Falta de coherencia para la Agenda 2030
Muchos gobernantes plantean que la globalización tiene que estar regulada, pero firman acuerdos contrarios
La Agenda 2030 es el compromiso de los Gobiernos de erradicar la pobreza, universalizar el trabajo digno o que haya una transición energética justa y evitar el cambio climático. El plazo va desde el año 2015 en el que forjaron esa agenda hasta 2030. Es de carácter universal y, por lo tanto, a nadie hay que dejar atrás. Las políticas a desarrollar, los presupuestos y los acuerdos internacionales deberían estar alineados y coherentes para lograr los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Y esa falta de coherencia y alineación es evidente en lo que se refiere a la política europea (y española) en los acuerdos internacionales. Así, veamos los últimos alcanzados o a punto de ser suscritos. La Unión Europea ha hecho un acuerdo de libre comercio con Japón y otro próximo a suscribir con Singapur. Ninguno de esos países ha suscrito las ocho convenciones fundamentales de trabajo de la OIT.
Singapur es tachado por ser y practicar todas las artimañas de un paraíso (guarida) fiscal. La lista de la UE de guaridas fiscales se limita a las islas de Samoa, Samoa Americana, Guam, Trinidad y Tobago y las Islas Vírgenes de los EE UU. Claro que, en este aspecto como en otros, la UE tiene soberanías fiscales igual de rechazables, desde la patria de los fondos de inversión de Juncker –Luxemburgo–, hasta la del vicepresidente Timmermans –el reino holandés del sándwich de la doble imposición– o la querida Irlanda de Apple.
No se promueve el trabajo decente, se fortalecen los agujeros fiscales que drenan los recursos para el cambio productivo hacia una economía baja en carbono y una transición justa, se potencia la competencia desleal y la desigualdad, y se favorece a las multinacionales mientras se empobrece a pymes y trabajadores autónomos y por cuenta ajena. Comprobamos así que no hay un compromiso real en la Agenda 2030, aunque se diseñen toda una gobernanza de altos comisariados, documentos y conferencias sin fin. Pero es que, además, la UE (y España) están embarcados en tratados de inversión que plantean excluir a los tribunales ordinarios de justicia por arbitrajes privados cuando se diriman demandas de multinacionales contra Estados, por entender las primeras que nuevas normas que se establezcan afectan negativamente a sus intereses. Es decir, en lugar de ser el Estado el que ordene la economía, será el mercado el que limite la capacidad normativa del Estado. Ya lo estamos viendo. Se multiplican los litigios contra España por modificar las subvenciones de las renovables, o Uber y Cabify, sitos en paraísos fiscales sus accionistas, amenazan por lucro cesante. Y la lista de litigios se amontona: Egipto, por subir el salario mínimo; en Uruguay, por limitar la publicidad contra el tabaco…
Todo esto, anteponiendo los tratados de libre comercio e inversión a un tratado sobre multinacionales y derechos humanos que sea la norma sobre la que pivote el resto de acuerdos económicos. Y para este tratado todo son pies arrastrados, ausencias de gobiernos y lobbies engrasados en su contra.
Muchos de nuestros gobernantes y legisladores plantean que la globalización tiene que estar regulada, pero firman cosas que consiguen todo lo contrario. Su firma es un compromiso logrado por la presión social, pero que no anida en su acción de gobierno.
Santiago González Vallejo es Economista de USO