El descontrolado impacto medioambiental de una demolición
Los escombros acaban en vertederos ilegales, pese a que una norma manda su reciclado Las empresas se quejan de la inacción de los municipios y la falta de criterios únicos entre ellos
La Comisión Europea está promocionando un protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición en momentos en los que el Gobierno prepara cambios al real decreto que regula esta actividad en España. El documento comunitario no es una directiva de aplicación obligatoria, sino únicamente un conjunto de recomendaciones que las empresas del sector esperan que sirva de guía a las comunidades autónomas y ayuntamientos, responsables en última instancia de velar por el cumplimiento de las normas medioambientales.
Gestos simples como depositar los plásticos en el contenedor amarillo y, los cartones, en el gris se han vuelto cotidianos, permitiendo que España avance en el reciclaje de la basura tanto doméstica como industrial, si bien todavía está muy por debajo de la media europea.
Pero existe otro tipo de desechos de tamaño considerable y flujo irregular al que se les ha prestado muy poca atención: los escombros generados por la construcción y demolición de edificios e infraestructuras de transporte.
Ladrillos, bloques de cemento, madera, cerrojos, muebles, sanitarios, tuberías, cables eléctricos... la gran mayoría de estos restos acaban mezclados en vertederos clandestinos a las afueras de las ciudades, a vista y paciencia de las autoridades.
La UE ha publicado un conjunto de recomendaciones justo cuando el decreto nacional está en revisión
Aunque no eran residuos de construcción, el incendio del depósito ilegal de neumáticos de Seseña, en Toledo, es un ejemplo de lo que puede llegar a ocurrir a causa de esa inacción. En el siniestro, acaecido en mayo de 2016, ardieron 88.000 toneladas de gomas que se habían estado acumulando allí durante 14 años, pese a sanciones, multas y advertencias.
Según Ecologistas en Acción, el incendio contaminó el área con sustancias tóxicas como el benzopireno, pero el estudio de una comisión de expertos en calidad del aire constituida por la Junta de Castilla-La Mancha desestimó esa posibilidad y dictaminó que tras los trabajos de recuperación, la parcela había quedado limpia de residuos contaminantes.
“El vertedero estaba clausurado cuando se declaró el incendio y se han dictado sentencias fijando multas a los responsables, pero un año y medio después nadie ha ido a la cárcel ni ha pasado nada”, lamenta José Blanco, secretario general de Aeded, la asociación española de demolición, descontaminación, corte y perforación.
El manejo de los residuos de construcción está fuera de control en España a pesar de que el Gobierno aprobó en 2008 un decreto que obliga a los promotores de edificios e infraestructuras a incluir en sus proyectos un estudio de gestión de desechos de construcción y demolición. Este debe estimar la cantidad de restos que se generarán (en toneladas y en metros cúbicos) y debe indicar cómo se separarán en el mismo lugar de la obra. Asimismo, debe valorar el coste previsto de esta gestión, incluyéndolo en el presupuesto, entre otros requisitos.
Como las competencias medioambientales han sido transferidas a las comunidades autónomas y ayuntamientos, corresponde a estas Administraciones vigilar por el cumplimiento del decreto. El problema, según Blanco, es que la mayoría de los más de 8.000 municipios que hay en España no cuenta con una ordenanza específica de gestión de restos de construcción y demolición (RCD).
A nivel de comunidades, País Vasco es la excepción –”son verdaderos campeones en reciclaje”–, pero hay otras, como Madrid, “que son una auténtica preocupación”, afirma. “Cuando uno se da una vuelta por la M-40 es fácil ver en cualquier salida vertederos ilegales a los que ya le está creciendo la hierba alrededor”, señala.
Hace mes y medio, el Ministerio de Medio Ambiente puso en revisión el real decreto 105 de 2008 a fin de mejorar su efectividad y adaptarlo a la Ley 22/2011 de residuos y suelos. La actualización tardará más de un año, pues debe pedirse la opinión de las comunidades autónomas y someterse a consulta pública.
Sin embargo, Blanco insiste en que lo más importante no es perfeccionar la normativa, sino asegurarse de que se cumpla, “con eso sería suficiente”. “En su momento, el decreto fue una norma adelantada a su tiempo, pero faltan mecanismos de seguimiento y control”, precisa.
Las cifras
45 millones de toneladas de residuos de construcción y demolición se producen todos los años en España, algo más de un millón por habitante.
6 millones son gestionadas en plantas asociadas a la Federación RCD. Otros 5 millones son tratados con garantías de valorización por otras empresas.
450 millones de euros ahorraría el país si todo el volumen se tratara correctamente.
Ricardo Cortés, director técnico de Seopan, dice que la asociación de constructoras y concesionarios de infraestructuras confía en que la nueva ley resuelva problemas como la necesidad de una definición inequívoca de productor y poseedor de residuos. De acuerdo con el decreto 105, el productor es cualquier empresa o persona que produce residuos y, el poseedor, el que los tiene en su poder y no ostenta la condición de gestor de desechos.
Pero, según la ley 22, el poseedor también puede ser el generador de escombros. Actualmente, cada municipio resuelve este conflicto a su manera, sin que exista un criterio único, que es lo que pide Seopan.
La asociación de constructoras y concesionarios espera también que la nueva ley contemple la reutilización de tierras y otros residuos inertes “de la manera más fácil y amplia posible”, exija un mayor rigor a los estudios de gestión de residuos que obligatoriamente debe incluir el proyecto de ejecución de obra, imponga la separación de materiales en origen y precise la definición de fin de residuo, entre otras medidas.
“A estas cuestiones operativas habría que añadir la necesidad de simplificar los aspectos burocráticos y de documentación inherentes a esta gestión, los trámites de los avales y su recuperación y, muy importante, la unificación de criterios en las comunidades autónomas y organismos locales en todos los aspectos, principalmente en lo referente al transporte, entrega y mantenimiento de los residuos”, detalla Cortés.
El decreto establece que los promotores están obligados a depositar una fianza a los municipios antes de acometer una obra para garantizar que los escombros serán tratados adecuadamente, pero de acuerdo con la Federación Española de Asociaciones de Valorización de RCD (Federación RCD), solo el 5% de los consistorios exije este aval. En otros casos, como la cantidad de residuos estimada en el proyecto de ejecución no cuadra con la realmente generada al final de la obra, la Administración se queda con la fianza y no la devuelve.
Según esta federación, alrededor del 75% de los escombros son tratados de forma incorrecta, ilegal y en muchos casos delictiva, produciendo graves impactos ambientales y paisajísticos, despilfarrando una materia prima necesaria y comprometiendo la existencia misma del sector del reciclado y valorización.
“De cualquier forma, y con las excepciones que toda generalización implica –aclara Cortés, de Seopan–, conviene diferenciar entre la gestión de los RCD que se generan en obras de infraestructura y la que se realiza en edificación y rehabilitación. En las primeras, fundamentalmente ejecutadas por empresas habituadas a las normas que rigen la contratación pública, que requieren más recursos y todo tipo de certificaciones, el manejo se realiza conforme a lo especificado en el decreto 105”, explica.
El verdadero problema se encuentra en la edificación, a menudo ejecutada por empresas pequeñas, que representa entre el 70% y 75% de las obras en España.
La actualización del decreto ha coincidido con la publicación por parte de la Comisión Europea de un protocolo de gestión de RCD. Aeded, Seopan y otras organizaciones empresariales y profesionales participaron en su presentación en Madrid en noviembre pasado.
De acuerdo con Bruselas, cada ciudadano europeo genera al año más de dos toneladas de escombros (hasta tres, según Cortés, de la Aeded). Para transformar esta montaña de residuos en una oportunidad económica y social, la Comisión ha elaborado el documento, que contiene una serie de recomendaciones.
El objetivo es que la Unión Europea ahorre cerca de 7.500 millones de euros anuales tratando mejor los materiales procedentes de las obras de construcción y demolición, teniendo en cuenta que se generan al año más de dos toneladas per cápita y el coste de cada una es de 10 euros.
En España, el impacto podría acercarse a los 450 millones, según la Federación RCD. “Hacen falta incentivos fiscales –no subvenciones– para el uso de materiales verdes en las licitaciones públicas, de manera que al contratista le compense usar un ladrillo u hormigón reciclado, aunque le cueste más caro”, dice Cortés.
