El juez investigará las tripas de Banco Popular y toda su actividad del último lustro

Solicitará al FROB el informe secreto de Deloitte en el que se basó la resolución

Revisará sueldos, contratos, ventas, datos contables y la ampliación de 2016

Banco Popular pulsa en la foto

La Audiencia Nacional ha echado a andar esta semana la investigación sobre las posibles responsabilidades penales por la debacle de Banco Popular en la que promete ser la mayor causa financiera desde la que se abrió una por la presunta estafa a inversores en la salida a Bolsa de Bankia, pendiente ahora de la apertura de juicio.

El juez responsable de la instrucción, de hecho, vuelve a ser Fernando Andreu que promete llevar a cabo una minuciosa tanda de pesquisas que recuerdan a las realizadas durante los últimos cinco años en el caso de la mayor entidad financiera nacionalizada.

En esta ocasión, las primeras diligencias previstas por el juez incluyen revisar las tripas de Banco Popular desde 2012, volver a contar con peritos del Banco de España para aclarar la veracidad de los datos contables ofrecidos o revisar desde la remuneración de directivos y consejeros al método bajo el que se contrató al último presidente, Emilio Saracho.

Así consta en los autos de admisión a trámite de las cuatro primeras querellas aceptadas por el juez. Las diligencias previstas por el magistrado no se pondrán en marcha, en todo caso, hasta que haya terminado de estudiar el resto de la treintena de denuncias que se han registrado por esta causa en la Audiencia Nacional, y decidido si también las acepta o las desestima.

A partir de ahí, Andreu contempla ya la puesta en marcha de casi cuatro decenas de actuaciones que implican requerimientos al propio Banco Popular (que acabó siendo adjudicado a Banco Santander por un euro simbólico el pasado 7 de junio), a su auditora, PwC, al Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) o al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancario (FROB).

A este último le solicitará la entrega del informe secreto elaborado por Deloitte en el que las autoridades europeas basaron su decisión de resolver Popular. Un documento clave para los accionistas que reclaman una compensación, pues establecía una horquilla de valor del banco de entre 1.500 millones en positivo y 8.000 en negativo, pero que la Junta de Resolución Única europea se viene negando a publicar.

Destaca también la solicitud del magistrado al Banco de España para que aporte dos inspectores que ejerzan como peritos judiciales y evalúen si es veraz la información con la que Banco Popular captó 2.505 millones de euros en la ampliación de capital de junio de 2016. También se les pedirá que revisen las cuentas del banco de los dos últimos años, incluyendo los errores contables que la entidad admitió en abril haber cometido.

Andreu ya solicitó una pericial similar en el caso Bankia, en el dictamen de los inspectores Antonio Busquets y Víctor Sánchez Nogueras de que la entidad saltó al parqué usando información falsa ha sido un pilar de la causa. El juez también revisará todas las actas de inspección del supervisor financiero sobre Popular desde 2012 a la actualidad, aunque ha descartado la petición de uno de los querellantes de solicitar toda la correspondencia entre el Banco de España y la entidad.

Más allá, el Andreu admite la petición de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios (Aemec), representada por el bufete Cremades & Calvo Sotelo, de pedir al cazatalentos Spencer Stuart que aclare el proceso de contratación de Saracho como presidente y si este fue encargado por la consejera independiente Reyes Calderón en medio del pulso por sacar de la silla de mando al histórico Ángel Ron.

También avala que Aemec encargue un informe a un experto en medios de comunicación sobre el posible peso de las filtraciones a medios en las caídas de la acción de los últimos meses, cuando se elevaron con fuerza las apuestas bajistas. Después de todo, el magistrado prevé articular el caso en dos piezas separadas, una sobre el posible engaño a inversores en la ampliación de capital, y otra sobre el presunto uso de información privilegiada que favoreciese las inversiones en corto.

En todo caso, el juez también estudiará las retribuciones de directivos y consejeros, los créditos que ellos y sus familias recibieron, la venta de participadas de Popular, o el famoso Plan Sunrise con el que Ron trató de evitar que el ladrillo lastrara la entidad.

Está previsto además que comparezcan en la Audiencia Nacional las 34 personas, o entidades, querellados (son 35 pero uno falleció) y que, en una fase posterior, testifiquen también representantes de Banco Santander (que absorbió Popular); BBVA, que barajó hacerse con al entidad antes de su debacle; o los bancos de inversión Goldman Sachs o JP Morgan

Las otras vías judiciales en marcha

- Demandas civiles: En paralelo a las querellas presentadas ante la Audiencia Nacional por las posibles responsabilidades penales de los gestores de Banco Popular en su quiebra, que supuso la pérdida del dinero para todos sus accionistas e inversores, han comenzado a plantearse también demandas civiles por parte de afectados que buscan recuperar su dinero. Aunque ante la confluencia de acciones civiles y penales tradicionalmente se suele dar prioridad a estas últimas, dejando suspendidas las primeras, el precedente del caso Bankia abre la puerta a que las reclamaciones de afectados se resuelvan antes. En ese caso, el Tribunal Supremo anuló en enero de 2016 la venta de acciones de Bankia entre particulares por la falta de veracidad de la información facilitada pese a que el juicio penal está todavía por celebrar.
- El contencioso: En paralelo, muchos de los accionistas de referencia de Banco Popular, entre los que se incluyen algunos de los que serán investigados ahora en la instrucción por la causa penal que abre la Audiencia Nacional, han decidido reclamar por la vía contencioso administrativa tratando de impugnar la decisión de las autoridades europeas de resolver Banco Popular. Las acciones legales se han presentado tanto contra la Junta Única de Resolución (JUR) como contra el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que ejecutó la intervención de la entidad y su adjudicación a Banco Santander por un euro simbólico.

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