El bitcoin deberá dejar de ser opaco para triunfar
Las monedas clásicas coexistirán con las virtuales como instrumento especulativo Las 'blockchains’ privadas se conectarán entre sí creando ecosistemas financieros sin intermediarios
El pasado enero, funcionarios del Banco de China urgían a los administradores de los grandes bancos de bitcoins (BTCC, Huobi y OKCoin) a cumplir reglamentaciones nacionales de 2013 que consideraban estas criptomonedas como activo virtual, y no como moneda de curso legal; y advertían del riesgo de perder la inversión debido a su extrema volatilidad. El pasado 4 de septiembre, el mismo banco central calificaba las ofertas de emisión de monedas virtuales (ICO, en argot), como ilegales y perniciosas para la estabilidad financiera, lo que causó un descenso superior a 35 millones de dólares en la capitalización de su mercado secundario, si bien solo en julio y agosto la inversión aumentó en más de 750 millones.
Mientras algunos observadores entienden el prohibicionismo del regulador chino como benéfica protección de ciudadanos y agentes económicos, otros prefieren la línea más tolerante, aunque cautelosa, del supervisor bursátil estadounidense (SEC), que, ambiguamente, declara los tokens o activos digitales monetizados en cadenas de bloques de datos encriptados (blockchain) como posibles valores negociables. Esta tibia posición no ha disuadido suficientemente a los emisores más osados, ni a los diseñadores de la innovación en activos virtuales.
Por otra parte, el propio Gobierno chino ha enviado una delegación estos días a EE UU para potenciar su conocimiento y testar una moneda digital en blockchain. Sin embargo, momentáneamente, estas limitaciones están ralentizando los servicios de trading y la demanda de negociación de criptomonedas, especialmente en el conocido mercado OTC BitKan. Entretanto, en Europa proliferan los proyectos de autorización de mercados de activos basados en tecnologías de registro distribuido (DLT).
No cabe dudar que estas tecnologías, ya bien conocidas y en fase de experimentación en España por la mayoría de las grandes empresas cotizadas (no solo tecnológicas o bancos), se diseñan para operar sobre big data, con plena seguridad. Sin embargo, el secreto que garantizan respecto a la identidad de quienes operan en las cadenas de bloques (blockchain) conlleva como contrapartida niveles de opacidad que, precisamente como reverso de la moneda de la seguridad, crean espacios de ocultación tributaria o administrativa, cuyas repercusiones públicas negativas hacen vital la regulación pública de las monedas virtuales y de las tecnologías que las soportan. En tanto no se desarrolle y consolide esa regulación, tanto bancaria como del mercado de capitales, e incluso de derecho privado relacionado, en complejos y múltiples aspectos concernidos (privacidad, identidad digital y derechos de propiedad intelectual, contratación electrónica, régimen de pagos telemáticos, regulación de política monetaria, derecho procesal relativo a los mecanismos de prueba de las operaciones involucradas…), no parece que el comercio de criptomonedas vaya a sustituir al tráfico actual de monedas y divisas, independientemente del tiempo que tarden los mercados y operadores en asumir el cambio tecnológico.
Las ventajas de la tecnología de registros distribuidos (DLT) o blockchain (en la que descansa bitcoin) son impresionantes para todo tipo de usuarios. Si se trata de inversores, estos podrán en unos años contratar directamente entre sí sin necesidad de recurrir a intermediarios (ni siquiera los que hay actualmente en el mercado de bitcoins), y podrán comprar o vender otros tipos de valores nuevos (en argot, tokens) sin tener que pagar comisiones a brókeres o mediadores financieros.
Por tanto, la tecnología DLT no solo sirve para operar con criptomonedas (bitcoins, Ether u otras parecidas), sino para crear múltiples tipos de mercados financieros. Cuando el público se pregunta si las monedas virtuales hoy conocidas son una buena inversión debe recordar que en pocos años habrá, junto a ellas, otras alternativas en valores virtuales registrados de forma segura en registros DLT o blockchains, algunas de las cuales serán de acceso público y otras de acceso limitado o restringido a determinados tipos de operadores (algunas de estas se están ensayando experimentalmente en España y en Estados Unidos).
Una de las preocupaciones del inversor en bitcoins, la de su convertibilidad en moneda de curso legal con el tiempo, es en realidad ficticia, pues, aunque el legislador pudiera reconocer como tales a estas pseudomonedas, en realidad son activos intangibles con características (limitación de cantidad, generación criptográfica, control por los creadores de la blockchain pública) que no las hacen aptas para sustituir o desplazar a las actuales divisas de curso legal. Lo cual no obsta para que los pagos de curso legal se vayan digitalizando, e incluso, a la vez que se reduce el tráfico de monedas y billetes, aumente el de pagos digitales, e incluso el de dinero electrónico, que carece de entidad material y es emitido por entidades autorizadas por los bancos centrales (las EDE o entidades de dinero electrónico).
En definitiva, las monedas clásicas subsistirán y coexistirán con las virtuales como instrumento especulativo, de igual modo que los valores bursátiles o negociables clásicos coexistirán con los nuevos tokens generados en DLT, en mercados de conexión directa entre operadores o “nodos” como los que ultiman ahora los impulsores del proyecto Lyra, reconfigurado por expertos en blockchain y diversas empresas cotizadas durante los últimos meses para aparecer en pocas semanas como asociación de derecho privado, que auspician tanto Bolsas y Mercados españoles como los supervisores (BE, CNMV). La tecnología empleada en ese proyecto es DLT, sistema de encriptación de datos con doble clave que se considera segurísimo, pues tales datos se incorporan a una base compartida por muchos (blockchain), en la que se registran de forma prácticamente indeleble y accesible a determinadas personas autorizadas o nodos. Se trata de una blockchain privada nacional, distinta de las públicas o de acceso universal como las que sustentan las criptodivisas.
En pocos años, diferentes blockchains privadas (nacionales o regionales) se conectarán creando ecosistemas financieros sin intermediarios (brókeres, bolsas de valores) para operar directamente y a coste mínimo desde sus nodos, según reglas de mercado y tecnológicas específicas; múltiples retos regulatorios acechan a las administraciones públicas, que crearán nuevos mecanismos supervisores sobre estos espacios de contratación.
Javier Wenceslao Ibáñez es codirector de la Cátedra Garrigues de Derecho de Sociedades de la Universidad Pontificia Comillas