Una solución económica y ética para el parque nuclear
Prorrogar la vida de las centrales puede ser útil y rentable para la descarbonización de la economía
El asunto del abastecimiento energético y sus repercusiones sobre el devenir del clima ocupa mucho espacio en todos los medios de comunicación. Preocupa, aunque tangencialmente, en los primeros actos de la permanente campaña electoral hasta las próximas elecciones.
Los últimos datos sobre el incremento de emisiones de gases de efecto invernadero en España en 2017, un 2,6% más, no son nada prometedores de cara a la descarbonización de nuestra economía. Es fundamental que toda la población estemos bien informados de cara a conocer el problema real, sus repercusiones en nuestro medio natural y las soluciones, precauciones y actitudes que al respecto se pueden tomar en el futuro y cómo debemos juzgarlas.
Cualquier política energética plurianual es un programa de optimización de medios con que abastecernos de energía cada año, que minimice los costes para los usuarios, las emisiones contaminantes —límites pactados en la UE—, y el impacto sobre la salud de las personas y el medio natural. También que trate de mejorar la competitividad de nuestras empresas, potenciar la creación de empleo y mejorar el balance comercial.
El sistema energético mundial es el resultado de más de un siglo de elecciones de los consumidores, proveedores y gobiernos. Las sociedades actuales exigen un abastecimiento de energía que sea asequible en coste, seguro, con amplia disponibilidad de productos y tendente a su descarbonización a medio plazo de cara a influir lo menos posible en la evolución del cambio climático pues es una de las mayores fuentes de emisiones. Los combustibles fósiles son el 80% del mix energético mundial —en España casi el 75% de energía primaria—. El petróleo, más del 50% del consumo final.
Entre los costes del abastecimiento están los ambientales de las fuentes energéticas —gas, carbón, biomasa, uranio, combustibles líquidos, etc.—: emisiones (CO2, partículas, NOx, SOx), procesado de los desechos (nucleares y otros). También los riesgos radiactivos.
Desde el imperativo moral de priorizar un menor coste para todos y poco impacto en el clima y medio natural, en lo que respecta a la energía eléctrica, parece evidente que su producción nuclear no se vislumbra en las próximas décadas como una alternativa aceptable para iniciar nuevos desarrollos para producir más energía. Y ello —como ratifica su contribución marginal a escala mundial de sólo el 10% en producción de electricidad—, por los enormes costes de su desarrollo, y nada triviales de desmantelamiento, por los múltiples riesgos geopolíticos de abastecimiento de combustible, de tratamiento de residuos, de aceptación social, de proliferación de armas atómicas, etc.
El pragmatismo de conseguir en el horizonte 2050 un abastecimiento energético idóneo nos debería obligar a tener muy presente el papel de las instalaciones nucleares y su industria —7.405 MW de potencia eléctrica y más de 30.000 empleos—, y reevaluar cómo su concurso puede contribuir a apalancar la introducción escalonada de nueva capacidad productiva de energías renovables. Su concurso, casi libre de emisiones, es un complemento/soporte ideal de aquellas durante unos lustros hasta alcanzar sus altos porcentajes de penetración y madurez operativa que necesitamos.
En un contexto europeo, la energía nuclear no debería ser un problema/obstáculo para la transformación energética que se necesita, como aquí se difunde, sino parte de su consecución.
Unos sencillos datos económicos nos dicen que, si el hueco que dejarán los próximos años en la curva de oferta eléctrica española los 57 MM de MWh anuales que las centrales nucleares producen hay que rellenarlo con renovables con garantía, habrá que instalar progresivamente unos 26.000 MW de potencia eólica adicional equivalente. Esto supondría al menos entre 31.000 y 65.000 MM de euros de inversión. También habría que sustituir las centrales de carbón y algunas de gas, por lo que la cifra se multiplica notablemente. El ejemplo de un proceso similar en Alemania ha llevado a un aumento brutal de costes y emisiones, al sustituir la nuclear por carbón y gas, con los perjuicios que ello acarrea para la salud de las personas —más de 390.000 muertes prematuras en Europa— y la naturaleza.
Nuestras centrales nucleares, además de estar casi exentas de emisiones de gases de efecto invernadero —12 gCO2/kWh en todo el ciclo de vida—, por su empaque y características técnicas, proporcionan al sistema eléctrico inercia mecánica, capacidad firme de potencia durante muchos meses sin indisponibilidades, capacidad de aportación y regulación de servicios indispensables para la red eléctrica, y un ahorro de entre 25 MM y 45 MM de toneladas de CO2 que otros combustibles fósiles emitirían.
Según las cifras de operación a escala internacional, el MWh producido por una central nuclear como las nuestras tiene un coste medio, teniendo en cuenta amortizaciones pendientes, entre 19€ y 36€, —el precio del MWh en el mercado eléctrico está entre 65 y 75€—. Seguir contando con estas instalaciones todos los años que económicamente y por cuestiones de seguridad sea factible, más allá de su vida de diseño, puede ser extremadamente rentable —como pone de manifiesto el Informe de la Comisión de Expertos— para la economía y descarbonización de la economía, para la resiliencia del sistema y para los objetivos que venimos indicando.
Considerando un horizonte de apagón nuclear total antes del 2050, en aras de la máxima eficiencia económica y ambiental hasta llegar a él, un escenario a considerar sería, al vencimiento de la vida de diseño de cada grupo nuclear actualmente en funcionamiento, prolongar de su vida útil de 10 en 10 años, de tal modo que, si se concluye pertinente económica, ambientalmente continuidad, y fuese seguro hacerlo, la producción correspondiente se sacase del mercado eléctrico y pasase a engrosase una bolsa de energía eléctrica que, mediante contratos bilaterales, a un precio que fijase la CNMC, se pudiese adjudicar a industrias o consumidores, industriales o no, de objetivo estratégico para la economía de España —parecido al dispositivo ARENH de Francia. La propiedad de esos grupos, si jurídicamente plantease un problema, podría pasarse a alguna entidad tutelada por el Estado o subastarse mediante concurso público.
El cierre y desmantelamiento de las centrales nucleares europeas, y su repercusión en emisiones y abastecimiento, es un asunto estratégico trasnacional muy importante, y un gran negocio, para el que convendría estudiar su desenvolvimiento en ese marco. La democracia está en crisis cuando los partidos políticos no dicen a los ciudadanos cómo planificar su futuro, dando a la política del desprecio la oportunidad de jugar con sus intereses y temores.
José Luis de la Fuente O’Connor es exvocal de la Comisión de Expertos sobre Escenarios de la Transición Energética del Gobierno de España