Educación reconoce que el crédito Renta Universidad se desvirtuó
Una orden ministerial alertaba del “elevado interés fijo” del préstamo
José Luis Rodríguez Zapatero puso en marcha durante su segundo mandato una línea de financiación para ayudar a los universitarios a costear los estudios de posgrado. Los créditos Renta Universidad fueron impulsados por el Ministerio de Educación, en colaboración con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y varios bancos y cajas de ahorros.
La primera convocatoria –para el curso 2007/2008– fue la única que se mantuvo fiel al espíritu para el que fueron creados estos préstamos. Los estudiantes podían solicitar hasta 22.800 euros para pagar la matrícula de un máster y tener una renta mensual. A cambio, debían devolver el importe, siempre y cuando hubieran logrado un trabajo con un salario de más de 22.000 euros al año.
El plazo de amortización de este crédito no comenzaría a computarse hasta que el estudiante no alcanzara ese umbral de renta. Además, la deuda quedaba extinguida a los 15 años, si no se alcanzaba ese nivel de ingresos.
Un endurecimiento paulatino
Los 3.463 alumnos que recibieron un total de 50 millones de euros en la primera convocatoria no tuvieron ningún problema. El conflicto comenzó con la convocatoria del siguiente año lectivo (2008/2009) y las dos posteriores.
En primer lugar, se suprimió la posibilidad de condonar la deuda si no se alcanzaba un determinado nivel de renta. Además, se fueron acortando los periodos de carencia (el tiempo durante el cual no hay que hacer frente a la devolución del crédito), y se incluyeron comisiones e intereses cada vez más gravosos.
Aún así, 4.742 personas lo pidieron en 2008 y 5.183 en 2009. El deterioro de las condiciones del préstamo hizo que ya en 2010 –con la crisis económica en su apogeo– solo lo pidieran 2.235 personas.
Cuando el Partido Popular ganó las elecciones de noviembre de 2011 y tomó el poder, decidió acabar con este programa. A través de una orden ministerial publicada en Boletín Oficial del Estado (BOE) el 29 de marzo de 2012, el nuevo ministro de Educación, José Ignacio Wert, derogó la normativa que regulaba los préstamos Renta Universidad.
En la exposición de motivos de esta orden se explicaba que “el progresivo deterioro de las condiciones de los préstamos universitarios ofrecidos por el Ministerio ha producido una bajada constante y continua de peticionarios de este sistema de ayudas”, hasta llegar a unos niveles de solicitantes tan bajos que no justificaban el mantenimiento de la convocatoria.
"Elevado interés fijo"
Además, desde le Ministerio se reconocía que los préstamos habían perdido su finalidad inicial: financiar a los estudiantes la formación universitaria de posgrado hasta el momento en que el joven alcanzaran un cierto nivel de renta. “Los préstamos de esta línea tenían una doble característica que los hacía difícilmente asumibles por los estudiantes: menor tiempo de amortización que en convocatorias anteriores y un elevado interés fijo para toda la vida del préstamo”.
También se argumentaba que para estudios de máster “ya existen las becas generales, que atienden a criterios de renta y rendimiento académico”.
El éxito inicial de la primera convocatoria, que tenía las condiciones más ventajosas, hizo que se ampliaran los recursos destinados a este programa. Así, en 2008 se dedicaron 150 millones de euros, en 2009 otros 75 millones de euros y 100 millones adicionales en 2010.
En las tres convocatorias con peores condiciones pidieron esta financiación más de 12.000 estudiantes. Ahora, transcurridos los diferentes periodos de carencia, las entidades financieras están reclamando la devolución de las cantidades, a pesar de que algunos de los deudores tienen situaciones laborales muy precarias.
Desde la asociación de afectados, que agrupa a 1.000 personas, explican que la inmensa mayoría de solicitantes no fue convenientemente informada sobre el progresivo endurecimiento de las condiciones de financiación.
Podemos solicita a Rajoy que ayude a los afectados
El grupo parlamentario Unidos Podemos - En Comú Podem - En Marea registró ayer una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados en la que se solicita al Gobierno de Mariano Rajoy que dé una solución a los centenares de jóvenes afectados por el crédito Renta Universidad.
Se trata de personas que pidieron esta financiación entre 2008 y 2011, confiando en que se mantenían las condiciones de la primera convocatoria (que incluía la posibilidad de no devolver el crédito hasta no alcanzar un cierto nivel de renta, e incluso su condonación a los 15 años).
Cuando el Partido Popular accedió al Gobierno en 2012 decidió cancelar las nuevas convocatorias del programa, pero no ha encontrado una solución para los más de 1.000 antiguos estudiantes que se han visto atrapados.
El exdiputado de Podemos por Murcia Javier Sánchez Serna fue el encargado de reunirse con el colectivo de afectados.
Una de las situaciones más difíciles que están afrontando estas personas es la recepción de cartas cursadas por entidades financieras –como Banco Santander o Unicaja–, en las que se les exige la devolución de la deuda y se les advierte de que pueden incurrir en intereses de demora con tasas que llegan al 22,5%.
Además, también se les anuncia que sus datos serán incluidos en ficheros de morosos –como el de Asnef–. Este tipo de bases de datos son compartidas por el sector financiero para evitar la concesión de préstamos a personas que han incurrido en impagos.
La plataforma de afectados ha reclamado al Ministerio de Educación que se haga cargo de las deudas contraídas por jóvenes que no pueden devolverlas.
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