Los exportadores detectan un repunte del proteccionismo comercial

Presentan 236 denuncias por barreras al comercio, la cifra más alta de la serie histórica

Alimentación y servicios, los sectores más afectados por los límites fuera de la UE

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El establecimiento de un arancel en EE UU a varios productores españoles de aceituna negra por vender supuestamente por debajo de precio de mercado es solo el último episodio de la ola de proteccionismo comercial impulsado desde que Donald Trump llegó a la presidencia de EE UU hace casi un año, convirtiéndose en el adalid del aislacionismo comercial. En primer lugar enterró las negociaciones lideradas por Barack Obama para sacar adelante el tratado de libre comercio entre EE UU y la UE, conocido como TTIP; posteriormente dejó en suspenso el acuerdo que iba a liberalizar los intercambios comerciales entre 13 países americanos y asiáticos y ahora está decidido a renegociar el NAFTA, en vigor desde hace 23 años y que liberalizó las ventas y compras de bienes entre EE UU, México y Canadá.

Un informe de la aseguradora de crédito Euler Hermes advierte que este año se van a aplicar 400 nuevas medidas proteccionistas, de las que casi una cuarta parte (87) proceden de EE UU. El informe resalta este último dato, ya la economía estadounidense representa el 30% del consumo privado mundial, y señala como principales perjudicados a China y Canadá.

El virus del proteccionismo, sin embargo, se ha extendido más allá de EE UU y amenaza con ralentizar el crecimiento exponencial del sector exterior en España desde 2009. Desde esa fecha, las ventas de bienes al exterior han crecido de forma ininterrumpida y han pasado de los 159.889 a 254.530 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 59,1%. Entre enero y septiembre, las exportaciones han crecido un 9,1% respecto al mismo período de 2016, con lo que podrían cerrar el año superando los 277.000 millones de euros, un nuevo máximo histórico.

El principal obstáculo en el horizonte son las barreras arancelarias o no arancelarias detectadas por las empresas españolas fuera de la UE. Los datos del Ministerio de Economía apuntan que hasta finales de noviembre se habían elevado 236 denuncias por proteccionismo comercial, lo que supone la cifra más elevada desde que se empezó a elaborar este registro en 2011. El número de reclamaciones presentado este año cuadruplica el de todo 2016 y refleja la corriente defensiva llevada a cabo por muchos países para proteger sus bienes y servicios.

En el análisis por sectores destaca el de los alimentos, en el que se han presentado hasta 26 denuncias en 15 países diferentes. Destaca el caso de Japón, en el que se han planteado cuestiones muy diversas, como la prohibición de utilizar determinados aditivos que son de uso común en el resto del mundo, las dificultades para que los productos ecológicos en España obtengan la misma calificación en Japón o el establecimiento de un límite máximo de residuos químicos. Las ventas de alimentos a Japón suponen el 25% del total de las exportaciones españolas a ese país y llegan a 640 millones, el 1,6% de las ventas a todo el mundo. Las empresas consultadas por este periódico esperan que estas barreras se limiten o desaparezcan en la negociación del tratado de libre comercio entre la UE y Japón, que debería entrar en vigor el 1 de enero de 2018. Los exportadores han encontrado barreras en otros catorce países, que van desde aranceles excesivos en el caso de Uruguay, restricciones a la importación en Ecuador o la necesidad de autorizaciones previas en Bolivia. 

En el caso de los servicios, Suiza es el país que más restricciones presenta para las empresas españolas, con más de 18 denuncias diferentes a lo largo de este año. Las reclamaciones se centran fundamentalmente en la interminable lista de requisitos que se le solicitan a las empresas españolas prestadoras de servicios, a la cual consideran “como una desventaja competitiva frente a las empresas suizas”. Están obligadas a dar un preaviso de ocho días a las autoridades suizas del trabajo que van a realizar, mientras que los trabajadores autónomos están obligados a llevar consigo un documento que acredite su condición de empleado por cuenta propia. Los exportadores españoles también se quejan de un régimen sancionador demasiado opaco y de la existencia de listas negras, que prohiben la realización de actividades durante cinco años.

El tercer sector más afectado ha sido la industria, con otras cuatro denuncias. La más relevante procede de EE UU que, al igual que sucedió con la aceituna negra, ha establecido un arancel sobre las exportaciones españolas de bridas de acero al carbono, utilizadas en el proceso de fabricación de tuberías para edificios y oleoductos.

El establecimiento de la medida defensiva, que fija un arancel que va desde el 18,8% al 24,4% según los fabricantes afectados, procede de una denuncia de una compañía estadounidense presentada a mediados de 2016. También destaca la prohibición del ejecutivo de Bolivia de comprar coches usados o diesel. En el primer caso lo justifica por un parque automovilístico sobredimensionado que puede poner en peligro el suministro de combustible, mientras que en el segundo lo hace por el elevado coste fiscal que tiene la subvención del gasóleo. Argelia amplía la limitación de Bolivia más allá de los coches y la extiende a bienes de equipo, de consumo o maquinaria de obra pública.

El principal escollo que están encontrando las empresas españolas es el acceso limitado a las compras públicas, ya que los países que no han firmado el Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio (OMC) no están obligados a regular esas licitaciones. En lo que va de año se han presentado diecisiete reclamaciones en países tan diferentes como Argentina, Suiza, Angola, Arabia Saudí, Brasil, Suráfrica, Argelia, entre otros. Un ejemplo que ilustra la imposición de estas barreras es Arabia Saudí, en el que el 30% del valor de los contratos públicos tiene que ir para un productor local, en el que una parte muy importante de la mano de obra (depende del sector y del tamaño) tiene que ser saudí y en el que se da preferencia al proveedor local, aunque su precio sea un 10% superior al español.

Las empresas reclaman una mayor cobertura de riesgos

Exportar o invertir puede ser una actividad de riesgo en función del país de destino que se elija. Para cubrirse las espaldas ante posibles riesgos, las empresas suelen apoyarse en seguros de crédito a la exportación y el organismo que tiene la misión de gestionarlos por cuenta del Estado es Cesce. Se trata de una sociedad anónima público-privada, participada en un 50,25% por el Estado, un 45,20% por entidades financieras y un 4,55% por compañías de seguros.

Antonio Bonet, presidente del Club de Exportadores e Inversores, subraya el importante papel que cumple este organismo, aunque considera que es necesario revisar los techos de cobertura máxima fijados en algunos países. “Cesce tiene un techo global y un techo para cada país, con especificidades en función de si las operaciones son a corto o largo plazo. Financia muy bien y estamos muy cómodos con el techo global, pero consideramos que debería revisar los techos de cobertura en algunas naciones determinadas”, apunta en una entrevista con Cinco Días.

Bonet precisa que la posición competitiva de las empresas españolas se ve perjudicada por la escasa dotación en determinados países y pone como ejemplo Cuba. “Francia está haciendo una política muy agresiva a través de Coface, la mayor aseguradora de crédito del país vecino, y el techo que ha puesto a las coberturas de riesgo es muy superior al de España, lo que supone una desventaja para las empresas”. Respecto a la posibilidad de que Cesce sea privatizado, tal y como sucedió con Coface en Francia, considera que debe seguir siendo pública. “La mayoría de sociedades de este tipo en nuestros competidores son públicas. Si en España es una sociedad privada, corremos el riesgo de que no se llegue de forma agresiva a todos los mercados y de tener una posición poco competitiva.

El presidente del Club de Exportadores e Inversores, cuyos socios facturan 250.000 millones de euros al año y emplean a 800.000 trabajadores, incluye entre los posibles candidatos a ver mejorado su techo de cobertura a los países de África y justifica su elección por la inminente presentación de un Plan África, diseñado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, “en el que por primera vez en la historia, el continente africano es contemplado como un socio comercial para hacer negocios y no un enclave para la ayuda al desarrollo”.

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