La gran distribución redobla sus críticas contra la Generalitat
El nuevo marco regulatorio reduce el número de horas comerciales Anged critica que es una ley “anclada en los años ochenta”
La gran distribución española vuelve a enfrentarse a la Generalitat de Cataluña. Tras una primera mitad del año, marcada por la creación de un impuesto contra las bebidas azuaradas, la aprobación de una nueva ley de comercio autonómica abre un nuevo frente de desencuentro entre Anged, la patronal de El Corte Inglés, Ikea o Carrefour entre otras, con el Gobierno catalán.
El aspecto más polémico de la nueva ley, aprobada la semana pasada por el Parlament, es el de la nueva limitación horaria. El texto impone un máximo de 75 horas semanales, lo que supone una gran diferencia frente a la ley estatal, que se sitúa en las 90 horas.
Además, la ley impone de forma general, que todo el comercio deberá cerrar a las nueve de la noche entre octubre y mayo, y a las diez el resto de meses. La regulación limita a ocho domingos y festivos los que está permitida la apertura, frente a otras regiones que lo han liberalizado, y permite a los Ayuntamientos fijar otros dos días.
Son estos aspectos los que han levantado más incomodidad en la gran distribución. La Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged) ha criticado la norma porque “permanece anclada en la legislación proteccionista de los años ochenta y se ha olvidado por completo de la existencia del comercio electrónico”.
La patronal lamenta que las restricciones impuestas afectan a asuntos “fundamentales” para la competitividad del comercio, ya que no se aplican a las plataformas de comercio electrónico. “Todas estas medidas tendrán graves consecuencias”, subraya la organización.
De este modo, se abre un nuevo desencuentro entre Anged y la Generalitat tras el citado gravamen a las bebidas azucaradas. Entonces, la discrepancia se tradujo, junto con otras patronales, en un proceso contencioso-administrativo contra la ley catalana.
La nueva ley de comercio catalana, que contó con los votos de Junts X Si y apoyos puntuales de otras formaciones, fue defendida por el consejero de Empresa, Santi Vila, como una “liberalización importante destinada a favorecer la actividad económica”. Según el político catalán, la ley permite “simplificar” la regulación y reducir las “cargas” administrativas.
La normativa también cuenta con el apoyo de la asociación de pequeños comerciantes catalanes, Retail Cat, quien celebró que se hayan tenido en cuenta sus peticiones para la nueva ley. “Se establecen elementos para equiparar la venta online y física y se permite a los ayuntamientos gravar la distribución a domicilio, para garantizar la sostenibilidad”, remarcó en un comunicado, en el que valoró “muy positivamente” el texto.
Por su parte, Anged sostiene que el sector comercial precisa de un marco legal “moderno y flexible”, que esté alejado de “permanentes conflictos judiciales que esté tipo de proteccionismo está generando”. La patronal apuesta por una regulación que “mire al futuro” y facilite la transformación tecnológica.
La nueva normativa viene a sustitutir la ley aprobada en 2014 por parte del ejecutivo catalán, y que fue suspendida por el Tribunal Constitucional. Las diferencias de la ley que vio la luz la semana pasada con el marco regulatorio estatal, hacen posible que se produzca un nuevo frente entre la administración central y autonómica en plena escalada de tensiones, con la fecha marcada del 1 de octubre para la celebración del referéndum de independencia.
Cuando se anunció el anteproyecto de esta normativa, en enero, el consejero de Empresa en aquel momento, Jordi Baiget, sustituido a comienzos de este mes, aseguró que la comunidad tiene “en exclusiva” las competencias en terreno comercial.