Tasa digital: pioneros en nada bueno

El impuesto distorsionará el mercado y acabará gravando a empresas con pérdidas

El logo de Google en las oficinas de California, EE UU.
El logo de Google en las oficinas de California, EE UU. REUTERS

La falta de consenso a nivel europeo sobre la tasa digital, según se dedujo de la reunión del Ecofin de principios de diciembre –calificada por muchos de “fracaso”–, es una evidencia más de que el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales planteado por el Gobierno español puede traer más inconvenientes que ventajas.

No obstante, a pesar de la oposición en bloque de Irlanda, Finlandia, Suecia y Dinamarca, y de la postura conjunta descafeinada de Alemania y Francia, que plantearon in extremis gravar solo el negocio de la publicidad online a partir de 2021, aunque este último país plantea ahora una propuesta unilateral ambiciosa, la tasa digital, previsiblemente, saldrá adelante en España a principios de 2019.

De ser así, el Gobierno español estaría actuando unilateralmente, sin que exista un consenso internacional entre países, ni a nivel europeo, sobre un asunto de gran calado que afectaría de forma negativa a la economía mundial. Desde nuestra asociación nos reafirmamos en la necesidad de contar con el consenso internacional para adecuar el mercado a la era digital en materia impositiva, especialmente teniendo en cuenta el carácter global del ámbito digital.

Las soluciones a los retos económicos actuales en el ámbito digital se deben realizar en un debate a nivel internacional sobre cómo desarrollar un sistema impositivo global moderno, justo y eficiente. En este sentido, es importante poner sobre la mesa que la correcta fiscalización de los ingresos digitales, requiere de medidas globales homogéneas y coordinadas en el seno de la OCDE para minimizar las ineficiencias y los efectos distorsionadores no deseados sobre el mercado.

No obstante, este impuesto se trasladará al resto de sectores empresariales y consumidores, con el consiguiente incremento en el precio de los productos y servicios digitales y, por tanto, traerá consecuencias negativas para la economía española, afectando negativamente al crecimiento, competitividad e innovación. La transformación digital de la industria es vital para aumentar la productividad y, por consiguiente, la capacidad para mejorar el nivel de vida. En este sentido, el crecimiento del índice de digitalización de un país está relacionado con el incremento del PIB y el aumento de la tasa de empleo. Pensando a largo plazo, la ralentización del proceso de digitalización de las empresas, consecuencia de la aplicación de este gravamen del 3% sobre compañías que facturen más de 750 millones de euros en todo el mundo y al menos tres millones en España, restaría productividad a la economía española, haciéndola menos innovadora, menos emprendedora y, en definitiva, menos competitiva a nivel global.

A pesar de que el Gobierno espere recaudar con este impuesto 1.200 millones de euros, el objetivo recaudatorio no compensará los efectos negativos para la economía española. Además, es importante tener en cuenta que los costes de inspección y control de un impuesto de estas características serán muy elevados.

Con el objetivo de cuantificar el impacto del impuesto en España, PwC está elaborando, a petición de nuestra asociación y Adigital, un estudio. Las conclusiones, que se presentarán a principios de este año, previsiblemente pondrán de manifiesto la pérdida de competitividad de la economía española y el frenazo a la inversión que implicará la tasa digital.

Una consecuencia, de la que poco o nada se ha hablado hasta el momento, es que la mayor parte del coste de este impuesto será soportado por las pequeñas y medianas empresas que usan las plataformas digitales y por el consumidor, se estima que estas empresas experimentarán una reducción en sus beneficios de entre 450 y 562 millones de euros por el incremento de los costes y la caída de las ventas, según el Estudio de PwC comentado.

Esto traería consigo un incremento del coste de venta y de publicidad online, reduciendo su margen y capacidad de comunicación con los clientes. Asimismo, las ventas se reducirían, en el caso de traspasar el coste al precio, y se perdería productividad y competitividad. El nivel de digitalización mermaría, tras la ventaja del canal offline frente al online, y se crearía una situación de desventaja de los exportadores españoles frente a los extranjeros. El consumidor final, por su parte, vería reducido su bienestar debido al incremento en el coste de los productos por este impuesto, por lo que con bastante probabilidad, el consumidor optará por acudir a productos y servicios no sujetos al impuesto. Esto dificultará el crecimiento de las pymes y start-ups 100% digitales que ofrecen productos y servicios.

Asimismo, se trata de un impuesto, que hará que España se perciba como un lugar incierto y costoso para hacer negocios, desalentando la inversión en nuevas empresas españolas. El parón en el proceso de digitalización de la economía española generará un entorno menos propicio para el desarrollo tecnológico de empresas y startups. Todo ello, redundará en menor productividad e innovación y, por tanto, menor crecimiento económico. Siendo la digitalización clave para el crecimiento de las pymes, ésta está ligada al crecimiento económico y la inversión en I+D.

Consideramos que la propuesta española para un Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales distorsiona fuertemente el mercado, señalando un nicho muy estrecho de empresas a las que se aplica. Con ello, provocaría efectos regresivos y terminaría gravando a empresas con pérdidas. Este efecto distorsionador se vuelve difícil de entender, además, porque penaliza modelos de negocio innovadores, uno de los pilares estratégicos sobre los que debe fundamentarse el crecimiento de la economía. Esta es una realidad que nadie discute en este momento.

María Teresa Gómez Condado es la Directora general de AMETIC

Normas