedir a mediados de este mes a las comunidades autónomas –al ser la sanidad una competencia transferida– 30 medidas urgentes que no han sido incluidas en el marco estratégico.

Entre las propuestas, además de la presupuestaria, se contempla que las ofertas públicas de empleo se convoquen cada dos años, con un modelo de selección y provisión de plazas homogéneas para mantener la tasa de temporalidad por debajo del 8%, hoy muy elevada; que las plazas de especial dificultad tengan una retribución de más del 15% respecto a las del resto, y que la medicina familiar y comunitaria se incorpore en los estudios de grado del área de Ciencias de la Salud y Servicios Sociales, así como la importancia de la pediatría en atención primaria.

Otras peticiones

Cupos: lograr que en 2022 todos los médicos tengan cupos con criterios ajustados al territorio y a las características demográficas, epidemiológicas y socioeconómicas de la población. La intención es que no se superen los 1.500 pacientes asignados en medicina familiar y los 1.000 en pediatría, ni los 1.300 y 800, respectivamente, en el MIR.

Fármacos: antes de finales de 2020, desarrollar protocolos multidisciplinares para la adherencia farmacológica en al ámbito sanitario y sociosanitario, incluyendo la conciliación de la medicación en las transiciones asistenciales.