Por qué volar a Canarias puede costar más desde Madrid que desde Londres
La explicación no está en el descuento al residente, sino en la ley de oferta y demanda
Recientemente se publicaba en estas mismas páginas un artículo de opinión acerca del incremento de la subvención en el descuento para residentes del 50% al 75%. Según el citado artículo, era esta medida la que explicaba “por qué volar a Canarias cuesta lo que a Nueva York”, en un efectista título del mismo. A la polémica se unía una conocida asociación de hoteleros canarios que, además de lanzar la sospecha, sin pruebas, de que las aerolíneas podríamos estar ofreciendo un precio inicial distinto según se trate de un residente o un no residente –algo flagrantemente ilegal según el Reglamento (CE) 1008/2008–, mostraban su sorpresa porque un billete entre Madrid y Canarias pudiese ser más caro que uno desde Londres, dado que la distancia era mayor en este segundo caso.
El argumento de que el precio debe guardar relación con la distancia volada viene a reflejar la idea de que los precios tendrían necesariamente que ser proporcionales a los costes. Sin entrar en debates acerca de que la distancia volada no es, ni mucho menos, el único factor que determina los costes de una aerolínea, no deja de asombrar que sean precisamente representantes de la industria hotelera quienes lo defiendan, ya que, utilizando la misma lógica, una habitación de hotel debería tener el mismo precio todos los días del año, al ser su coste invariable, en vez de subir de precio en las fechas de más demanda, como es el caso.
Volviendo al artículo, se utilizaba un ejemplo simplificado en el que, suponiendo que la disponibilidad a pagar de un residente fuese de 200 euros para un billete de ida y vuelta, se sugería que lo que estamos haciendo las compañías aéreas es multiplicar por cuatro el precio, hasta los 800 euros, de forma que el residente sigue pagando 200 euros, el 25% del total, quedando los sufridos no residentes destinados a pagar los 800 euros íntegros. Conclusión: “el descuento de residente no beneficia en su totalidad a los residentes, expulsa a los turistas y empresarios peninsulares y perjudica el turismo en las islas menores”.
Lo que falla en dicho argumento es que, de ser así, la demanda del residente se habría mantenido invariable, al no haber experimentado ningún cambio en el precio; pero la del no residente tendría que haberse desplomado, debido a la inexorable ley de la oferta y la demanda. Teniendo en cuenta que, de media, los no residentes representan alrededor del 60% del total de los pasajeros que vuelan entre la Península y Canarias, de ser cierto el argumento, el tráfico habría bajado, y mucho. La realidad, que es muy tozuda, nos demuestra que ha sucedido precisamente lo contrario: en los tres meses desde que se ha aprobado la medida, el número de pasajeros se ha incrementado un 10.3% frente al periodo equivalente del año anterior.
También se decía allí que el precio medio de un billete de ida y vuelta entre la Península y Canarias se sitúa entre 226 y 484 euros, llegando hasta los 700 euros en Semana Santa y Navidad. Desconocemos la fuente de información utilizada, pero, tras darle muchas vueltas, solo podemos elucubrar que a lo mejor se está refiriendo a los precios que había en 1997, cuando un billete de ida y vuelta Madrid-Las Palmas tenía una tarifa turista normal de 48.600 pesetas (462 euros a precios actuales). Porque si buscamos ahora mismo en internet un billete para la Semana Santa próxima, lo podemos obtener desde 172 euros ida y vuelta, lo que para un residente se quedaría en 64 euros. El lector más avispado se habrá dado cuenta de que esta última cifra no es exactamente el 25% de la primera, y habrá pensado: ¡ya hemos pillado a las aerolíneas haciendo trampas!
Lamentablemente, no es así, ya que la diferencia entre una y otra es precisamente el total de las tarifas aeroportuarias y de seguridad que, siguiendo el marco legal, no están incluidas en el cálculo del descuento, sino que se pagan en su totalidad, algo que también es desconocido por una parte la opinión pública.
En definitiva, no nos corresponde a las compañías aéreas el determinar cuál es el marco regulatorio más adecuado para estructurar la subvención que los residentes deben disfrutar, ya que eso entra en la relación entre Estado y Ciudadanía. El marco actual, establecido en los años setenta, en un entorno competitivo y social muy distinto al actual, nos impone una serie de obligaciones en cuanto a los costes de gestionar el sistema, los gastos financieros del retraso –de algunos meses– en recibir la devolución del importe subvencionado, así como la problemática añadida a resolver las múltiples incidencias generadas por un sistema pensado en una época en que había una única tarifa, pública, que incluía muchos elementos que hoy en día son opcionales; costes que son asumidos enteramente por las aerolíneas.
Si bien en medio de la temporada de verano no fue posible aumentar la capacidad por encima de la ya programada, la buena noticia, de cara a esta temporada de invierno que acaba de comenzar, es que el número de asientos ofertados en estas rutas se ha incrementado un 11% frente al anterior, lo que contribuirá a que los precios sean todavía más competitivos.
Lo que es indudable es que, desde las compañías aéreas seguiremos trabajando para que volar entre las Canarias y la Península siga siendo cada vez más asequible para un número mayor de consumidores, tanto residentes como no residentes, aunque, a veces, pueda ser más caro que hacerlo desde Londres, por los motivos que hemos expuesto.
Javier Gándara Martínez es Presidente de ALA (Asociación de Líneas Aéreas)