¿Hasta cuándo durará la pobreza energética?

El Gobierno debería crear un fondo para atender los impagos de los consumidores más vulnerables

¿Hasta cuándo durará la pobreza energética?
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Las banderas no ondearon a media asta el 6 de diciembre, día de la Constitución, del año 2015. Debieron hacerlo en recuerdo de Rosa. Una señora que había muerto tres semanas antes en un incendio, causado por las velas con las que se iluminaba. La Ley del Sector Eléctrico preveía, y prevé, la interrupción del suministro por falta de pago. La crisis económica que golpeó inclemente las rentas familiares y los recursos públicos hizo que los impagos aumentaran.

El Gobierno estatal, abrumado por el déficit de tarifa, estuvo presto en invocar la invasión de sus competencias por las comunidades autónomas; pero remiso en ejercerlas. Así, cortocircuitó los intentos autonómicos de posponer los cortes de suministro sin establecer soluciones propias. Las comercializadoras argumentaron que la palabra “energética” era un adjetivo del sustantivo pobreza y que combatir ésta, cosa que es responsabilidad pública, era la solución. Unos por otros, las pretensiones de establecer mecanismos eficaces de alerta de situaciones de riesgo, naufragaron.

Desde entonces, tenemos, como tantas otras veces, una buena y una mala noticia. La buena, es que en la vigilia de Navidad de 2016, el Boletín Oficial del Estado publicaba un decreto-ley, pactado por los grupos parlamentarios popular y socialista, que mejoraba la protección a los consumidores vulnerables. Por vez primera, se estableció la prohibición de cortar la luz a familias en situación de particular fragilidad social. Se articuló con una inteligente técnica jurídica, considerándolos suministros esenciales. La mala noticia, es que el Gobierno tardó ocho meses más en aprobar el reglamento para aplicarla y que, cuando lo hizo, con el Real Decreto 897/2017, diseñó un procedimiento complejo y centralizador; optó por relegar a un papel subalterno a las administraciones locales y autonómicas, competentes en materia de asistencia social y, como resultado, la tasa de protección que prevé es sólo del 45% del total de los hogares con derecho a obtenerla.

Tras seis meses de vigencia, el número de solicitudes del bono social (descuento del 25% –el 40% en casos especiales– sobre la tarifa regulada) por parte de las familias con niveles de renta hasta 11.279 o 18.798 euros, según su número de miembros y circunstancias, forzaron al Gobierno a prorrogarlo por seis meses más. Ese lapso, que dura hasta el 8 de octubre, da margen para aligerar el procedimiento y repartir mejor las responsabilidades respectivas.

Algunas ideas: mientras la competencia en el mercado minorista de electricidad sea, según datos oficiales, manifiestamente mejorable, tiene sentido que las empresas del sector contribuyan a financiar ayudas a los consumidores vulnerables. Generalizar la contribución, sin excluir ninguna actividad, en lugar de limitarla a la comercialización, y en base a la facturación, es la vía más segura de eludir las objeciones de discriminación y falta de transparencia del reparto que ha llevado al Tribunal Supremo, repetidamente, a anularlo.

El procedimiento para solicitar ayudas puede simplificarse. ¿De verdad hace falta que firmen la solicitud los menores, mayores de 14 años, de la unidad familiar y que no lo puedan hacer sus padres por ellos?. En lugar de relacionarles a los servicios sociales municipales los informes que tienen que preparar, qué tal preguntarles qué problemas se les presentan para conocer la renta de las familias, qué dificultades hay en la comunicación con las comercializadoras y cómo dar con una solución.

El Gobierno estatal debería constituir un fondo a financiar con el sistema tributario, sin excluir la contribución autonómica, para atender el impago de facturas que deriva de condiciones individuales de los afectados y no de la falta de competencia en el mercado. Los titulares de instalaciones de autoconsumo podrían destinar, libremente, su excedente a mitigar el problema si no se les prohíbe.

Nuestro Estado, se proclamó social y democrático de derecho en la Constitución de 1978. Honrar ese compromiso requiere una legislación razonable; administraciones coordinadas para resolver problemas; empresas conscientes de sus obligaciones en los servicios de interés económico general. La sociedad civil ha demostrado su implicación con apoyo económico, iniciativas legislativas y movilizaciones.

El Gobierno tiene el reto de liderar ese esfuerzo colectivo, sumando y reconociendo apoyos, para que la pobreza energética sea un recuerdo luctuoso del pasado. Las banderas, mejor izadas hasta el tope.

Enric R. Bartlett es profesor de Derecho Público en Esade Law School

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