Un segundo referéndum para cortar el nudo gordiano del Brexit

Otra consulta democrática podría ser la solución menos mala y más honesta políticamente

El Tribunal de Luxemburgo dio ayer otra vuelta de tuerca al complejo, tenso y casi estrangulado conflicto del Brexit, que se cierne como una pesada losa sobre Reino Unido y Europa. La jurisprudencia europea declaró que el ya célebre artículo 50 del Tratado de la UE da la opción a Londres de revocar de forma unilateral su decisión de salir de la UE y le permite quedarse en la Unión sin represalias. El fallo del tribunal delimita esa potestad, que Reino Unido solo puede ejercer durante los dos años de negociación del acuerdo, que culminan en marzo de 2019, y que requiere ser adoptada siguiendo los procedimientos democráticos del país y ser comunicada al Consejo Europeo. Luxemburgo argumenta que sería contrario al espíritu de los Tratados europeos, los cuales abogan por unir a los pueblos de Europa, forzar a uno de ellos a retirarse de la Unión sin posibilidad de rectificación solo por haber solicitado la salida, además de ser contrario a la soberanía del propio Estado.

La decisión de la justicia europea desbarató ayer muy oportunamente la jornada de una Theresa May que se disponía a afrontar en el Parlamento británico la votación de su acuerdo con Europa, un trago del que contaba con grandes probabilidades de salir malparada. La premier británica, que optó finalmente por retrasar la votación, se debate en un intento de desenredar un ovillo del que no es fácil salir indemne y para el que no parece haber solución buena. Pese a los intentos de la primera ministra de defender su acuerdo con Bruselas como el mejor posible para Reino Unido, May se enfrenta a hordas de descontentos que no están solo en las filas euroescépticas, sino en las de su propio partido y hasta en su propio gabinete, del que han desertado ya varios ministros. Los cálculos de las principales instituciones del país sobre la posible factura del Brexit no incluyen el coste cero en ningún caso y llegan hasta un 10% del PIB en el escenario de una salida sin acuerdo.

Aunque Theresa May ha advertido ya varias veces sobre los hipotéticos males de un segundo referéndum, esa posibilidad ha dejado en los últimos días de ser un tabú político, más aún cuando la justicia europea avala la revocación unilateral y el pueblo británico conoce ya las condiciones que Bruselas impone a la salida. Con una opinión pública convertida en una olla a presión y la factura, no cuantificada pero creciente, de la incertidumbre, el desgaste y la inseguridad jurídica, una consulta democrática podría ser la solución menos mala y más honesta políticamente para cortar este endemoniado nudo gordiano.