¿Pueden convivir el taxi y los VTC? En Portugal, sí

Tanto en Lisboa como en otros países, la regulación no penaliza los nuevos modelos de transporte

Portugal taxi VTC
Protestas en Portugal contra los VTC. GETTY IMAGES

Hace unos días el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Pedro Saura, defendía el Real Decreto Ley 13/2018 en un artículo publicado en El País, que llevaba por título Por una entente cordial entre los VTC y el taxi. Leyendo el artículo podría pensarse que Pedro Saura es el secretario de Estado de Medio Ambiente portugués, José Mendes, el impulsor de la nueva regulación de movilidad que el Gobierno socialista ha aprobado recientemente en Portugal. Una regulación moderna que no solo establece muy claramente las obligaciones de los conductores y empresas de VTC, sino que también impone condiciones a las plataformas de intermediación.

Como señaló Pedro Saura, “desde el Gobierno estamos seguros de que en las grandes urbes hay espacio para todos. En Madrid y Barcelona, en torno al 33% y el 25% de los desplazamientos se producen en vehículos particulares, un sistema de transporte que es altamente ineficiente por su poca ocupación, su tasa de utilización, y que es lento en horas punta y altamente contaminante. Entre tanto, en esas ciudades el desplazamiento a través de taxi y VTC no llega al 4% del total, lo que deja margen para una expansión de este tipo de servicios”

No podemos estar más de acuerdo con el secretario de Estado. De hecho, llevamos meses diciéndolo: en el futuro cabemos todos. Y no solo lo decimos nosotros, hay un consenso general entre los expertos de movilidad de todo el mundo. Cuantas más alternativas de movilidad haya en una ciudad, menos vehículos privados circularán por sus calles. Sin embargo, ni Pedro Saura es José Mendes ni los Gobiernos socialistas de la Península Ibérica responden igual a la presión del taxi. Mientras en Portugal los taxistas llevan dos años manifestándose para pedir el blindaje de su monopolio, el Gobierno ha aprobado la nueva regulación que tiene por objetivo crear empleo nuevo y mejorar la movilidad en las ciudades portuguesas. Y no solo eso. El primer ministro portugués hizo unas declaraciones hace un par de semanas que resumen muy bien el sentir general, también en España. Dijo: “La situación de desigualdad existe, pero es a favor del taxi”.

Así que, ante el acertijo regulatorio que plantea la innovación tecnológica y la llegada de nuevas alternativas de transporte, el Gobierno español tenía dos opciones: mirar hacia adelante, como Portugal –y prácticamente toda Europa– y regular en favor de la ciudadanía. O mirar hacia atrás y ceder a la presión del taxi.

La respuesta del Gobierno español ha sido el Real Decreto Ley 13/2018. Es decir, la expropiación (diferida) de la mayoría de las licencias VTC que operan en España, la eliminación (diferida) de más de 15.000 puestos de trabajo y la desaparición (diferida) de las nuevas alternativas de transporte que operan con normalidad en prácticamente todo el mundo.

En todo el mundo menos en España. Y es probablemente por esto que Adeyemi Adao, el emprendedor que ha participado en los éxitos de Tuenti, Cabify o Jobandtalent, envió una carta abierta en este mismo medio al ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, un día antes de la aprobación del decreto. En su carta, Adeyemi decía: “Los inversores estadounidenses, tras conocer el decreto ley, me expresan sus serias dudas sobre invertir en cualquier startup española porque aquí está calando la idea de que el Gobierno de España es antiinnovación”.

Pero este no es solo un decreto en contra de la innovación, también va en contra del interés general. Con la nueva regulación, y en caso de que finalmente se expropien las autorizaciones VTC en cada territorio, las comunidades autónomas serán las responsables de pagar unas indemnizaciones que ascienden a 3.700 millones de euros, de acuerdo con la consultora EY. Una cantidad que, al final, pagaremos todos los españoles.

Por todo ello, le pido al secretario de Estado que mire a Portugal –y al resto de Europa– y que inicie un proceso de diálogo con el VTC y las comunidades autónomas, quienes, increíblemente, no hemos tenido voz hasta ahora. Seguro que entre todos encontraremos una respuesta para conseguir “una entente cordial entre el VTC y el taxi”.

Eduardo Martín es Presidente de Unauto VTC

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