Relaciones bilaterales

EE UU absorbe el 11% de la inversión española desde el inicio de la crisis

Banca, energía, e infraestructuras copan las mayores operaciones

La economía estadounidense se afianza como el primer socio comercial fuera de la UE

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Las medidas proteccionistas de Donald Trump para proteger a las empresas estadounidenses y penalizar a las del resto del mundo pueden acabar con unas relaciones bilaterales que habían cogido velocidad de crucero, especialmente desde el inicio de la crisis.

La querencia de las empresas españolas por vender en el mercado europeo se ha mantenido sin cambios. En 2008, dos terceras partes de las exportaciones de bienes y servicios se destinaban a la UE y nueve años después, el porcentaje sigue siendo exactamente el mismo. La estrategia de los distintos gobiernos por diversificar geográficamente las ventas de las empresas en el exterior no ha surtido el efecto deseado, salvo en el caso de EE UU, que se ha afianzado como el socio más importante fuera de la Unión Europea.

En 2008, las exportaciones a EE UU ascendieron a 7.544 millones de euros, lo que suponía el 4% del total mundial. Hasta 2016 han crecido un 50% y se han situado en 11.327 millones de euros. Sin embargo, las ventas al exterior de España también se han incrementado un 36% en el mismo período, por lo que el porcentaje que representa EE UU dentro de las exportaciones mundiales apenas ha subido una décima (4,1%) del total.

En el primer semestre de 2017, las ventas de bienes a EE UU se han acelerado un 10,6% anual, representando ya el 4,5% de las exportaciones españolas. Los sectores que más bienes venden a EE UU son el de bienes de equipo, con 1.603 millones de euros, seguido por manufacturas (1.576) y alimentos (910). Todo ello pese a las fuertes trabas impuestas por el Ejecutivo de EE UU a la entrada de bienes españoles. Los datos del Ministerio de Economía apuntan que hasta finales de noviembre se habían elevado 236 denuncias por proteccionismo comercial, lo que supone la cifra más elevada desde que se empezó a elaborar este registro en 2011. El número de reclamaciones presentado este año cuadruplica el de todo 2016 y refleja la corriente defensiva llevada a cabo por EE UU para proteger a sus empresas. La más relevante ha sido el arancel impuesto a los productores de aceituna negra españolas, que llega hasta el 8% del valor de la exportación, por vender por debajo de precio de mercado.

Pero el principal foco de preocupación está en la inversión. Desde el inicio de la crisis, las empresas españolas han invertido 85.269 millones de euros en EE UU, lo que representa el 11% del total de las operaciones cerradas en ese período. La posición inversora neta de España, descontadas las inversiones, supera ya los 60.000 millones de euros. “Ello indica la apuesta que las empresas españolas vienen realizado por este mercado”, subraya el último informe de la oficina económica y comercial Muchas de ellas se han visto acompañadas de la creación de filiales en el extranjero, que son precisamente las que se van a ver más afectadas por las limitaciones a las operaciones intragrupo, especialmente en lo referente a las restricciones para la repatriación de dividendos. Por sectores, energía, inmobiliario y financiero encabezan las operaciones. Especialmente significativa es la participación del sector privado en la licitación de obras y servicios en EE UU, donde han logrado contratos por 26.000 millones de euros entre 2012 y 2016.

Doble imposición y evasión fiscal en compás de espera

El 22 de julio de 2014 se aprobó en el Congreso el protocolo que actualizaba el Convenio entre España y EE UU para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal, que databa de 1990. El nuevo texto mejoraba el tratamiento a las ganancias de capital, a los cánones y a los dividendos. El acuerdo, sin embargo, carecía de valor legal hasta que no se ratificara en los parlamentos de ambos países. Un trámite rutinario que se ha encontrado con un obstáculo: el senado republicano Rand Paul. La legislación estadounidense permite que un solo senador pueda vetar un acuerdo de doble imposición.

Paul considera que estos convenios vulneran derechos individuales al facilitar información de contribuyentes americanos a otros países. Con ese argumento, ha paralizado el convenio entre España y EEUU sine die y también lo ha hecho con los pactos fiscales firmados por EE UU desde 2010 con Suiza, Luxemburgo, Hungría, Chile, Polonia, Japón, Noruega y Reino Unido.

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