Nadal abre la puerta a que operadores extranjeros entren en las nucleares españolas
Energía segura que, pese al dictamen crítico, la CNMC coincide en que hay que regular el cierre de centrales El ministerio niega que su RD carezca de rango legal y se muestra partidario de la hibernación
El Ministerio de Energía ha quitado hierro al informe aprobado ayer por el pleno de la CNMC sobre su propuesta de real decreto que amplía los supuestos para autorizar el cierre de centrales de generación eléctrica. Pese a la dureza del dictamen, en el que el organismo supervisor asegura que el decreto carece de cobertura legal, es retroactivo, inconstitucional, conculca la legislación comunitaria y va contra la libertad de empresa, el departamento que dirige Álvaro Nadal considera que la CNMC comparte con el Gobierno la necesidad de "dar una solución regulatoria" a una posible avalancha de peticiones de cierre. En el alero está la posible clausura de plantas de carbón pero, sobre todo, las centrales nucleares, cuya vida útil irá caducando en la primera mitad de la próxima década.
Fuentes del ministerio aseguran que, aunque ninguna compañía ha solicitado el cierre de ninguna de estas instalaciones, sí es pública la intención de algunos operadores, como Iberdrola, "de no pedir la autorización de renovación de las licencias". Ante la dificultad de encontrar empresas en España que puedan gestionar hoy en día una central nuclear que no sea una de las tres grandes eléctricas (además de la propia Iberdrola, Endesa y Gas Natural Fenosa), las mismas fuentes aluden "al posible interés de operadores internacionales". Lo que indica que el ministerio, que reconoce que no ha habido contactos concretos, abre la puerta a la entrada de inversores extranjeros en el parque nuclear español, la mitad del cual es propiedad indirecta de la italiana Enel. Todo antes de permitir el cierre de plantas que pueden tener un efecto negativo sobre los precios de la electricidad o medioambientales.
En este sentido, reconocen "la preocupación" por Almaraz (la próxima que debe renovar) e insisten en la necesidad de valorar los permisos de cierre más allá de la simple seguridad de suministro. Y recuerda que la propia CNMC en un informe sobre competencia en el mercado mayorista mostraba su preocupación sobre "la titularidad de las centrales hidroeléctricas".
Lejos de admitir que el polémico real decreto en trámite carezca de rango legal, al no estar incluidos en la Ley Eléctrica los nuevos criterios para el cierre (además de la seguridad de suministro, que la ley sí establece, se incluyen razones de precio, competencia, medioambientales y de planificación), en Energía sostienen que la ley del sector ya incluye estos supuestos. Una interpretación que, en cualquier caso, debe despejar el Consejo de Estado, pues no es competencia de la CNMC entrar en asuntos legales, señalan las mismas fuentes, que recuerdan que el dictamen del organismo que preside José María Marín no es vinculante.
Pese a esta posición, el ministerio, que reconoce que la validez legal "es el principal escollo" del decreto, dice aspirar a encontrar el consenso político, que viene persiguiendo desde hace un año, que le permita aprobar estas medidas como un proyecto de ley. Pese a los intentos y presiones de Nadal, el grupo socialista ha rechazado dar su apoyo en esta cuestión.
La CNMC pone en cuestión la urgencia de la medida, dada la sobrecapacidad del sistema eléctrico. Algo con lo que no están de acuerdo los responsables del ministerio: "hay que regularlo de forma urgente -insisten-, pues existe la posibilidad de que se produzcan solicitudes de cierres relevantes" y de cara al proceso de transición energética y el nuevo esquema regulatorio comunitario. "No se puede permitir que algunos agentes aprovechen la ventaja de una ausencia de regulación.
Sobre algunas recomendaciones del dictamen, en el departamento de Nadal, dicen que ya se están cumpliendo o se está en ello, como la metodología para detectar problemas de suministro, "que ya hemos tratado con la CE" y la hibernación o cierre temporal de centrales. En este último caso, los efectos económicos podrían ser los mismos que los del cierre definitivo de plantas, indican en Energía, donde se muestran partidarios de la hibernación siempre que los titulares de las plantas no cobren por ello.
Tras negar que se trate de una medida retroactiva, como sostiene la CNMC, ni que contravenga la libertad de empresa, el ministerio se muestra dispuesto a modificar el polémico texto en cuanto a la simplificación de las subastas (a las que podrán acudir también las propietarias que pretendan cerrar la instalación).
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