La ampliación de la vida de las nucleares elimina el peligro de déficit de Enresa

Con una media de 45 años de vida por central, la tasa para el desmantelamiento podría recaudar 3.000 millones.

El acuerdo a cuatro bandas apalabrado este lunes entre la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y los máximos ejecutivos de las tres grandes eléctricas (Endesa, Iberdrola y Naturgy) sobre el cierre ordenado del parque nuclear español entre 2025 y 2035 garantiza la sostenibilidad económica del fondo de Enresa destinado al desmantelamiento de las centrales, que habría sido insuficiente de haberse decretado el cierre de las plantas a los 40 años, coincidiendo con el el fin de la vida útil o de diseño.

Frente a las posiciones extremas de los dos grandes grupos del sector, Endesa (partidaria del funcionamiento de las instalaciones a 50 años) y la de Iberdrola (no más de 40), el pacto establece que todas ellas cerrarán después de los 40 y siempre antes de los 50 años. Calculando que funcionen una media de 45 años y que el parque atómico produce anualmente casi 60.000 GWh (un 22% del total de la generación eléctrica), las empresas consideran que la actual tasa para el desmantelamiento (6,64 euros/MWh) proporcionará los fondos suficientes para el desmantelamiento futuro de las instalaciones, unos 3.000 millones de euros: 2.000 millones en los cinco años añadidos en que funcionarán todas y otros 1.000 millones en los cinco restantes en que funcionen la mitad, hasta el apagón definitivo.

En el peor de los escenarios, aunque los cálculos corresponderán a Enresa, “quizás habría que subirla en un euro/MWh”, señalan fuentes del sector. Una de las condiciones del ministerio es que cualquier acuerdo debía tener en cuenta “la capacidad técnica y económica del sistema para el desmantelamiento simultáneo de varias centrales”.

Según los últimos datos oficiales de Enresa, el fondo para el desmantelamiento de las nucleares rondaba los 5.000 millones de euros: 4.350 millones correspondientes a la citada tasa a la producción y casi 600 millones recaudados en los peajes eléctricos (0,001%).

En el cómputo de la vida útil o de diseño se eliminan los periodos de recarga anuales, por lo que aquella se amplía en casi dos años

Según los cálculos más pesimistas, manteniendo la actual tasa de 6,64 euros y cerrando el parque a los 40 años habrían faltado en el fondo 3.000 millones de euros, lo que habría hecho necesario duplicar dicha tasa desde ahora. En estas cantidades no se incluye el coste del almacén temporal centralizado (ATC) de residuos radiactivos, que, según distintas fuentes, también forma parte del acuerdo aunque no ha trascendido.

En cualquier caso, Endesa, partidaria de un plazo más dilatado de funcionamiento, ha pedido que no haya un solo fondo (o caja negra, como se le conoce en el sector) para el desmantelamiento de todo el parque, sino fondos individuales. Esto es, que “cada palo aguante su vela” y que las aportaciones de cada eléctrica se destinen al desmantelamiento de sus propias centrales. Una medida que requeriría un cambio de la ley.

Hay quien se pregunta cómo es posible que Iberdrola y Naturgy, que se negaban en rotundo a la prórroga de la explotación de Almaraz más allá de cuatro años para evitar las inversiones que impondría el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) hayan aceptado de buen grado el acuerdo. El truco es que de la vida útil de las plantas se van a descontar los periodos de recarga (un mes y medio cada año) en los que aquellas están paradas.

Un cómputo que reclamaba Iberdrola, para lo que alegaba que en otros países la vida útil se mide por horas de funcionamiento y no por años, y que el ministerio ha aceptado. De esta manera, de forma automática en casi dos años, hasta casi los 42. Una cuestión relevante de cara a las exigencias del CSN.

Respecto al cambio normativo para eliminar la obligación que tienen los socios de las centrales nucleares, por estar constituidas en agrupaciones de interés económico (AIE), de adoptar cualquier decisión por unanimidad, el ministerio aplicará el cambio incluyendo una excepción en el Reglamento de Instalaciones Nucleares. Fuentes jurídicas opinan que no puede hacerse de otra manera, pues las AIE son comunidades de bienes, en este caso de las actividades empresariales, y están reguladas en el Código Civil y no se pueden modificar con carácter general.

En su día, el Gobierno de Rodríguez Zapatero intentó una reforma para convertir a las centrales nucleares en sociedades mercantiles. El objetivo era que en cada una figurase un responsable que diese la cara ante cualquier eventualidad. Iberdrola se negó ante la pretensión de Naturgy (entonces Gas Natural Fenosa) de hacerse con el control de Trillo (en la que la primera tiene el 48% y la segunda, el 34,5%) a cambio de “cederle” su 11% en Almaraz.

Cuando se aplique este cambio, las decisiones se adoptarán por mayoría simple. Esto se traducirá, sin necesidad de ningún intercambio de activos, en que Ibedrola controlará las tres plantas en las que tiene mayoría (Almaraz I y II y Cofrentes), las más longevas, y Endesa otras tres (Ascó I y II y Vandellós II), las más jóvenes. En el caso de Trillo, donde ninguna alcanza el 50%, Naturgy hará valer su opinión, aunque, como ha quedado patente en el caso de Almaraz, coincide con Iberdrola.

Una medalla compartida

El acuerdo sobre el futuro del parque nuclear ha sido considerado un triunfo de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que ha sido capaz de poner de acuerdo a unas empresas tradicionalmente díscolas. Con todo, el mérito también es atribuible a las compañías que, a la vista del bloqueo en el que se encontraban respecto a Almaraz, venían pidiendo la interemediación del ministerio, al que han facilitado algunas de las soluciones.

El calendario, que difícilmente podrá cambiar ningún futuro Gobierno, según opinan en el sector, ya que tiene el sello de las empresas titulares del parque y está ligado a la consecución de fondos para el desmantelamiento del que se ocupará la pública Enresa.

Aunque las plantas funcionarán más años de los que querían Iberdrola y Naturgy y menos de los que reclamaba Endesa, el acuerdo elimina las incertidumbres sobre el parque español y permite a las empresas destinar parte de las inversiones que se van a ahorrar a nuevos proyectos de renovables.

En el caso de Iberdrola y Naturgy, además, irán dando salida a sus centrales de ciclo combinado, cuya producción languidece desde que comenzó la crisis económica por la caída de la demanda.