¿Qué papel juegan los impuestos en la guerra entre taxis y VTC?

El conductor de taxi puede tributar en módulos, una ventaja que no posee su homólogo de VTC

Manifestación de conductores de los VTC en Madrid.
Manifestación de conductores de los VTC en Madrid. REUTERS

La batalla que están librando los taxistas con las compañías y conductores de VTC tiene en los impuestos un importante frente abierto. El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, compareció para dar explicaciones tras la petición de varios grupos políticos, entre ellos Ciudadanos, desde donde alguno de sus responsables económicos ha llegado a proponer un impuesto a la actividad de los VTC en aras de compensar a los taxistas por la inversión que muchos de ellos han hecho, destinando sus ahorros, cuando no hipotecándose, para la adquisición de la correspondiente licencia.

Y hablando de impuestos, uno de los reproches que los taxistas hacen a las grandes compañías que operan en el sector VTC es el de que no pagan los impuestos que deberían, dadas las posibilidades que, para reducir su factura fiscal, otorga la normativa fiscal a las grandes empresas; algunas de las cuales, además, no tributan en España, sino en territorios con una fiscalidad muy favorable. Y esta es una cuestión que debe preocupar y ocupar al Gobierno y al legislador para intentar modificar dicha situación, haciendo que dichas compañías paguen en función de los beneficios realmente obtenidos en nuestro país. En este sentido, algunas de las medidas tributarias planteadas en torno a los Presupuestos para 2019 constituyen un primer paso, aunque discreto, en dicha línea.

Ese reproche, sin embargo, difícilmente se puede hacer a los conductores autónomos de VTC, que tributan en el impuesto sobre la renta en función de su beneficio, calculado en estimación directa, por diferencia entre sus ingresos y los gastos fiscalmente deducibles. Conductores que no pueden aplicar el régimen de estimación objetiva (más conocido como módulos) para determinar su rendimiento neto, reservado solo para los taxistas.

La inmensa mayoría de los taxistas optan por tributar por el régimen de módulos, dado que supone un beneficio considerable frente a la estimación directa. Así, son los kilómetros que recorren al año, junto con una cantidad fija establecida básicamente en función de que solo conduzca el titular de la licencia o cuente con algún asalariado, los elementos que sirven de base para determinar los impuestos que posteriormente pagarán. Y ello, al margen de cuál haya sido su beneficio real, dependerá de las carreras que hayan hecho y su importe.

En números contantes y sonantes, los ingresos que se le van a imputar al taxista que no tenga asalariados y, por tanto, conduzca él solo un único vehículo (en el régimen de módulos pueden tributar quienes tengan hasta tres vehículos) y realice 60.000 kilómetros al año –que es, más o menos, la media declarada– serán algo menos de 900 euros mensuales, que en definitiva constituirá el rendimiento por el que tributará en el IRPF –lo que conllevará que la tributación efectiva en la mayoría de los casos sea cero o una cantidad mínima, dependiendo de sus circunstancias personales y familiares–. Y ello con independencia de que sus ingresos reales sean 900, 2.000, 3.000 euros u otra cantidad mayor.

Así, mientras los taxistas siempre tributarán por la misma cantidad, al margen de su beneficio real, los conductores de VTC pagan impuestos en función de lo realmente ganado.
El régimen de módulos, que no solo es de aplicación al sector del taxi, sino también a buena parte del comercio minorista, la hostelería y el transporte, entre otros, si bien podía tener cierta justificación hace años –cuando la ausencia de medios informáticos dificultaba a los pequeños empresarios llevar los registros contables requeridos por la estimación directa, y a la Administración tributaria su control– hoy no tiene sentido. Los principios de generalidad y progresividad, así como la obligación de que todos contribuyan de acuerdo con su capacidad económica, que establece el artículo 31.1 de nuestra Constitución, deberían conllevar la eliminación del régimen de módulos.

La difícil convivencia entre taxistas y conductores de VTC ha desatado una guerra que dura ya más de 10 días y que ha tenido significativas consecuencias. Uber y Cabify decidieron dejar de operar en Barcelona en señal de protesta contra el decreto que aprobó la Generalitat. De otro lado, un grupo de taxistas ha presentado una demanda por competencia desleal contra aquellas. Y las empresas de VTC, por su parte, han denunciado ante la Audiencia Nacional a los portavoces de algunas asociaciones de taxistas por organización criminal, después de los enfurecidos reproches que han dejado tras de sí tan lamentables imágenes que invitan a la reflexión.

No se trata, en cualquier caso, de una disputa exclusiva de nuestro país. Para solucionarlas, nuestra vecina Portugal, por ejemplo, ha establecido un conjunto de condiciones a las plataformas de VTC, entre las que ha incluido un impuesto del 5% de cada viaje. Y Cabify, por su parte, ya propuso una tasa para la movilidad, que afectaría tanto a los VTC como a los taxis y a los vehículos de alquiler sin conductor, a quienes obligaría a pagar un impuesto variable diario dependiendo del número de kilómetros recorridos, de la hora, de la ocupación y los niveles de cobertura…, aunque también lo condicionarían variables fijas relacionadas con el tipo de combustible o de vehículo, entre otras.

La tecnología ha revolucionado los hábitos de movilidad y es cierto que dicha realidad no debe dejar tirado a nadie en el camino, para lo que habrá que tomar las medidas necesarias. Pero también parece evidente que no debería residir en los impuestos un frente capaz de recrudecer aún más este conflicto.

Carlos Cruzado es Presidente de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha)

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