La CE eleva el gasto casi un 10% en el marco presupuestario para 2021-2027
Bruselas quiere responder con unas cuentas expansivas a la consumación del 'brexit' El organismo plantea una tasa sobre el CO2 y sobre los residuos plásticos como vía de financiación
La Comisión Europea ha aprobado este miércoles el proyecto del marco presupuestario de la UE para 2021-2027 con un incremento de casi el 11% sobre el gasto previsto en el período actual (2014-2020). Bruselas quiere que las cuentas de la UE se conviertan en un signo de fortaleza tras la primera escisión del club (salida del Reino Unido en 2019) y en una señal de confianza frente a retos como la seguridad, la migración o la transformación digital.
El nuevo cuadro apunta a un presupuesto total de 1,1 billones de euros para la Unión de 27 socios (equivalente al 1,08% del PIB de la Unión), por encima del billón de euros presupuestado para 28 socios. Los compromisos del presupuesto (máximo que se podría gastar) elevarían las cuentas hasta el 1,11% del PIB comunitario.
La propuesta también redistribuye el gasto en detrimento de partidas como la política agrícola y cohesión (un 5% menos en cada una) para abrir espacio a nuevas prioridades como la migración (más de 33.000 millones), seguridad y defensa (25.000 millones) o política exterior (que aumenta hasta los 120.000 millones).
Aun así, el grueso del presupuesto seguirá copado por las dos políticas tradicionales. La agrícola se queda con 336.000 millones (desde los 400.000 millones actuales) y cohesión baja a 330.000 millones casi en el mismo nivel.
Bruselas también plantea nuevas fuentes de financiación para el presupuesto comunitario, que ahora dependen en casi un 80% de las contribuciones de los Estados miembros (el resto procede de aranceles e IVA).
La CE propone que se deriven hacia la caja comunitaria una parte (3%) de la futura base imponible común del impuesto de sociedades, el 20% de los ingresos del mercado de derechos de emisiones de CO2 y que se establezca una tasa europea sobre los residuos plásticos no reciclados (0,80 céntimos por kilo).
El documento aprobado por la Comisión es el punto de partida para una fiera negociación entre los 27 socios, con un previsible choque entre los partidarios de recortar el gasto (con Holanda y Austria al frente) y los que desean mantenerlo o ampliarlo (como Francia o España).
El departamento de Günther Oettinger, comisario europeo de Presupuestos, clasifica oficiosamente a los socios en tres bloques: amigos de la cohesión, amigos de la agricultura y amigos de los cheques o compensaciones a los países que más aportan. Y espera que la propuesta ofrezca satisfaciones suficientes a los tres grupos para facilitar su tramitación.
Pero aun antes de conocerse todos los detalles, varios países ya han expresado sus reservas. Holanda ha exigido que se mantenga el cheque que percibe en el período presupuestario actual, que reducen su contribución tanto nacional como en el porcentaje de IVA. Austria, que también se beneficia de esas rebajas, también ha manifestado este miércoles sus críticas a la propuesta de la CE.
El proyecto también levantará ampollas en los países de Europa central y del Este, en particular Polonia y Hungría, porque la CE ha aprobado un proyecto de Reglamento que permitiría suspender la entrega de fondos estructurales en los países donde colapse el Estado de derecho. Brusela ya tiene abierto un expediente por ese motivo contra Varsovia, por su presunta deriva autocrática, y el Parlamento Europeo ha pedido que se actúe por el mismo motivo contra Budapest.
La CE aspira a que el acuerdo definitivo se cierre en la cumbre europea de mayo de 2019 en Sibiu (Rumanía), para que sirva como respuesta a la consumación del brexit (marzo de 2019). El nuevo presupuesto, sin embargo, no entraría en vigor hasta 2021 por lo que es plausible que la negociación se prolongue hasta después de las elecciones europeeas (mayo de 2019) y que, incluso, tenga que ser retomada por la nueva Comisión (noviembre de 2019).
Un fondo anticrisis con cargo a la emisión de euros
El proyecto presupuestario de la CE incluye la creación de un Fondo Europeo de Estabilización de las Inversiones que dispondrá, inicialmente, de 30.000 millones de euros para préstamos a los socios de la zona euro que sufran una repentina y virulenta sacudida económica. Bruselas propone que los préstamos sean sin coste alguno para los países perceptores, por lo que los intereses, según la propuesta, se financiarían con los beneficios que los socios de la Unión Monetaria obtienen gracias a la emisión de euros a través del BCE. El señoreaje de la moneda común genera unos beneficios de unos 8.000 millones de euros al año, por lo que, en principio, solo una mínima parte de esa cantidad bastaría para cubrir los intereses de los préstamos.
Bruselas confía en que tras la puesta en marcha del fondo se amplíen sus recursos bien con cargo al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) o mediante mecanismos voluntarios adoptados por los Estados.
La activación del fondo, según la CE, debería ser cuasi-automática a partir del desencadenamiento de ciertas condiciones. Bruselas estudia proponer que el desencadenante sea una escalada abrupta de la tasa de paro.
