Banca

Dos grandes fondos denuncian de nuevo a la JUR por la resolución de Popular

Presentan un demanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)

Dos grandes fondos denuncian de nuevo a la JUR por la resolución de Popular

Los grandes fondos  Algebris y Anchorage, que sufrieron pérdidas junto a Pimco con la resolución del Banco Popular de más de 800 millones de euros, han presentado una nueva demanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) contra la Junta Unica de Resolución (JUR), la agencia comunitaria que ordenó la operación.

Los demandantes recurren la decisión de la JUR de no realizar valoraciones definitivas del Banco Popular conforme a lo establecido en el reglamento de la agencia.

Estos alegan, en particular, que la JUR erró al considerar que estas valoraciones no son necesarias y que viola las normas europeas al no explicar las razones de esta decisión.

En junio de 2016, la JUR ordenó la resolución del Banco Popular -la primera en la historia de esta agencia europea- después de que el Banco Central Europeo (BCE) considerase que la entidad era inviable o estaba en vías de serlo, una operación que se saldó con su venta al Banco Santander por un euro y la amortización a cero de las acciones y deuda subordinada del banco.

Para tomar la decisión, la JUR se basó en informes de valoración elaborados por sus propios servicios y por la consultora Deloitte que determinaron que el Banco Popular tenía un valor negativo de entre 2.000 y 8.200 millones de euros.

Según el reglamento comunitario relativo a la JUR al que se aferran los demandantes, cuando estas valoraciones sean consideradas provisionales, la agencia deberá proceder a realizar lo más pronto posible valoraciones posteriores definitivas.

Los fondos demandantes subrayan que estas valoraciones, en particular la realizada por Deloitte, fueron provisionales y que una valoración posterior definitiva habría resultado "muy probablemente en una estimación sustancialmente mayor" del valor del banco, que justificaría reintegros a los afectados y un aumento de la cantidad pagada por el Santander.

Algebris y Anchorage ya recurrieron ante la Corte comunitaria en agosto de 2017 la decisión de poner el banco bajo resolución y son parte en varias causas penales y civiles abiertas por este motivo en los tribunales españoles.

La demanda de estos bonistas se suma a las recientes alegaciones que presentó la familia chilena Luksic, titular del 3,45% de Popular antes de su resolución, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en las que reclaman los informes de inspección de Banco de España de los últimos años. Insisten en que el informe de Deloitte no fue independiente y Santander compró el banco fuera de plazo.

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