Los asesores fiscales piden juzgados especializados en materia tributaria

La Aedaf denuncia que la administración pierde el 50% de los casos pero mantiene colapsado el sistema

José Ignacio Alemany, presidente de Aedaf.

"En materia de impuestos, un notable grado de desigualdad no es un mal tan grande como un pequeño grado de incertidumbre", decía el economista Adam Smith en 1776 en su obra "La riqueza de las naciones". Con esta cita por bandera, la Asociación Española De Asesores Fiscales (Aedaf) ha denunciado este jueves la inseguridad jurídica española en materia fiscal y ha reclamado medidas para solventarla.

“Denunciamos incertidumbre en la seguridad jurídica fiscal en los tres niveles de poder del Estado”, ha expuesto Javier Gómez Taboada, vocal de estudio e investigación de la Aedaf, en la presentación de un documento sobre la materia. 

Del lado legislativo, los asesores fiscales ven una “hiperproducción” de normas, que han llegado a un ritmo de hasta 55 al año, una por semana. Del Ejecutivo critican las “exorbitantes” potestades de las administraciones estatales, autonómicas y locales.

Finalmente, cargan contra la habitual controversia de parecer entre los distintos niveles del poder judicial, dada la disparidad de criterio entre los tribunales superiores de justicia de cada región, la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo, el Constitucional y la Corte de Luxemburgo.

Una cadena que retrasa la certidumbre jurídica hasta el punto de que litigios sobre algunas figuras tributarias han pasado 22 años pendientes de resolución en firme, ilustran desde la asociación de asesores fiscales.

Gran parte del problema, subrayan sus miembros, es que la administración tributaria recurre sistemáticamente los recursos y demandas de los contribuyentes y acaba perdiendo el "más o menos el 50%" de los casos. En concreto, obtiene resultados en contra el 40% de veces en la vía económica administrativa y otro 30% cuando se llega a juicio. Más allá, algunas administraciones regionales pierden el 84% de las causas. 

"Son datos impresentables", ha dicho Gómez Taboada, "que dan fe de una actuación administrativa más que cuestionable" y que mantiene colapsados los juzgados puesto que las actuaciones oficiales se presumen legítimas, por ley, hasta que la justicia diga lo contrario.

Ante esta situación, desde Aedaf proponen la creación de juzgados especializados en materia tributaria que ayuden a digerir la amplia carga de asuntos fiscales que abordan unos tribunales sobrepasados y, a menudo, sin formación específica en la materia.

"La justicia lenta no es justicia", ha defendido José Ignacio Alemany, presidente de Aedaf, que recalca que los juzgados exclusivos para causas fiscales son comunes en otros países del entorno. La asociación también reclama la creación de un organismo independiente en materia fiscal.

Más allá, los asesores fiscales apoyan la tesis del nuevo presidente de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón, de que este cargo debe desligarse de los Gobiernos para garantizar su independencia ante los cambios de signo en el Ejecutivo. 

La constitucionalidad de los pagos fraccionados

Durante el encuentro, los miembros de la Aedaf han analizado también la posible inconstitucionalidad del sistema de pagos fraccionados puesto en marcha por el Gobierno de Mariano Rajoy y que la Audiencia Nacional ha decidido ahora elevar al Tribunal Constitucional.

Los asesores fiscales explican que, de un lado, el problema está en que el establecimiento de esta especie de retenciones sobre los beneficios de las compañías se introdujo mediante decreto ley, cuando una modificación sustancial de un tributo debía hacerse mediante la tramitación de una ley, al menos a posteriori.

De otra parte, asumen que hay espacio para que las firmas afectadas presenten demandas por responsabilidad patrimonial del Estado si el Constitucional anula esta norma, dado el perjuicio financiero sufrido al tener que adelantar el pago del impuesto sin que se tengan en cuenta su capacidad económica real o las deducciones y beneficios fiscales a los que tienen derecho.

El problema se concentraría sobre el pago de impuestos de los años 2016 a 2018 incluido, a falta de ver si sale adelante el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2019, que sí recoge debidamente un nuevo alza en los pagos fraccionados que normalizaría la situación.

Riesgo de doble imposición con la reforma fiscal

Más allá de sus propuestas en materia de seguridad jurídica en materia tributaria, los miembros de la Asociación Española De Asesores Fiscales (Aedaf), han aprovechado el encuentro con la prensa para analizar el paquete de reformas tributarias planteada por el Gobierno de Pedro Sánchez.

“Para nosotros no es una reforma fiscal”, ha subrayado el presidente de la asociación, José Ignacio Alemany, argumentando que “desde el punto de vista técnico” no tiene lógica y se limita a modificar algunos matices de varios impuestos “con el único ánimo de recaudar”.

“Nuestra opinión técnica es similar a la del Banco de España y la Airef”, ha dicho, en relación a las dudas planteadas por estos organismos, y Bruselas, en cuanto a la capacidad del Gobierno para conseguir la recaudación que han anunciado o sus posibilidades de reducir el déficit hasta el umbral comprometido.

“Son estimaciones de recaudación y crecimiento económico difíciles de que se cumplan”, ha dicho Alemany, que además ve riesgo de que la reducción del 100% al 95% de la deducción por los dividendos de filiales en el extranjero provoque una doble imposición.

La Aedaf también considera complicado que Hacienda logre obtener los 2.050 millones que se ha marcado con los nuevos impuestos sobre la compraventa de acciones (tasa Tobin) y el gravamen a la actividad digital (tasa Google), dada la falta de referentes y la reducción del volumen de operaciones que provocarán.