Primer embargo judicial a una beneficiaria de los créditos universitarios de Educación

Los estudiantes no debían devolver los préstamos si no llegaban a cobrar 22.000 euros pero la condición fue eliminada

La banca reclama ahora la devolución de los 10.000 préstamos impulsados por Educación más los intereses de demora

Primer embargo judicial a una beneficiaria de los créditos universitarios de Educación

El Ministerio de Educación del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero impulsó a finales de la pasada década los Préstamos Renta Universidad, un modelo de financiación flexible para facilitar a los estudiantes universitarios la obtención de un máster o un doctorado. La fórmula ha acabado siendo una trampa financiera para miles de ellos.

La propuesta obtuvo una importante acogida debido a su principal atractivo: los beneficiarios no tenían que devolver la financiación si no llegaban a lograr luego una renta anual de al menos 22.000 euros. Sin embargo, esta condición inicial fue eliminada posteriormente sin alertar específicamente a los prestatarios, según denuncia la plataforma de afectados.

La justicia acaba de decretar ahora el primer embargo judicial de cuenta de una de las estudiantes que accedió a esta financiación. En concreto, el Juzgado de Primera Instancia Número 60 de Madrid ha dictado una orden general de ejecución de 18.000 euros contra una joven que recibió uno de estos créditos tras la demanda judicial presentada por una entidad financiera. Desde la plataforma aseveran que la joven, que acaba de ser madre, ha visto desaparecer sus ahorros tras esta decisión. 

En los últimos años, los bancos vienen reclamando el cobro de los préstamos concedidos, más intereses de demora, por lo que la sentencia abre la puerta a un aluvión de embargos que podría afectar a cerca de 10.000 beneficiarios de estos créditos, aseveran desde la plataforma de afectados.

Los préstamos fueron concedidos con fondos públicos canalizados a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), limitándose las entidades financieras a formalizar las operaciones, por lo que desde la plataforma asumen que solo el Estado –y no la banca- está en posición de reclamar el dinero.

Sin embargo, y a la espera de ver si este primer embargo acaba siendo recurrido, la Asociación de Afectados por el Préstamo Renta critica la “desidia” del Ministerio de Educación, al que responsabiliza de que los bancos se estén lucrando con dinero público concedido para financiar a miles de estudiantes.

Además, la plataforma denuncia que la afectada embargada no tuvo conocimiento de la reclamación del dinero hasta ver retenidos sus ahorros pues el Ministerio no le notificó el proceso, ni el banco solicitó a la administración las señas de la prestataria para comunicarle el embargo.

“Es manifiestamente ilegal que un banco pueda embargar a una persona con base en un préstamo concedido por el Ministerio con fondos públicos. Confiamos en que el Juzgado declare la nulidad de las actuaciones tal y como hemos solicitado al personarnos, sin perjuicio de las responsabilidades de carácter penal que se diriman. Es muy grave que un banco se apropie indebidamente del dinero de una persona falseando derechos de naturaleza pública que pertenecen a la Hacienda estatal”, ha declarado mediante un comunicado Miguel Ángel Llamas, abogado de la asociación de afectados.

Los afectados solicitan al ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, una reunión urgente para abordar la problemática de los miles de beneficiarios de estos préstamos a fin de evitar la judicialización de todos los asuntos.

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