Teresa Ribera: “Las tarifas de la luz y el gas las fijará desde enero la CNMC y no el Gobierno”

El ministerio prepara con Hacienda una reforma fiscal para el sector eléctrico

Dosificará el desmantelamiento de centrales nucleares

Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica.
Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica.

En apenas seis meses, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera (Madrid, 1969), ha sacado adelante un real decreto ley de medidas urgentes para paliar las subidas de los precios eléctricos, desarrollar el bono social o eliminar el llamado impuesto al sol. La jurista, que fue secretaria de Estado de Cambio Climático con el Gobierno de Rodríguez Zapatero y, a partir de 2014, directora del Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales, con sede en París, ha elaborado también un primer borrador de lo que será la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Este se concretará en el Plan de Energía y Clima que su ministerio remitirá a Bruselas antes de fin de año. Además, ha restituido la potestad de la CNMC, que le hurtó el Ejecutivo del PP, de fijar las tarifas reguladas de la luz y el gas natural, con las que el supervisor se estrenará en enero.   

Pregunta: Su ministerio ha dado a conocer el anteproyecto de Ley de Cambio Climático. El texto resulta muy sumario, inconcreto, con medidas muy a largo plazo, como la prohibición de vender vehículos de motor de combustión a partir de 2024.

Respuesta: En lo relativo al clima hay un enfoque que no es muy habitual en técnica legislativa ordinaria y es, básicamente, fijar la obligación que debe informar toda la acción transversal de los actores públicos y privados. Si planteamos prohibiciones, limitaciones u obligaciones en el cortísimo plazo se puede perder la perspectiva o meter la pata porque siempre vas a tener presiones. Fijar un plazo te permite construir una senda sin desviaciones. Sé que esto resulta chocante y lo hemos visto en la discusión, absurda a mi juicio, sobre las limitaciones a los vehículos sin cero emisiones o por qué introducir ahora obligaciones de reducción de 2030 o a 2050. Decir lo que toca para mañana genera más confusión y perdemos la perspectiva. Además, planteamos un calendario viable que, aunque exigente, genere oportunidades. La senda de 2030 supondrá una reducción significativa trabajando en lo que está más maduro: el sector eléctrico o la movilidad. No podemos llegar más allá.

P: ¿Esa inconcreción se resolverá con el plan que enviará a Bruselas en diciembre?

R: Sí. La norma marco se completa con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y la Estrategia de Transición Justa. Tenemos que ajustar algunas cuestiones, por ejemplo, sobre la prohibición de subvencionar los combustibles fósiles; en el caso del transporte de mercancías en camiones habrá que acompañar el paso de la gasolina a gas, porque no hay mucha alternativa. También habrá que modular el diésel profesional de agricultores y pescadores.

P: ¿Qué medidas incluye el plan?

R: Serán propuestas de mucho calado, con un nivel de detalle importantísimo en cuestiones de I+D, de fiscalidad, la planificación de infraestructuras o las prospectivas de precios de los combustibles fósiles. El sector eléctrico va a ser el gran vehículo tractor de la descarbonización y, por tanto, habrá grandes inversiones en eficiencia, rehabilitación y movilidad. Será una movilización de recursos y de empleo muy importante. El Gobierno anterior no utilizó dinero de los Presupuestos y esto nos ha pillado con el pie cambiado. Se necesitan fondos públicos e incentivos y una señal fiscal para discriminar lo que se quiere impulsar y lo que se quiere evitar y generar confianza.

P: ¿Qué dice a todo esto Hacienda?

R: Está muy motivada. El Gobierno sabe que este plan es una de las variables más importantes de la modernización de la economía. La transición energética actualizará el sector industrial y será capital para construir las bases de un sistema fiscal del siglo XXI.

P: A la vista del desacuerdo entre las titulares de Almaraz (Endesa, Iberdrola y Naturgy) sobre la ampliación de su vida útil, parece que serán las empresas y no el Gobierno el que cierre las nucleares.

R: Aquí nadie tiene toda la razón; nosotros, como orientadores, tenemos que hablar con ellas. Lo llamativo es la diferencia entre los argumentos de una empresa como Iberdrola, que dice que no le salen las cuentas desde el punto de vista de la calificación de su deuda ni de los recursos que debería movilizar para seguir funcionando, y Endesa, que considera que el nuclear es un negocio importante, que está dispuesta a mantenerlo, pero que si ello requiere más inversiones se las tiene que pagar el sistema. Hay paradojas: Almaraz es propiedad de tres energéticas muy diferentes y la siguiente en la lista, Cofrentes, es de una sola a empresa, Iberdrola, que parece tener muy claro lo que quiere hacer.

P: ¿El Gobierno autorizará, en su caso, el cierre de estas centrales?

R: Hay que tener una visión de política general y contar con los límites y plazos que imponga el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Por ahora, salvo que aplicáramos algo parecido al decreto Nadal [el exministro de Energía quiso impedir por ley el cierre unilateral de plantas] es difícil coartar la libertad de una propietaria que quiera cerrar, salvo si peligra el suministro, pues hay un interés colectivo que va más allá de las vicisitudes de cada una. Pero gobernar a sablazo es una barbaridad porque no ayuda tampoco y, si era tan importante, ¿por qué no las expropió?

P: Por tanto, sí podrán prohibir el cierre.

R: Solo en el caso de que se ponga en riesgo la seguridad del suministro se podrían aplicar las limitaciones del marco comunitario para impedirlo. Habrá que ver en cada caso.

P: Pero no se puede obligar a una empresa a trabajar a pérdida.

R: Si hay un problema real concreto, dentro del marco comunitario, habría que ver quién cubre los costes.

P: Suponiendo que se cierre todo el parque nuclear en la próxima década, ¿se obligará a las empresas, como quiso Álvaro Nadal, a pagar el desmantelamiento, a la vista del déficit del fondo de Enresa?

R: ¿Pero no era tan barata la nuclear? Ahora resulta que hay un agujero importante para gestionar su desmantelamiento. Es un grave error de planificación, de señal fiscal, de coste, que ha ido en beneficio de los titulares de las plantas y su reparto de dividendo. Ahora hay que ver si eso se incorpora o no como una de las obligaciones en el momento de cierre. Otra cuestión es qué es lo más ­eficiente en cuanto a aprovechar lo que ya hay, si es llevadero para la economía y compatible con la seguridad de suministro y el medio ambiente. Es difícil que el desmantelamiento se pueda hacer de una vez, hay que gestionarlo de manera responsable y ver cuántos se pueden acumular al mismo tiempo. La capacidad y previsibilidad de las condiciones de seguridad que tenemos hoy y las que puedan venir en el medio y largo plazo te lleva a un debate mucho más matizado: si sale más barato cerrar hoy o dentro de 10 o 15 años, o cómo hacerlo en condiciones de seguridad. Lamento que Nadal, en lugar de lanzar esa amenaza a las empresas en el último minuto, no hubiese mejorado el fondo con la contribución de cada megavatio vendido. Si desde la llegada de Mariano Rajoy al Gobierno, en 2011, se hubiesen tomado medidas, ahora todo sería mucho más fácil y el fondo de Enresa estaría mejor dotado. No es bueno resolverlo con un pulso o a base de sablazos.

P: Es muy crítica con la falta de previsión del anterior Gobierno.

R: Casos tan relevantes como los plazos de cierre de la minería o las centrales térmicas eran cartas que tenían que estar repartidas entre 2018 y 2019, y no se había repartido ni la mitad de la baraja, por lo que la patata caliente ha ido para adelante. Un nivel de irresponsabilidad tan relevante nos obliga ahora a ir contra reloj en todos los frentes. Me llama poderosamente la atención la elevación del tono de voz de muchos que se preguntan por qué este ministerio lo quiere hacer todo a la vez. Oiga, usted perdone, porque han tenido 10 años para hacerlo y no habían hecho nada. Se habían limitado a restringir, limitar y retrasar lo nuevo, a prohibirlo todo sin dialogar, y ahora nos cae encima todo lo previsto en el calendario.

P: ¿Cómo van las negociaciones para restituir las competencias a la CNMC que le hurtó el anterior Gobierno y que le ha valido a España la apertura de expediente de la Comisión Europea?

R: Arreglar ese conflicto fue el primer mensaje que recibí del comisario de Energía, Miguel Arias Cañete, a los dos días de haber tomado posesión del cargo, y nos dio de plazo hasta fin de año. Y así lo hemos hecho: organizamos un grupo de trabajo para fijar un esquema de funcionamiento respetuoso con el marco comunitario. Aunque más próximo a la cultura anglosajona que mediterránea, el modelo de reguladores independientes se ha ido generalizando en Europa y ya han pasado los años suficientes como para que se aplique ese esquema en España.

P: ¿Quién elaborará entonces los peajes de la luz y el gas que entran en vigor en enero?

R: Estas tarifas corresponderán ya al regulador independiente. Esta era una de las cuestiones institucionales más absurdas: podrás discutir hasta dónde puedes llegar, pero no enrocarte, como hizo Nadal. Su argumento era: si sube el precio de la luz, la gente se manifiesta ante mi puerta y no ante la CNMC, así que lo fijaré yo. El cálculo de las tarifas deben hacerlo técnicos independientes, aunque con un diálogo fluido con el Gobierno, teniendo en cuenta la orientación de política energética y que encaje bien con el legislador.

P: En el pacto presupuestario firmado entre el Gobierno y Podemos, por primera vez, figuraba por escrito el compromiso público de acabar con los llamados windfall profit, o la supuesta sobrerretribución que cobran la hidráulica y la nuclear en el pool. La propuesta puso fin al idilio del presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, con este ministerio.

R: Más allá del debate de si existen o no los windfall profit [beneficio llovido del cielo] o si las centrales están amortizadas, los protagonistas del sector eléctrico deben asumir que son esenciales en el proceso de transición y facilitarlo. Ello requiere que ese gran negocio que seguirá creciendo como es la venta de electricidad sea bien percibido por los usuarios. A mí no me gustaría ser CEO de una empresa que sienten que engaña. Será cierto o no, pero hay un problema de percepción pública y es lo que traslada Podemos con una propuesta que merece atención especial.

P: ¿Por qué los usuarios han de soportar el incremento de precios del CO2 que beneficia a la hidráulica y la nuclear?

R: Hay que ver hasta qué punto la señal de precios de los derechos de emisión que quiere la UE se la puedan computar ciertos inversores, que no lo incluyeron en sus costes de inversión, pero que ven mejorar su margen de beneficio en un mercado marginalista y sin una liberalización real. Hay que facilitar un reparto de esa sobrerretribución para cubrir necesidades públicas, como la rebaja de la factura o facilitar la transición. Estamos viendo fórmulas.

P: Por primera vez, una responsable de Energía lo es de las aguas continentales. ¿Es esto una ventaja para el ciudadano?

R: El agua y la energía son los dos asuntos transversales que generan más emociones y, a veces, más intereses contradictorios. Hay elementos relacionados, como el almacenamiento, el bombeo o las concesiones hidroeléctricas que vamos a analizar. A medida que venzan las concesiones, estamos viendo si recuperamos masas de aguas, cuando el río va encajonado aguas arriba y tiene poco sentido económico o para sacarlas a concurso en otras condiciones. Al tratarse del uso privativo de un bien de dominio público, a lo mejor hay que crear una bolsa que permita mantener un precio tasado para ciertos consumidores.

P: ¿Una bolsa pública?

R: O en una explotación privada en cuyo pliego se establezca dicha condición de precio tasado. Hay otra función pública a tener en cuenta: el almacenamiento. Eso de que por cada megavatio renovable haga falta otro térmico de back up lo considero absurdo. Lo que tengo que ver es qué capacidad de almacenamiento tengo: la red misma actuará como tal y, en cualquier caso, tengo el agua, que puede ser un instrumento para maximizar el beneficio en el bombeo. Además, hay que ser más transparentes. Es sorprendente que no se conozca quién y en qué condiciones se adjudicaron. Hay que compartir esa información a la que a veces no tienen acceso en el detalle ni las confederaciones hidrográficas ni el operador del sistema.

P: Endesa va a cerrar sus dos centrales de carbón de Compostilla y Teruel. ¿Es una oportunidad para demostrar en qué consiste eso de la transición justa?

R: A las empresas les hemos dicho que a la gente no se le puede dejar con una mano delante y otra detrás. Ya se ha materializado la transición justa en el cierre de la minería privada del carbón, sin quema de neumáticos, encierros o tensiones. Algo emocionalmente importante porque es gente que se iba a quedar tirada en 2018. A las empresas les decimos que en la medida en que no dejan la actividad ni el país, es bueno que piensen cómo seguir en el territorio. Deben participar en la recuperación industrial de las comarcas afectadas, que también requerirán de inversión pública.

P: Una de las medidas más relevantes que ha aprobado es la desaparición del impuesto al sol. Hay quien critica que los pequeños usuarios pagarán el coste de las redes de quienes puedan colocarse las placas.

R: Me habría gustado que esos que se preocupan ahora de lo que paga el pequeño consumidor lo hubiera hecho hace unos años, cuando había tarifas muy distintas entre industriales y domésticos y en el bono social la variable no era la renta. Un autoconsumo bien gestionado puede beneficiar a los vulnerables. Hace falta un plan de choque para edificios aislados o bonificaciones para eficiencia y en comunidades.

P: ¿Mantendrá el Gobierno la exención del 7% a la generación, que aprobó por medio año, o será solo para pasar el invierno?

R: Hemos montado con Hacienda un grupo de trabajo de fiscalidad. No quisimos eliminar nada sin tener claro cuál es el mejor esquema, pues existe una fiscalidad cruzada, contradictoria y Administraciones recaudadoras diferentes. Podemos llegar a la conclusión de que hay que eliminar unos cuantos tributos y que quede solo el de generación.

P: ¿Han bajado los precios de la luz tras las medidas de octubre?

R: Hubo una caída pronunciada en los mercados eléctricos europeos tras la convalidación del real decreto ley: una rebaja del 3% en los mercados a tres meses que se ha mantenido. Es una señal importante, pero sabemos que los picos se producen después de las Navidades y necesitamos una mayor perspectiva, teniendo en cuenta que la interconexión existe y que los precios en Francia y Bélgica apuntan al alza

P: ¿Qué plantea su ministerio para los cogeneradores?

R: Tenemos que hablar con ellos. La cogeneración es una opción enormemente eficiente, pero proyectado a 20 años no es la más eficiente. Hay que acompañarla de un proceso que permita que las plantas tengan un tratamiento favorable unos años. La renovación no puede ser una nueva planta del tamaño de la actual.

P: ¿Cómo ve la crisis de Alcoa? ¿En qué consiste el estatuto del gran consumidor?

R: Alcoa no ha atribuido sus crisis a los precios de la energía y los datos así lo demuestran. Es un problema de su estrategia empresarial; al parecer, hay compradores dispuestos a comprar y ellos se resisten a vender. Hace mucho que la Comisión Europea viene diciendo que los mecanismos de apoyo al precio de la energía son ayudas de Estado. Nosotros hemos logrado subastas de interrumpibilidad por un periodo, pero la mejor solución es un estatuto para toda la industria electrointensiva común para toda Europa para que no haya distorsiones en el mercado. Se trata de subvencionar con un esquema de ayuda de Estado con el compromiso de la industria de invertir para que sus procesos alcancen la máxima eficiencia en consumos energéticos e innovación. Mientras tanto, habrá dos subastas de interrumpibilidad.

"Hay que resolver, sí o sí, el problema de los arbitrajes por el recorte de las renovables"

Sobre la herencia envenenada de las decenas de arbitrajes internacionales contra el recorte de las renovables de la reforma energética de Mariano Rajoy, que está provocando el goteo permanente de laudos condenatorios contra España (por 400 millones), la titular de Transición Energética opina que es el resultado “de una pésima decisión política y una pésima estrategia jurídica, con consecuencias económicas relevantes, no solo por el coste económicos, sino porque somos unos apestados para el inversor energético en la OCDE”.

Teresa Ribera asegura tajante que “hay que resolverlo sí o sí”. Y como, “evidentemente, no podemos volver al origen, habrá que dar respuestas actualizadas a este momento”. Esto significa “que hay que encontrar respuestas en el marco regulatorio actual”, porque, “en el filibusterismo correspondiente, vemos que los árbitros subrayan que no hubo ni salidas ni sendas suaves que amortiguasen el efecto retroactivo de la medida”; que los inversores nacionales se quedaron abandonados y que la CE dice que son ayudas de Estado. Ribera considera que no se puede “movilizar el volumen importantísimo de recursos previstos para modernizar la economía, teniendo esto pendiente”.

La ministra para la Transición Ecológica, quien confirma a CincoDías que su ministerio respetará la propuesta de metodología de retribución que la CNMC le ha planteado para las renovables y las redes eléctricas a partir de 2020 (el segundo periodo regulatorio que fijó la reforma de 2013), hace alusión a una mejora en la seguridad jurídica de la regulación del sector como antídoto posible contra futuros laudos.

En este punto, apunta a la enmienda a los Presupuestos Generales del Estado de 2018 presentada por UPN, que, finalmente, la mesa del Congreso controlada por el PP desechó invocando el veto presupuestario. En dicha enmienda, la formación navarra proponía que a las instalaciones de renovables anteriores a la reforma, no se les modificase la rentabilidad en el nuevo periodo regulatorio. Ribera defiende el contenido de dicha enmienda como una de las vías para “mantener la estabilidad de una rentabilidad razonable”.

"Hay que recuperar la idea de tener uno o varios ATC"

  • Cementerio nuclear. A la pregunta de si este Gobierno, que ha prometido cerrar el parque nuclear en una década, impulsará la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos radiactivos, Teresa Ribera comenta que esta es una cuestión “que hay que gestionar con total responsabilidad” y que “es fundamental recuperar la idea de contar con uno o varios ATC, rápidamente”, aunque “la opción favorita es tener uno solo”.
  • Mala gestión. Y es que, pese a que dos centrales cuentan ya con su propio Almacén Temporal Individualizado y que hay en proyecto otros tres, Ribera cree que estas instalaciones son “demasiado temporales”. La ministra dice que se “ha perdido la oportunidad respecto a la ubicación aceptada por la sociedad” y critica la gestión de Villar de Cañas. “Desde el punto de vista de sensibilidad social, fue tan mala que estamos en un callejón sin salida, difícil de resolver”.
  • Nuevo plan. “Estamos estudiando con Enresa los distintos escenarios que deben aparecer en un nuevo Plan Nacional de Residuos Radiactivos [el último data de 2006], y creo que hay que recuperar rápidamente el proyecto”. En el proceso de autorización del ATC, critica Ribera, “se han ido contrapeando los informes del CSN con la autorización de cada una de las fases por parte del Ministerio de Energía, y como se saltaron algunas de esas fases se estaban acumulando las del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Con lo cual este, en lugar de hacer su función de ofrecer seguridad respecto a la planificación energética, prejuzgaba lo que tenía que ocurrir”.
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