El taxi de Madrid desconvoca la huelga indefinida sin lograr ninguna concesión
La Comunidad de Madrid planea dar vía libre a que los taxistas puedan ofrecer tarifas prefijadas para competir con Uber y Cabify
Los taxistas de Madrid vuelven a trabajar. Lo hacen tras 16 días de huelga y la negativa de la Comunidad de Madrid a regular a los VTC por la vía express tras la falta de consenso entre ambos sectores. Por 3.522 votos a favor de continuar el paro sectorial (el 44,9%) y 4.233 votos en contra (53,9%), el sector del taxi ha puesto punto y final al cierre sectorial, pese a que la coordinadora del taxi de Madrid había pedido mantener las movilizaciones y acciones reivindicativas hasta conseguir dicha regulación. De cualquier modo, las asociaciones de este colectivo se han comprometido a continuar buscando diferentes vías que permitan establecer dicha regulación.
“Lo de la Comunidad de Madrid ha sido un verdadero ajuste de cuentas; ya su partido, el PP, rechazó en el Congreso aprobar el decreto ley de Ábalos”, aseguran a CincoDías desde el sector del taxi. “Es doloroso ver cómo volvemos al día previo antes del paro”, se lamentan, pues la huelga no solo ha hecho mella en los bolsillos de los taxistas (han perdido entre 170 y 200 euros brutos por día) sino también en el ánimo de este colectivo que no ha logrado por la vía de las movilizaciones sus objetivos. Fundamentalmente el que el presidente del gobierno regional marcó como línea roja, el de establecer un tiempo mínimo de precontratación de una hora para los VTC.
El presidente de la Asociación Gremial del Autotaxi de Madrid, Miguel Angel Leal, apuntó que ahora toca el "rearme del sector" y que el sector "no se merece" la decisión negativa de la Comunidad de Madrid a regular la VTC y mostrar ese "desprecio" al taxi. En consecuencia y tras el referéndum, los taxistas vuelven a dar servicio "por los ciudadanos", que tampoco se merecen "esta clase política". Su homólogo en Élite Taxi Madrid, Sergio Vega, señaló que la desconvocatoria de huelga sin una legislación exprés de la VTC "no es una derrota" y el colectivo ha aprendido que ahora sabe "con quién puede contar y con quién no". A su vez, ha incidido en que este sábado el taxi va a impulsar una manifestación junto a otros colectivos como bomberos, ambulancias, sanidad pública y educación, que también critican la falta de protección del Ejecutivo regional sobre el servicio público. Finalmente, Sanz cargó contra la Consejería de Transportes que en la reunión de ayer utilizó tácticas "ruines" para buscar la desunión del colectivo del taxi, como el ofrecer más licencias por titular y un régimen de tarifas máximas que les podría supone la posibilidad de bajar precios.
El sector ahora tendrá que afrontar también la respuesta del consumidor. Tras dos semanas largas de huelga, muchos usuarios se han descargado las aplicaciones de Uber y Cabify y han descubierto un servicio que hasta este momento no habían utilizado nunca. E igualmente está el reproche que muchos consumidores hacen a los actos violentos de algunos taxistas, que han dañado la imagen de todo el sector. Tampoco hay que olvidar la propia división del sector del taxi, que no es nueva, pero que esta huelga tan prolongada y con acciones en algunos casos con violencia ha agudizado.
Pero el taxi no lo tiene todo perdido. La Comunidad de Madrid planea aprobar a lo largo de este mes de febrero el taxi compartido, la tarifa fija, la posibilidad de extender el horario de trabajo hasta las 24 horas, la libertad de elección de coche o las subvenciones al cambio de flota. Todas ellas medidas que podrían impulsar la competitividad de este sector frente a los VTC. Es decir, va a reactivar la modificación del Decreto 74/2005 por el que se desarrolló el reglamento autonómico del taxi que quedó paralizado cuando Cristina Cifuentes dimitió en abril del pasado año y que estaba previsto aprobar antes de que finalizara 2019.
El texto, que ya ha recibido el visto bueno del consejo jurídico de la Comunidad de Madrid, solo tiene que ser aprobado por el Consejo de Gobierno del ejecutivo regional.
El decreto pretende permitir a los taxistas ofrecer un precio máximo cerrado (una tarifa prefijada) a los usuarios que soliciten el servicio a través de aplicaciones como Mytaxi, de modo que el usuario conozca de antemano cuánto le va a costar el trayecto, igual que pasa hoy con Uber y Cabify.
Igualmente quiere abrir la opción de taxi compartido, de modo que usuarios puedan pagar por plaza. Los pasajeros podrían salir todos de un mismo sitio o ir siendo recogidos por el camino, y del mismo modo podrán ser dejados todos en el mismo sitio o pedir al conductor que lleve a cada uno a un destino.
El decreto también planea incluir que las sociedades limitadas puedan ser propietarias de licencias de taxi y no, como hoy, que solo pueden ser propiedad de autónomos.
“Con estas medidas, el taxi podría competir mejor con los VTC en los servicios con precontratación, donde ambos sectores rivalizan”, señalan fuentes del sector. “Es una forma clara de acortar sus diferencias con Uber y Cabify”.
Pero, el sector del taxi también podría conseguir algunas de sus peticiones a través del Ayuntamiento de Madrid, sin necesidad de que el gobierno regional les habilite para ello. Hay que recordar que el Tribunal Constitucional determinó en 1996 que las competencias en transporte urbano son de los entes locales y hasta la fecha sigue siendo así. De hecho, el Real Decreto 13/18 no les concede competencias nuevas sino que aclara y recuerda las que ya tienen.
“Si quisiera, el ayuntamiento de Manuela Carmena podría establecer restricciones de tráfico (por ejemplo que no puedan circular por Madrid central), marcarles unos horarios y obligarles a que un porcentaje de los VTC libre los fines de semana o a diario, y limitarles su estacionamiento o marcarles tarifas”, dicen desde el sector del taxi. “Ahora solo falta que quiera, y no jueguen a hacer política”, señalan las mismas fuentes. Lo que no podrá fijar el ayuntamiento es un tiempo mínimo de precontratación.
Por otra parte, según informó Efe, en Barcelona, el Parlament habría aplazado la validación del decreto que regula las VTC después de que Ciudadanos haya solicitado un informe al Consell de Garantías Estatuarias para que determine si se adecuada o no a la Constitución y al Estatut.
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