La movilidad sostenible no depende solo del fin del diésel

Una reforma para modernizar el transporte público ayudaría a reducir los usuarios de automóvil en ciudad

Retenciones en la A-3, Madrid.
Retenciones en la A-3, Madrid. EFE

Lo de movilidad sostenible corre el riesgo de que le suceda lo mismo que en transformación digital, es decir, que pierda su sentido. Son tan manidas y se usan tantas veces de manera errónea que se acaba diluyendo y hasta adulterando su significado. Recientemente, los Ministerios de Transición Ecológica y de Industria constituyeron una mesa estratégica con las asociaciones de automoción (Anfac, Faconauto, Ganvam, Aniacam y Sernauto) más los sindicatos, con el objetivo de alcanzar un acuerdo para una movilidad sostenible y eficiente y adaptar la importante industria automovilística española a los nuevos retos. Nada que objetar a lo segundo, pero hablar de movilidad sostenible y convocar a las asociaciones de automoción nos deja una fotografía incompleta y desenfocada. Así es como “movilidad sostenible” pierde todo su sentido.

Es una fotografía incompleta porque movilidad no es sólo coche, también es transporte público, andar o ir en bicicleta. Y si añadimos la etiqueta “sostenible” con más motivo, pero el transporte público no está invitado. Todavía hay quien sigue pensando que lograr una movilidad sostenible es pasar de diésel o gasolina a eléctrico. Y nada más lejos de la realidad.

Con estas iniciativas, el mensaje que lanzamos a la sociedad es que queremos que siga habiendo 26 millones de turismos y vehículos ligeros, pero que, en vez de ser gasolina o diésel, sean eléctricos. Y de este modo se contribuye a que el concepto de movilidad se convierta en feudo de sector del automóvil cuando aquí de lo que se trata es de cambiar la manera de movernos porque tenemos un problema ambiental y social enorme.

Si queremos entornos urbanos y metropolitanos saludables, dudo que podamos permitirnos 26 millones de vehículos en circulación. Lo que tendría más sentido es que los ministerios organizaran una mesa estratégica con todos los actores de la movilidad pensando en el bienestar y salud del ciudadano. Y esto pasa por reducir el número de coches privados y, a su vez, apostar decididamente por la alternativa que es el sistema de transporte público colectivo y compartido donde entren todos los actores relacionados con la movilidad tengan una, dos, tres o cuatro ruedas.

Las decisiones políticas deben tener como foco el ciudadano, pero ante este maremágnum de medidas, algunas parecen haber sido tomadas por impulso. Cabe preguntarse si están pensando en el ciudadano pues saltan dos cuestiones que el Gobierno debería tener en cuenta: cómo acabar de manera ágil y eficaz con el problema de la movilidad contaminante y de la congestión.

Sobre resolver la movilidad contaminante, si la mesa estratégica se plantea ayudar a la industria a su transición, el Gobierno ha planteado la idea, no exenta de polémica, de prohibir matricular diésel, gasolina e híbridos a partir de 2040 y su circulación desde 2050. Una solución que tardaría 30 años en hacer efecto. Parece lógico pensar que la industria de automoción necesite un tiempo para adaptarse, pero pedir a los españoles que se esperen tres décadas para estar sanos es demasiado. El problema es ahora.

No creo que haya que esperar tanto cuando tenemos un sistema de transporte público moderno y eficiente, que necesitaría simplemente el impulso del Gobierno para que alcance la dimensión necesaria para absorber los nuevos usuarios procedentes del coche y no poner en jaque su capacidad. Tenemos el remedio delante de “nuestras narices”.

Pero para que el remedio sea efectivo hay que regular y asegurar una financiación estable para el transporte público, ya que somos el único país de Europa que no tiene una ley que sirva para tales fines. No se trata de pedir más recursos sino de ordenarlos y gestionarlos adecuadamente. Este sería el primer paso para que en España se considere el transporte púbico urbano una cuestión de interés nacional. Cuando logremos esa implicación y esta ley podremos ser capaces de absorber los nuevos usuarios. La gestión es competencia de los Ayuntamientos, pero el cambio climático es de interés nacional y, por tanto, su solución también debe serlo. Y es una solución a corto plazo, no “la hipoteca” a 30 años que ahora quieren vendernos.

En cuanto a la congestión, parece que este problema no existe para la mesa de movilidad. El caso es que los atascos cuestan a los españoles 5.500 millones de euros, paradójicamente lo mismo que cuesta anualmente el sistema de transporte público. Quizás un atasco kilométrico de coches eléctricos ya no sea un problema de salud medioambiental, pero seguirá siendo un problema social y económico. E irá a más con el aumento exponencial de la población urbana. Aunque la población española descienda en los próximos 15 años, los habitantes en las grandes ciudades aumentarán.

El Ministerio de Transición Ecológica, junto con el de Industria y Fomento, deberían por tanto crear en el corto plazo una mesa estratégica de verdadera movilidad sostenible real y plural donde el apellido no sea solo “auto”. Las mesas y observatorios resultan muy socorridos cuando no se sabe bien qué hacer, en este caso, con la movilidad urbana y metropolitana pero pueden derivar en un efecto más de cosmética que de calado. Esto no es un problema de la industria o de la distribución, es un problema de salud, bienestar y calidad de vida de millones de ciudadanos.

Jesús Herrero es Secretario general de la Asociación de Transportes Públicos Urbanos y Metropolitanos (ATUC)

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