Urge una solución para el tráfico aéreo europeo que proteja los derechos de todos

Las aerolíneas reclaman una regulación comunitaria para los servicios mínimos de sectores estratégicos

El poder que tienen las huelgas en infraestructuras básicas y medios de transporte para paralizar la actividad económica y la vida civil es bien conocido en toda Europa, donde cada año se suceden conflictos relacionados con reclamaciones de derechos laborales. El último de esos episodios lo han protagonizado las huelgas convocadas por los controladores aéreos franceses, que en las últimas semanas han dejado una factura desoladora en los cielos europeos: unos 6.000 vuelos cancelados en Francia, solo en el mes de mayo, además de retrasos y problemas en otros aeropuertos periféricos (como los españoles) debido a vuelos que cruzan los cielos galos y se han visto perjudicados por el caos de control.

Desde el sector aéreo, se confirma que España acusó en el mes de abril demoras en los aeropuertos que suman 45.000 minutos y suponen un 200% más que el mismo periodo del año anterior, todas ellas consecuencia del caos provocado por las ineficiencias de la gestión del tráfico aéreo en Europa, a las que el viernes se sumaron los profesionales del servicio en Italia. España era el pasado marzo el país con mayor crecimiento en operaciones diarias: un mes después ya había caído a la cuarta posición.

Entre las circunstancias que explican (y posibilitan) el elevado poder de presión y paralización que tienen colectivos profesionales como el de los controladores en Europa figura una legislación laboral que es privativa de cada Estado miembro y que en algunos casos –como el de Francia– no regula servicios mínimos, más allá de una aproximación administrativa sobre el posible impacto de los conflictos. España ha vivido con especial dureza conflictos similares, como el desatado por la crisis de los controladores en 2010.

Las compañías aéreas españolas, preocupadas por una factura que la llegada del verano puede abultar todavía más, reclaman que el nuevo Gobierno trate de impulsar una legislación europea que regule los servicios mínimos en sectores estratégicos, pese a ser conscientes de la dificultad de la tarea. Tanto el CEO de IAG, Willie Walsh, como su homólogo en Ryanair, Michael O’Leary, han unido fuertzas también para denunciar que las protestas de los controladores “están destruyendo el tráfico aéreo en Europa” y perjudicando la economía. Urge una solución, por compleja y salomónica que deba ser, que respete el equilibrio entre las legislaciones nacionales y los derechos de huelga de los profesionales, por un lado, y los intereses de las empresas y los derechos –igualmente valiosos– de los sufridos viajeros europeos, por el otro.

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