Saracho alertó de que Popular arrastraba “errores contables” desde antes de 2014
Estas deficiencias pueden llevar a judicializar la ampliación de capital de 2012 La entidad se deterioró hasta la insolvencia técnica en su recta final
A punto de cumplirse un año de la resolución de Banco Popular, en la madrugada del 7 de junio de 2017, parte del detalle de su desaparición sigue siendo un misterio. Sin embargo, las actas de los consejos de administración de Popular de sus últimos años, recabadas por el juez instructor Fernando Andreu y a las que ha tenido acceso este diario, aclaran algunos aspectos de la gestión del fin de la entidad.
Los documentos, una suerte de caja negra de la cabina de mandos del banco, reflejan el creciente nerviosismo que cundió en su cúpula desde la ampliación de capital de 2.500 millones de euros de junio de 2016 que ahora investiga la Audiencia Nacional. Pero los problemas comenzaron antes: las actas revelan errores contables anteriores a 2014.
Así lo advirtió el último presidente de Banco Popular, Emilio Saracho, en el consejo del 30 de marzo de 2017, cuando denunció la existencia de “defectos de control” en la contabilidad del banco y detalló la existencia de “déficits de provisiones por los errores en la contabilización de garantías ya ejecutadas” que “se refieren a ejercicios anteriores, principalmente a 2014 y anteriores”.
Un plural que indica irregularidades al menos también en los años 2012 y 2013. El dato es de especial relevancia porque Popular celebró en 2012 otra ampliación de capital de 2.500 millones que el juez Andreu ha decidido dejar provisionalmente fuera de la investigación penal. La decisión, aclaró, está a expensas de que este tipo de indicios pongan en cuestión la información pública con la que el banco captó ese dinero. Estas actas prometen fundamentar las reclamaciones de los accionistas de Popular de cierta antigüedad.
“La trascendencia de estas actas dependerá del análisis de los peritos, pero al verlas queda claro que las personas al frente del banco fallaron. Defendían desviaciones injustificadas del negocio inmobiliario con excusas y en los últimos meses optaron por el saqueo”, expone Marcelino Tamargo, director del bufete Espacio Legal, citando los sueldos y planes de pensiones aprobados en los últimos meses.
A falta de ver si el juez cambia su criterio sobre 2012, las palabras de Saracho serán claves para evaluar si la ampliación de 2016 se realizó ofreciendo información veraz, como analizan actualmente los inspectores del Banco de España cedidos como peritos judiciales para la pieza separada del caso que aborda esta operación. Los errores contables referidos por Saracho formaban parte de las pérdidas adicionales de más de 600 millones de euros que Popular acabó reconociendo en abril de 2017.
Las actas revelan la incredulidad de algunos consejeros sobre el afloramiento de este agujero o el hecho de que pese a pagar 90 millones por asegurar la ampliación, el banco hubiera puesto en juego su capitalización con la práctica irregular de financiar a clientes para comprar acciones.
La ampliación de 2016, “pasando por encima del equipo directivo”, crispó a una cúpula obsesionada por “ganar tiempo” y evitar filtraciones
Obsesionó esos días a la cúpula la necesidad de “ganar tiempo” y buscar “alternativas” para evitar reformular las cuentas del año de la ampliación, lo que la Comisión Nacional del Mercado de Valores les permitió hacer a última hora a costa de abrirles una investigación.
Pero los nervios se crisparon ya un año antes cuando la ampliación de capital, que el entonces presidente Ángel Ron acabó recordando que se realizó “pasando por encima del equipo directivo", dividió al consejo. El accionista mexicano Antonio del Valle cuestionó su idoneidad y fecha, mientras el expresidente de Banco Pastor, José María Arias, votó en contra y denunció ya aquel año que la operación no bastaba para salvar el barco.
Aunque el proceso salió adelante, en las actas del consejo se percibe la preocupación por los “problemas” que podía traer colocar acciones en la red de oficinas, por “comunicar” como un paso adelante una operación que revelaba un “fracaso” o por cubrir las espaldas de los consejeros ante posibles reclamaciones legales.
La decisión de posponer a otoño las provisiones pendientes tras cerrar la ampliación en junio, el relevo del consejero delegado o, finalmente, la sustitución de Ron por Saracho fueron foco de enfrentamientos cada vez más encendidos y de una permanente obsesión por “evitar filtraciones” de la situación real de la entidad y la división del consejo.
La situación continuó deteriorándose hasta la última reunión del consejo, del 6 de junio de 2017, en la que se revelaba una fuga de depósitos acumulada de 10.998 millones desde inicios de mayo, y de 2.984 millones solo en la jornada anterior. La cúpula de Popular se lamentaba de haber logrado solo 3.500 millones de los 9.500 solicitados a la línea de emergencia del Banco de España pero asumía que el problema de liquidez era ya permanente y pronto les impediría cumplir con sus obligaciones de pago.
Más allá, se certificaba que la entidad rozaba la “inviabilidad” y que el ajuste pendiente a la baja de 1.600 millones en la valoración de sus inmuebles, y de 1.525 millones en sus créditos, colocaría al banco por debajo de los requisitos mínimos de capital al hacer las cuentas semestrales. Estaban en insolvencia técnica. El consejo se despedía aspirando a una fusión salvadora, pero horas después la Junta Única de Resolución (JUR) resolvía el banco y lo vendía a Santander por un euro simbólico.
Para el abogado Felipe Izquierdo, personado en la causa penal junto a la OCU, este último acta es el que más relevancia tendrá para quien demande por la vía civil porque “Popular se declara insolvente antes de que lo digan el FROB y la JUR”. “Reconocen expresamente un agujero de 4.000 millones que luego Santander amplía a 7.000 millones”, subraya.
