Qué opciones tiene el Gobierno para actualizar las pensiones y cuánto cuesta cada una

El Ejecutivo tendría que diseñar la futura fórmula de revalorización

Ya está decidido que la subida de 2019 sea del 1,6%

Qué opciones tiene el Gobierno para actualizar las pensiones y cuánto cuesta cada una

El Gobierno tiene ahora la pelota en su tejado y debería hacer una reforma legal que reflejara la recomendación pactada el miércoles por los partidos en el Pacto de Toledo para que las pensiones vuelvan a revalorizarse anualmente lo mismo que suben los precios.

Sin embargo, en el Gobierno no hay ningún tipo de urgencia, ya que los actuales Presupuestos ya precisan que las pensiones subirían un 1,6% este año –que ya se ha pagado– y lo mismo al inicio del año próximo. Y, tras esa subida inicial, el actual Ejecutivo se ha comprometido, a través de su ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, a abonar a los pensionistas una paga compensatoria en enero próximo, si el IPC a final de año supera el 1,6%.Pero aunque no exista esa urgencia, el Ejecutivo tiene en su mano dejar diseñado legalmente, en esta legislatura, el futuro mecanismo para revalorizar las pensiones.

La fórmula habitual, que venía aplicándose hasta 2014 –primer año en el que las pensiones subieron un 0,25% indicado por el factor de revalorización–, consiste en que el Gobierno fije una inflación prevista para la elaboración del cuadro macroeconómico y los Presupuestos del año siguiente, y le aplique esa subida a todas las pensiones desde el 1 de enero. Posteriormente, si a final de año los precios han subido más que el incremento que se ha aplicado a las pensiones en enero, según el IPC previsto, se les abona la diferencia.

El texto acordado en el Pacto de Toledo pide actualizar las pensiones “según el IPC real”. Ese concepto económico no existe como tal, pero puede interpretarse que los representantes políticos utilizaron el apellido “real” para diferenciar el IPC de final de año de otros indicadores de precios como la inflación subyacente, o los datos medios anuales de estos indicadores. No obstante, será decisión última del Ejecutivo qué indicador de precios utiliza finalmente. Además, la citada recomendación mantiene la posibilidad de que el Gobierno use también otros indicadores como el PIB o los salarios. Estas son algunas hipótesis de las fórmulas que podría establecer el Gobierno y sus costes aproximados:

  • IPC interanual. El anterior Ejecutivo pactó con el PNV una subida del 1,6% de las pensiones para el próximo año. Esta fue, por tanto, la inflación que previeron en términos interanuales para finales de 2019. Cada décima de aumento de las pensiones costaría alrededor de 128 millones de euros, según la Seguridad Social. Así, el incremento inicial de las prestaciones supondrá unos 2.000 millones de euros. Y, si a fin de año (o en el mes de noviembre, que es el que se usaba para que diera tiempo a pagar los atrasos el 1 de enero) el IPC interanual superase el 1,6%, en enero se abonarían a los pensionistas las décimas que superasen esa cantidad. Si finalmente la inflación a finales de 2018 terminara en el 1,7%, como calcula el Banco de España, habría que abonar a los pensionistas unos 128 millones euros más. Este gasto se multiplica por dos, porque queda consolidado en el sistema. Con ello, el coste total de la revalorización sería de más de 2.200 millones.
  • IPC medio en el año. El Gobierno podría calcular también desde el inicio cual será la evolución media anual de la inflación. O aplicar la revisión a final de año en función de dicho indicador. La subida inicial de las pensiones ha sido del 1,6% (con un coste de más de 1.600 millones) y la inflación media anual del ejercicio es también del 1,6%. Si se revisaran las pensiones con el IPC medio y con los datos disponibles hasta ahora, en este caso los pensionistas no recibirían más y mantendrían su poder de compra sin ganancias ni pérdidas.
  • IPC subyacente. Otra opción es aplicar a las pensiones una subida inicial como la del IPC subyacente previsto. Este indicador es menos volátil que lo que el Pacto de Toledo llama “IPC real” porque no tiene en cuenta el precio de los productos energéticos ni de los alimentos sin elaborar, que son los más expuestos a las fluctuaciones del precio del petróleo, los conflictos geopolíticos o la climatología. El Banco de España prevé una inflación subyacente para 2018 del 1%. Si se tomara este IPC el coste al inicio del año habría sido de unos 1.280 millones. Y, siguiendo con el ejemplo, en caso de que la inflación subyacente terminara el año en el actual 0,8%, los pensionistas no recibirían una paga para compensar la pérdida de poder de compra, que no se produciría, sino que, por el contrario, habrían ganado dos décimas de poder adquisitivo. El uso de la inflación subyacente se puede hacer igualmente con el dato interanual o el medio del año.
  • Otros indicadores. La fórmula escogida podría también introducir otros elementos como el PIB, estableciendo que solo se garantiza el 100% del poder de compra a partir de cierto crecimiento de la economía. Mientras que si el PIB creciera menos se aplicarían recuperaciones parciales del poder de compra. En este caso, para cumplir con la recomendación del mantenimiento del poder adquisitivo habría que fijar que este se produjera al final de un ciclo de varios años.

 

Ahora toca buscar ingresos

  • El presidente de la patronal CEOE, Juan Rosell, se mostró receloso sobre una hipotética vinculación al IPC en exclusiva. “Habría que ver como se estructura la inflación”, explicó Rosell, quien puso como ejemplo que “en el pasado se contabilizaban las telecomunicaciones de una manera y ahora de otra”. Por su parte, el líder de CC OO, Unai Sordo, apostó por “hablar inmediatamente de cómo aumentar los ingresos de la Seguridad Social”.
  • La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, dijo ayer que ahora toca aprobar medidas para lograr los ingresos que hagan sostenible el sistema de pensiones; y financiar el sistema con impuestos y aumentar los ingresos por cotizaciones.
  • El observatorio de Pensiones de Willis Towers Watson junto con la Universidad de Valencia y la Universidad de Extremadura advirtieron ayer que la actual subida de pensiones del 1,6% y su actualización con el IPC hará que los gastos vuelvan a crecer más que los ingresos. Añadieron que si se abandona el actual índice, la revalorización con el IPC debería tener en cuenta los ingresos y los gastos más que el número de cotizantes o el PIB.
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