El Consejo de Ministros recurrirá la ley catalana de comercio

Asegura que la limitación horaria no se ajusta a la ley estatal

También critica el régimen lingüístico que se impone para el comercio

Escaparate de una tienda en Barcelona.
Escaparate de una tienda en Barcelona.

El Consejo de Ministros llevará la Ley de Comercio, Servicios y Ferias de Cataluña ante el Tribunal Constitucional. El portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, anunció este viernes que el Gobierno interpondrá un recurso por el nuevo marco regulatorio autonómico aprobado en el pasado mes de julio.

En concreto, la respuesta del Gobierno central se centra en dos aspectos de la Ley: los horarios comerciales y el régimen lingüístico. En el primero de los casos, el Gobierno entiende que "volnera el orden constitucional" y la Ley de Horarios Comerciales.

La Generalitat limitaba a 75 horas semanales (tres más que en el anterior texto) el horario comercial. El marco estatal eleva esta limitación hasta las 90 horas. Cabe destacar que la anterior redacción de esta ley, de 2014, ya fue suspendida por el Tribunal constitucional.

Además, la ley ahora recurrida impone de forma general, que todo el comercio deberá cerrar a las nueve de la noche entre octubre y mayo, y a las diez el resto de meses. La regulación limita a ocho domingos y festivos los que está permitida la apertura, frente a otras regiones que lo han liberalizado, y permite a los Ayuntamientos fijar otros dos días.

La ley catalana incluía además limitaciones en cuanto a los periodos de rebajas, frente a un marco estatal en el que están liberalizadas desde 2012.

Los pequeños comerciantes catalanes apoyaron esta ley, pero contó desde el principio con el rechazo frontal de las grandes superficies, lideradas por Anged, la patronal de empresas como El Corte Inglés, Carrefour, Leroy Merlin o Fnac. La organización empresarial señaló que se trataba de una ley "anclada en el pasado".

En segundo lugar, el Gobierno entiende que hay una imposición en el uso del catalán en el nuevo marco comercial catalán. De este modo, el Ejecutivo señala que esto iría contra la doctrina del Constitucional en este área.

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