La Audiencia Nacional investigará a Ron y Saracho por la debacle de Popular
El juez Andreu abrirá una causa por la ampliación de capital de 2016 y otra por posible manipulación de mercado Sus pesquisas, motivadas por varias querellas y bajo el aval de la Fiscalía, alcanzarán a PwC
La debacle de Banco Popular es ya oficialmente objeto de investigación por parte de la Justicia española. El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha comunicado este miércoles que admite a trámite varias de las querellas presentadas por los inversores afectados, como así lo solicitó la Fiscalía Anticorrupción, ante la posible comisión de delitos contra los consumidores, el mercado y la posible manipulación del mismo.
La investigación se centrará en el histórico presidente de Banco Popular, Ángel Ron, que estuvo al frente de la entidad hasta el pasado febrero, así como en su sucesor, Emilio Saracho, los consejos de administración de ambos y la firma que auditaba las cuentas de la entidad, PwC.
A la hora de abordar la investigación, el juez Andreu sigue el criteriode la Fiscalía y acuerda la apertura de dos piezas separadas. La primera de ella centrada en la ampliación de capital de 2.500 millones de euros que Popular cerró en junio de 2016, bajo la presidencia de Ron. Se sospecha que el capital pudo ser captado ofreciendo información falsa.
La segunda, buscará dilucidar si hubo manipulación del mercado con el objetivo de hacer caer el valor en los últimos meses de vida de la entidad, cuando los inversores bajistas hicieron su agosto apostando en contra de la acción del banco.
Ante la desconfianza desatada también en esa época entre los clientes del banco, y dada la consecuente retirada masiva de depósitos, Popular fue intervenido por las autoridades europeas el pasado 7 de junio y, tras recapitalizarlo a costa del dinero de sus accionistas y bonistas, vendido inmediatamente a Banco Santander por un euro simbólico
La investigación de estas dos causas promete adentrarse también en las luchas de poder que se abrieron en el consejo de administración del banco y en la admisión por parte de Popular de que sus cuentas de 2016 reflejaban errores de millones de euros que derivaban en pérdidas superiores a las reconocidas.
Diligencias y pruebas periciales
El juez prevé ya la puesta en marcha de distintas diligencias entre las que destacan la comparecencia de Ron, la petición de los informes de PwC, el requerimiento a la Comisión Nacional el Mercado de Valores (CNMV) de un informe pericial sobre las apuestas bajistas en el mercado o la elaboración de un informe por parte de un experto en medios de comunicación para analizar el impacto de las informaciones publicadas en la desaparición del banco.
Como ya hiciera con el caso Bankia, que se encamina a la apertura de juicio oral ante la sospecha de que la entidad salió a Bolsa utilizando información falsa, Andreu conmina al Banco de España a aportar dos técnicos que ejerzan como peritos judiciales y aclaren si la información contable ofrecida por Popular era veraz.
A priori, tal y como defendió la Fiscalía Anticorrupción, el juez no ha incluido en la investigación a los supervisores, el Banco de España y la CNMV, que habían sido incluidos en otras de las querellas presentadas tras el final de Popular.
Posibles fianzas
En su escrito, Andreu admite la posibilidad de imponer fianzas por las responsabilidades de los investigados si bien advierte que esta opción, y su cuantía, no se abordará hasta haber escuchado primero a los querellados.
La lista de investigados es de 35 personas y sociedades (aunque una de ellas falleció hace años). Más allá de Ron y Saracho, se admiten querellas contra otra veintena exresponsables del banco, como los exconsejeros delegados Pedro Larena, Ignacio Sánchez Asiaín y Francisco Gómez; el exsecretario del consejo Francisco Aparicio; los exvicepresidentes Roberto Higuera y José María Arias o exconsejeros como Reyes Calderón.
Como resultado de la admisión a trámite de estas querellas también se investigará a inversores clave, como el mexicano Antonio del Valle o la sindicatura de accionistas de Popular y la Unión Europea de Inversiones (ligada al Opus Dei), Crédit Mutuel, inversores holandeses ligados a Rabobank, la auditora PwC, su socio auditor, Pedro Barrio, o el propio Banco Popular.
Las querellas admitidas
Inicialmente han sido tres las querellas admitidas aunque pocas horas después trascendía la admisión de una cuarta, y es posible que la lista aumente porque se recibieron una treintena. La primera, especialmente dirigida contra Saracho por un presunto delito de administración desleal, es de la asociación de accionistas minoritarios Aemec, que engloba a más de 1.007 inversores perjudicados bajo la representación legal del bufete Cremades & Calvo Sotelo.
La segunda querella admitida la planten Estel Ingeniería y Obras S.A, junto a 45 personas más, representados por Unive Abogados, acusando de falsedad documental, administración desleal y delito contra el mercado a los dos consejos de administración.
La tercera corresponde a dos particulares que cargan contra todos los gestores y algunos de los principales inversores por un delito societario y otro contra los consumidores. La cuarta es la que presentó la organización de consumidores OCU contra Saracho, Ron, Larena, PwC y su socio auditor.
El juez advierte que “los hechos denunciados en la querella merecen una investigación en sede penal”, pues como ya expuso la Fiscalía “podrían ser constitutivos de delito”. Además, “sea o no merecedor de reproche penal”, argumenta Andreu, el final del banco “ha causado numerosos perjuicios, no solo a los accionistas como los que ahora se han querellado, sino a la sociedad y a la economía nacional en su conjunto”, lo que motiva iniciar las pesquisas planteadas.
Recurso contra el Frob
El exconsejero externo independiente y exvocal del consejo de administración de Popular José Ramón Estévez Puerto ha presentado un recurso contencioso administrativo contra el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) por la resolución de la entidad, recoge Europa Press.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha registrado este recurso contra la resolución de la Comisión Rectora del FROB por adoptar las medidas necesarias para ejecutar la decisión de la Junta Única de Resolución (JUR) que puso en marcha el dispositivo de resolución sobre Popular el pasado 7 de junio.
Así lo recoge este miércoles el Boletín Oficial del Estado (BOE) en una publicación firmada por la letrada de Administración de Justicia Elena Oca de Zayas.
Estévez ocupó los cargos de consejero externo independiente y vocal del consejo de administración de Popular con anterioridad a la resolución acometida en el banco el pasado 7 de junio desde su nombramiento en abril de 2016. Era, además, presidente de la comisión de retribuciones de la entidad.
