El MIT y Harvard aseguran que no elaboraron el informe que determinó el cierre de Castor

Escal presenta un escrito ante Transición Ecológica que demuestra que oficialmente estas instituciones no hicieron el estudio presentado en 2017

El exministro de Energía, Álvaro Nadal, con los profesores Rubén Juanes y John H. Shaw, y el presidente de Enagás, Antonio Llarden, en la entrega del informe sobre Castor, en mayo de 2017.

El culebrón de Castor continúa. Los representantes de Escal UGS, la que fue titular del almacén submarino de gas participada por ACS, con un 66,7%, y la sociedad canadiense de ese mismo nombre, el 33,3%, presentaron ayer por la mañana ante el Ministerio para la Transición Ecológica, un escrito en el que demuestran que el informe del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y la Universidad de Harvard no elaboraron el informe que sirvió de base al exministro de Energía, Álvaro Nadal, para proceder en mayo de 2017 a la hibernación de Castor “dada su peligrosidad”. Asimismo, insisten con varios estudios en que, frente a la tesis de aquel ministerio, “la sismicidad no tuvo su origen en la falla de Amposta”.

En contra de la creencia general, de lo declarado por el  Energía y de lo que sigue figurando en la  propia web  de Transición Ecológica, el informe de 2017 fue elaborado por el profesores del MIT Rubén Juanes y el de Harvard John H. Shaw, a título particular y no en nombre de estas instituciones. Así lo demuestran las cartas de los respectivos decanos remitidas a Escal, que acompañan al escrito que la sociedad presentó ayer y al que ha tenido acceso CincoDías.

 Esta indica que “ha tenido ocasión de confirmar que, lo que aparentemente es un informe de unas instituciones tan prestigiosas como el MIT y la Universidad de Harvard no, es en realidad un trabajo de estas universidades. Los más altos representantes de ambas han confirmado a Escal que ninguno de dichos institutos ha emitido informe oficial alguno sobre el almacenamiento Castor”, una instalación ubicada frente a las costas de Castellón”. Lo cual, añade Escal, “permite cuestionar aún más su proceso de elaboración”.

El informe, que costó 600.000 euros (los pagó Enagás) y fue una exigencia del Real Decreto-Ley de 2014 de rescate financiero de Castor (tumbado parcialmente por el Constitucional en diciembre de 2017), fue presentado en su día en rueda de prensa por el entonces secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, con la presencia de sus autores. En él se concluía que los seísmos desencadenados tras el llenado inicial de gas del almacén en octubre de 2013 tuvieron su origen en “la desestabilización y el estrés” de la gran falla de Amposta, frente a Tarragona.

Tras su hibernación y varios procesos judiciales que han bloqueado el pago vía peajes del gas, tanto el coste de su mantenimiento por parte de Enagás, como de la deuda de 1.350 millones de euros a los bancos acreedores, el actual Gobierno ha anunciado su desmantelamiento definitivo. Para evitar nuevos problemas, la Abogacía del Estado están estudiando el camino legal más adecuado.

En su escrito, Escal se lamenta de no haber tenido conocimiento del contenido de aquel informe, cuyas conclusiones, “fueron elaboradas finalmente por el equipo de Nadal”, señalan fuentes del sector. En este sentido, la empresa señala en el documento registrado en el ministerio que nunca tuvo conocimiento “del tipo de información que se puso a disposición de los autores del informe”.

 Causa penal

 A la vista de su resultado, Escal ha encargado a un grupo de expertos una revisión técnica del informe de Juanes y Shaw. Dicho informe, según la revisión, “contradice las conclusiones alcanzadas por todos los grupos de científicos que han emitido estudios al respecto (IGN 2013; Cesca et al. 2014; Gaite et al. 2016; Ruiz Barajas et al. 2017 y Saló et al. 2017) es erróneo y manifiestamente descuidado”.

 Asimismo, añade que “los resultados principales son inconsistentes (contradictorios e incompatibles) e invalidad el estudio”. Y que la tesis de que los seísmos ocurrieron en la falla de Amposta, “contradice observaciones instrumentales y por tanto debe ser refutada”, subraya, tras añadir que “el informe no ha seguido el procedimiento científico básico de una revisión por pares”.

 Escal también critica el informe previo del Instituto Geológico y Minero de España (IGM) de 2014, a petición del Gobierno. En este se apoyó la Fiscalía cuando interpuso denuncias que dieron lugar a la causa penal que un juzgado de Vinaroz sigue contra la compañía. Esta se lamenta  en su escrito que ha tenido que “soportar todo el esfuerzo para desacreditar el contenido de dicho informe y demostrar los errores que incluía y que finalmente fueron reconocidos por sus autores en sede judicial”.

 Ante la decisión del ministerio de desmantelar la instalación,con un coste de más de 100 millones de euros, Escal pide al departamento que dirige Teresa Ribera que lo contraste con la revisión técnica que aporta y con el resto de estudios. Su objetivo es en definitiva que se desliguen las decisiones de hibernar o desmantelar Castor de unos informes “erróneos” y que limiten a una decisión política que exima de responsabilidad penal a la compañía.  

Esta señala en su escrito que ha tenido que “soportar todo el esfuerzo para desacreditar el contenido de dicho informe y demostrar los errores que incluía y que finalmente fueron reconocidos por sus autores en sede judicial”.

Un polémico informe

Los profesores Rubén Juanes, del MIT, y el de la Universidad de Harvard, John H. Shaw, que fueron contratados por el Gobierno anterior para que determinaran la seguridad de Castor, clausurada en 2013 tras los seísmo provocados en su llenado de gas, dijeron haber recurrido a estándares de los que no se disponían hasta entonces en España.

Así exculparon a los responsables políticos que autorizaron la construcción de Castor, así como a su promotor. “El nuestro es un estudio postmortem utilizando nuevos paradigmas, ya que antes no era posible determinar el efecto de la inyección de gas”, dijeron en la rueda de prensa de mayo de 2017 en que se presentó su informe.

Este alertaba de que su puesta en marcha “desestabilizaría aún más la falla” [atribuyeron los movimientos a la falla de Amposta], con seísmos que podrían llegar a 6,8 grados en la escala de Richter. En definitiva, al margen de su rigor científico, el informe cubría las espaldas del Gobierno en su decisión de cierre o desmantelamiento.

Escal UGS, promotora de la planta y ya sin actividad (se mantiene en tanto se resuelve el proceso judicial en un juzgado de Vinaroz) asegura, ha arremetido contra un informe, supuestamente del MIT y Harvard, que sirvió de base para la hibernación de Castor.