El Parlamento recupera poco a poco la actividad legislativa

En 2016 se aprobaron dos leyes orgánicas y siete RD- ley

Este año se publicaron diez leyes y se consensuaron grandes reformas

Pleno del Congreso de los Diputados. Un momento de las votaciones.
Pleno del Congreso de los Diputados. Un momento de las votaciones. EL PAÍS

Después de un “año en blanco” (en 2016 la producción legislativa fue prácticamente inexistente), la actividad parlamentaria ha ido activándose poco a poco de nuevo. Con varios proyectos de ley aún en tramitación, y a falta de un mes para que finalice el año, el Parlamento ha aprobado en 2017 diez leyes, una de ellas orgánica, lo que supone volver gradualmente a la senda de la normalidad.

Muy lejos aún de las cifras de años anteriores a la crisis parlamentaria de 2016 (en 2015, por ejemplo, se aprobaron 48 leyes ordinarias y 16 leyes orgánicas), 2017 se ha caracterizado por la necesidad de alcanzar consensos para sacar adelante grandes reformas pendientes. En el ámbito administrativo la Ley de Contratos del Sector Público, que entrará en vigor en marzo de 2018, y en el del empleo autónomo, con la aprobación de esperadísima Ley de reformas urgentes del trabajo autónomo.

Esto respecto a las leyes en el Parlamento, porque el Gobierno ha dictado este año un total de 19 disposiciones con rango de ley, los llamados reales decretos leyes, aprobados directamente por el ejecutivo y posteriormente ratificados en el Congreso. El ejecutivo ha logrado sacar adelante sus iniciativas legislativas en cuestiones como la simplificación del cambio de sede social de las compañías, la aprobación del nuevo canon digital o la obligación, proveniente de Europa, de que las grandes empresas y grupos incluyan en su reporte anual información no financiera como, entre otras cuestiones, la relativa a su personal (igualdad de género, respeto a Convenios OIT, diálogo social y con las comunidades locales). Pero, a pesar de ser un instrumento normativo con el que el ejecutivo cuenta con un margen más amplio de maniobrabilidad, la debilidad del Gobierno se ha puesto en evidencia en determinadas ocasiones, la más clara cuando el Congreso tumbó el primer decreto de la estiba, obligando al ejecutivo a negociar de nuevo con el sector.

Modificaciones urgentes

En otras ocasiones las leyes aprobadas respondían a una necesidad o urgencia provocada por las decisiones de los organismos europeos o del tribunal de justicia de la Unión Europea. Un giro interpretativo sobre el IVA aplicable a las minutas por turno de oficio, que tenía su origen en una sentencia del tribunal europeo de julio de 2016 sobre un asunto belga, precisó la modificación de la ley de asistencia jurídica gratuita. Contenía la reforma legal necesaria para evitar que el turno de oficio estuviera afectado por el IVA.

Por otro lado, España fue denunciada ante el tribunal de justicia europeo el pasado mes de abril por acumular un año y medio de retraso en la implementación de la directiva de contratos de créditos hipotecarios. Exigía una modificación de la ley hipotecaria para trasladar a nuestra normativa las garantías que protegen al consumidor que firma una hipoteca en Europa. La sanción a la que se expone España si finalmente recae una condena puede llegar a suponer 100.000 euros diarios. El Gobierno aprobó en el mes de noviembre el proyecto de ley de crédito inmobiliario, que se encuentra actualmente en trámite parlamentario, con el fin de evitar esta posible sanción.

Todo lo relacionado con la abundante litigiosidad que a menudo resulta de la mala praxis bancaria pinchando aquí

Próximas leyes

  • Contratos de crédito inmobiliario. Su objetivo es reducir los gastos asociados a modificaciones en los contratos hipotecarios y reforzar la transparencia. El proyecto de ley prevé que se aplicará también a los autónomos.
  • Protección de datos. El Reglamento europeo se aplicará a partir del próximo 25 de mayo de 2018. Entre las novedades,destaca la potenciación de la figura del delegado de protección de datos.
  • Orden europea de investigación. Introduce las disposiciones de la directiva comunitaria correspondiente, con lo que se facilita la obtención de pruebas en casos judiciales de dimensión transfronteriza.
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