¿Hay voluntad política para aligerar la presión fiscal?
En España es casi seis puntos menor que en la UE, pero hay otros factores que aconsejan aligerarla
Como sabemos, la presión fiscal es el porcentaje que los impuestos representan respecto al PIB; porcentaje que, en el caso de España fue, en 2015, de un 34,6%, casi seis puntos por debajo de la media de la UE. Pero ¿es relevante este dato? o, mejor, ¿es homogéneamente comparable? Personalmente pienso que no. Lo importante es que cada Estado obtenga los recursos suficientes para sufragar las políticas de gasto que objetivamente son razonables financiar con parte de la riqueza que este genere. La clave, pues, no es alcanzar un determinado porcentaje, sino fijar la cuantía de los recursos que se necesitan; cuantía cuyo logro dependerá del PIB que ese Estado sea capaz de generar, esto es, de la riqueza que objetivamente sea susceptible de producir.
Lo primordial, por tanto, consiste en crear un marco social, económico y ético que permita y promueva de forma estable y sostenible la creación de riqueza. Pero mucho más necesario es que esta sea socialmente admitida como algo consustancial a la prosperidad de un país y de sus ciudadanos; como algo positivo. En este contexto, el PIB de un país está condicionado por las circunstancias concretas que en este concurren. No es lo mismo, por ejemplo, la capacidad de generar riqueza de un Estado con un alto porcentaje de envejecimiento poblacional, con bajas tasas de natalidad, o con un alto porcentaje de paro estructural.
Como no es tampoco lo mismo un Estado con un bajo porcentaje de fraude que otro con un porcentaje alto, un país que apueste por el I+D, o que lo haga por la emprenduría. El análisis porcentual de la presión fiscal ha de ir pues acompañado de estas importantes precisiones. De lo contrario, ni el porcentaje en sí mismo ni su comparativa aportan mucho más que una fotografía no muy homogénea más allá de los conceptos objetivos que integran la ecuación.
Conviene insistir en la relatividad del porcentaje en sí mismo ya que lo importante es fijar la cifra de recursos que en términos absolutos son necesarios y posibles. Fijada esa cifra, las vías para alcanzarla son varias teniendo siempre presente que no existe ninguna obligación moral a tener una presión fiscal igual o superior a la media de la UE. Lo importante es obtener los recursos suficientes para sufragar el gasto que nuestro Estado Social necesita en función de las circunstancias objetivas que en cada caso concurren con independencia de cuál sea el porcentaje de presión fiscal resultante. Por tanto, la principal medida es crear el necesario marco estable y de confianza para que nuestro PIB sea mayor, opción que no exige necesariamente ningún aumento de impuestos, sino, incluso, reducirlos.
Existen también otras vías que no requieren aumentar los tipos impositivos, sino ampliar las bases sobre las que estos se aplican, esto es, ensancharlas, mediante la revisión y drástica reducción de las exenciones, reducciones e incentivos fiscales, revisión, eso sí, que hay que contextualizar en el proceso de una reforma global de nuestro sistema tributario. No en vano, se afirma con razón que a pesar de que este último es, en términos de tipos nominales, de los más altos de Europa, su poder recaudatorio es bajo.
Otra vía, complementaria a la anterior, es buscar alternativas a la elusión en el Impuesto sobre Sociedades (IS) en un mundo globalizado y en plena competencia fiscal, alternativa como la de un impuesto mínimo sobre la cifra de ventas nacional para aquellas sociedades que operan en el tráfico internacional; alternativas que hay que encontrar también para el remansamiento ocioso de beneficios en el IS que, al no distribuirse, produce un efecto importante en la recaudación y una quiebra de la equidad en el tratamiento de los beneficios empresariales.
Alternativa, también, que hay que pensar para evitar la fuga de rentas “no afectas a ninguna actividad económica” del IRPF al IS con una importante incidencia en la recaudación. Y todo, claro está, además de la necesaria y persistente lucha contra el verdadero fraude fiscal, esto es, con la ocultación intencionada de ingresos a la Hacienda Pública.
En definitiva, se trata de crear un marco favorable para la riqueza y de encontrar alternativas que, sin aumentar los tipos, o incluso, disminuyéndolos, nos permitan recaudar más y aligerar la excesiva presión fiscal que soportan hoy las rentas del trabajo dilapidando la contratación; alternativas que nos permitirán además redistribuir de verdad la progresividad, ya que no es suficiente que el sistema sea progresivo, sino que aquella se distribuya adecuadamente entre los diferentes contribuyentes y niveles de renta. ¿Pero, hay voluntad política?
Antonio Durán-Sindreu Buxadé es profesor de UPF y Socio Director DS