Más costes y más impuestos para financiar solo más gasto no productivo
El pacto entre el Gobierno y Podemos tiene un alcance que sobrepasa la capacidad normativa de la Ley de Presupuestos
El pacto presupuestario ratificado ayer entre el presidente del Gobierno y el secretario general de Podemos, que tiene un alcance que sobrepasa ampliamente la capacidad normativa de la Ley de Presupuestos, activará, de ser aprobado en las Cortes, una cascada de costes laborales e impositivos a empresas y particulares que tendrán un impacto negativo en la actividad económica justo cuando empieza a declinar el ciclo expansivo. La pretensión de mejorar la retribución de los deciles más modestos de la escala salarial con una muy fuerte alza del salario mínimo interprofesional, de un 22,3%, hasta los 900 euros al mes, encarecerá el factor trabajo de la franja menos productiva del mercado y arrastrará las bases mínimas de cotización de la Seguridad Social. Traerá un evidente riesgo de daño para el empleo y la inflación, ya que provocará en las empresas un avance de los precios de sus bienes y servicios similar al de los costes para mantener sus márgenes.
Este acuerdo desata una cascada de nuevos impuestos (tasa a tecnológicas, a transacciones financieras) y subidas de otros ya existentes (IRPF a rentas de más de 130.000 euros, a las plusvalías y ahorro, al patrimonio, además de alzas selectivas en Sociedades) por cerca de 6.000 millones de euros, que irán íntegramente a financiar subidas de gasto social (pensiones, desempleo, gasto sanitario), sin que aparezca en los 50 folios del documento firmado ayer ni una sola medida de avance de la inversión.
El pacto, que en absoluto garantiza la existencia de un Presupuesto para 2019 dado que necesitaría la adhesión de otros grupos políticos con intereses bien diferentes a los de Podemos, compromete decisiones importantes del Gobierno que afectan al funcionamiento del mercado de trabajo, como la derogación inmediata de puntos clave de la reforma laboral que han sustentado la fuerte creación de empleo en los últimos años, y a la vivienda, en la que prevé un grado de intervencionismo desconocido, tanto en el uso de los inmuebles como en los precios y duración de los alquileres.