Informe de la CNMC sobre Castor
José María Marín, presidente de la CNMC.

La CNMC estudia si deja de pagar a Santander, Bankia y Caixabank la deuda de Castor

Nadal mantiene en los peajes de 2018 el derecho de los bancos a cobrar, pese al fallo del TC

El supervisor podría obligarles a restituir los 240 millones recibidos desde 2014

Los servicios jurídicos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) están preparando un informe para determinar si el organismo supervisor deja de pagar la deuda del almacén de gas Castor a sus acreedores (Santander, Bankia y Caixabank), y si estos bancos tienen que devolver los 240 millones de euros que han cobrado del sistema gasístico (léase, factura de los consumidores) desde 2014, año en que titulizaron la deuda de la planta clausurada por el Gobierno.

 Aunque el pasado 22 de diciembre el Tribunal Constitucional (TC) anuló varios artículos del real decreto ley del rescate financiero de Castor (concretamente, deja sin cobertura legal la indemnización al considerar que debía haber sido incluida en una ley y no en un real decreto ley), ese mismo día el Ministerio de Energía aprobaba la orden que fija los peajes del gas natural para 2018, que entró en vigor el 1 de enero. La deuda de la planta, 1.350 millones de euros, fue colocada por Enagás entre esas tres entidades en 2015 a un tipo de interés del 4,3% y a devolver en 30 años.

Con la excusa de que el trámite de la orden de peajes del gas (fechada curiosamente el mismo día 22 por Energía) se ha cruzado con la sentencia del TC, el ministerio que dirige Álvaro Nadal, ha mantenido en la misma la anualidad de 80 millones que los usuarios deben pagar en su recibo por Castor. Fuentes de este departamento aseguran que no se podía hacer de otra manera pues el fallo “solo tendrá efecto cuando esta se publique en el BOE, algo que se prevé para esta misma semana. Y la orden de peajes debía aprobarse antes del 1 de enero”.

La CNMC, institución encargada liquidar mensualmente a las empresas (en este caso, los bancos), los importes que tienen derecho a cobrar, se enfrenta a un dilema. Así, se encuentra entre la espada de una sentencia del Constitucional que ha dejado sin base legal la posibilidad de endosar a los usuarios una deuda que reciben los tres bancos, y la pared de una orden en la que figura el coste de la deuda de Castor.

En un principio, tal como indica un experto jurídico, la CNMC no tiene potestad para dejar de aplicar un reglamento (la citada orden), que solo pueden dejar sin efecto o un juez o el Gobierno. Sin embargo, a la vista de lo que pueda pasar el organismo que preside José María Marín, va a elaborar un informe para estudiar a fondo “la compleja” sentencia del Constitucional, que solo anula algunos de los preceptos del RDL de 2014.

Según fuentes del supervisor sectorial, “por el momento, en la liquidación provisional de enero, que se aprobará en febrero, se pagará”. Pero, una vez que se analice a fondo la situación, esta decidirá “si se sigue abonando como hasta ahora o se deja de pagar y, a través de una liquidación especial, se reclama a los bancos la devolución de lo que han recibido en los dos últimos años”.

La operativa, según indican las mismas fuentes, es similar a la que se siguió en su día con la retribución de las plantas de generación con purines, cuando una sentencia del Tribunal Supremo exigió la aplicación de un parámetro retributivo específico para ellas. En tanto el ministerio lo reguló, las instalaciones cobraron una remuneración a cuenta aplicando el antiguo parámetro.

Sin embargo, así como en aquel caso, el resultado fue una mejora de sus ingresos, en el de Castor, los acreedores tendrán que dejar de cobrar y devolver los importes: cuanto más cobren ahora, más tendrán que devolver. El Gobierno podría cumplir la sentencia del TC tramitando el rescate del almacén marino ubicado en las costas de Castellón, como un proyecto de ley en el Congreso. Algo complicado, si no imposible, dado que no tiene mayoría y difícilmente encontrará apoyos para un asunto tan polémico como el de este almacén de gas.

Por tanto, la Comisión no puede seguir cobrando a cuenta de una ley que podría no aprobarse nunca. En cualquier caso, sea cual sea la solución, parece que el Gobierno de Mariano Rajoy no podrá eludir una ley para encauzar dicha solución.

Posibles demandas

Si los bancos optan por presentar una demanda contra el Estado por haber legislado mal, y ganan su reclamación patrimonial, aquel deberá restituirles la deuda. Si es a través del Tesoro, esta debería incluirse en la Ley de Presupuestos y la pagarían los contribuyentes. Si opta por endosársela de nuevo al sistema del gas, también debería recurrir a una norma con rango de ley, y la pagarían los consumidores en la factura.

Lo mismo ocurrirá si, en lugar de recurrir a los tribunales, Santander, Caixabank y Bankia logran un acuerdo amistoso con el Gobierno. Un portavoz de Energía asegura que el ministerio, que “sigue estudiando el fallo, pero aún no ha llegado a ninguna conclusión”, no han recibido ninguna petición de reunión por parte de estos bancos con los responsables del departamento.

La interminable historia del almacén marino

En una sentencia del 22 de diciembre, el Constitucional anuló parcialmente los recursos del Parlamento; la Generalitat de Cataluña y 50 diputados socialista, contra el RDL de 2014 que establecía el rescate del almacén de gas Castor. El tribunal anula los artículos 4 a 6 que regulan el sistema compensatorio de la inversión que se había realizado en la planta ubicada frente a Vinaroz (Castellón). El Gobierno la había clausurado un año antes tras los microseísmos que se produjeron con las primeras inyecciones de gas.

El TCconcluye que no había justificación para que la compensación por Castor se incluyera en un RDL, pues no se trató de una situación urgente o de extraordinaria necesidad. Por tanto, debió tramitarse como un proyecto de ley en el Parlamento. Por contra, el fallo no pone en cuestión la hibernación ni la extinción de la concesión a Escal UGS (sociedad participada por ACS, con un 66% y la canadiense del mismo nombre, con un 33,3%, que construyó la planta) que pasó al Estado y posteriormente al oprador del sistema, Enagás.

Si quiere evitar un nuevo contencioso, el Gobierno deberá llegar a un acuerdo con los bancos acreedores de la deuda (Santander, Caixabank y Bankia) para devolverles una deuda que Enagás le cedió al 4,3% en2014. Un alto interés si se compara con el que van pagar las grandes operadoras del gas, que acaban de subastar la deuda de mil millones del déficit que arrastraba el sistema a poco más del 1%.

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