Recetas fiscales para reducir la desigualdad
España es el segundo país de la UE donde más ha crecido la disparidad de renta desde 2008
Por mucho que la OCDE haya revisado al alza sus perspectivas de crecimiento para la economía española por encima del 3%, por mucho que prevea que la tasa de paro en nuestro país se reduzca hasta el 14% en 2019, por mucho que algunos políticos se vanaglorien de que la recuperación ha llegado a todos los bolsillos, las alarmas hace tiempo que saltaron. Y no dejan de sonar. De hecho, a finales de la semana pasada Bruselas publicó un informe que coloca a España a la cabeza de la desigualdad por renta en la UE, del que también se desprende que la profundidad de esta brecha impide que cicatrice y deje de sangrar.
Mientras que en la UE el 20% de los mejor retribuidos gana cinco veces más que el 20% de los que perciben menores rentas, en España esa proporción es un 30% superior, llegando a las seis veces y media. Por ello, el Ejecutivo comunitario advirtió de que en nuestro país no se han restablecido los niveles de igualdad por renta previos al estallido de la crisis.
En este sentido, y de acuerdo a un reciente estudio de Oxfam Intermón, desde 2008 España ha sido el segundo país de la UE donde más ha crecido la desigualdad de renta –20 veces más que el promedio europeo–. Ese mismo análisis señala que si antes de la crisis las familias aportaban el 74% del total de los impuestos recaudados, el año pasado contribuyeron con el 83%. Al mismo tiempo, la aportación de las empresas se redujo desde el 22% en 2007 hasta el 12% en 2016. Es decir, el rediseño del sistema fiscal, lejos de reducir la desigualdad, no deja de acentuarla.
Tan cierto es que el número de millonarios en España se ha incrementado un 60% desde 2008 como que las personas que cobran menos de 1.000 euros al mes han aumentado en 1,4 millones durante los últimos cuatro años. Datos que refrendan que vivimos en un país peligrosamente desigual en el que, de acuerdo al último barómetro fiscal del CIS, el 87% de los ciudadanos considera que no pagan más impuestos quienes más tienen.
No obstante, y como señala el Fondo Monetario Internacional en un reciente informe, un cierto grado de desigualdad resulta inevitable en un sistema económico de mercado aunque, si éste fuera excesivo, erosionaría la cohesión social, acentuaría la polarización política y terminaría torpedeando el avance de la economía.
Crecer de forma inclusiva es posible. Sin embargo, la confección del sistema fiscal no contribuye a ello. Y eso que es, precisamente, en la política fiscal donde se encuentran las mejores armas para luchar contra la cada vez más acuciante desigualdad social. Pero en España, desgraciadamente, ser rico sale barato.
Durante los últimos años, la progresividad de los sistemas tributarios ha ido retrocediendo de forma notoria. Y las tasas de tributación marginal aplicadas a los perceptores de los mayores ingresos tendrían que ser significativamente más altas que las actuales.
España, en concreto, se encuentra posicionada en el puesto 17 del ranking europeo de los tipos marginales máximos en los IRPF de los países comunitarios. En otras palabras, nuestro país tiene un amplio margen para subir los tipos a los beneficiarios de las mayores rentas. Lo propone el propio FMI, quien también revela que los rendimientos del capital están distribuidos con más desigualdad que las rentas del trabajo y de actividades económicas.
El IRPF a día de hoy es, prácticamente, el único impuesto que dota de progresividad a nuestro sistema. En contra de lo que convendría, las últimas reformas impositivas han trasladado la carga fiscal de la imposición directa a la indirecta –lo que ahonda la brecha de la desigualdad–. Y en la directa, de la que afecta a las rentas del capital a las del trabajo. De manera que si no se invierte la tendencia, el sistema fiscal acabará basándose en la proporcionalidad, con la misma presión impositiva para cualquier renta, con independencia de su cuantía.
Para cumplir con los principios de equidad y progresividad proclamados en el artículo 31.1 de la Constitución, sería recomendable reducir la actual dualidad del IRPF, que favorece a las rentas de capital frente a las del trabajo y las actividades económicas. De igual modo, en aras de estrechar la brecha, convendría eliminar las reducciones de la base imponible por aportaciones a planes de pensiones y otros sistemas de previsión social, sustituyéndolas por una deducción de cuota, y aumentar el número de tramos de la tarifa del IRPF.
A este respecto, resulta muy ilustrativo observar la evolución que en España ha tenido la escala de gravamen del IRPF, tanto en lo referente al número de tramos como en lo que afecta a los tipos aplicables. De hecho, en la primera década desde el nacimiento de este impuesto, los tipos marginales máximos se situaron cerca del 70%, para reducirse en la siguiente hasta el 55% aproximadamente. A partir del año 2000, fueron descendiendo hasta el actual 45%. Los tipos mínimos, en cambio, se han mantenido en torno al 20%, tras una primera década en la que llegaron a situarse por debajo del 10%. En la actualidad, están en el 19%. Todo ello, al margen de las diferencias por Comunidades en los tramos autonómicos.
Por otra parte, en cuanto a la evolución del número de tramos del IRPF se refiere, llegó a tener más de 30 para descender, posteriormente, hasta los 15. Hoy en día existen cinco tramos en la escala estatal.
Finalmente, y más allá de que la desigualdad se reduciría dotando de mayor equidad al sistema tributario, la presión fiscal en nuestro país es del 34,6%, frente al 40% de media de la UE. Una diferencia que provoca un agujero por el que España deja de ingresar, cada año, 60.000 millones de euros, una suma lo suficientemente importante como para, bien empleados, lograr un país más justo e igualitario.
Carlos Cruzado es Presidente de los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha)