Una reforma autonómica que no olvide el Estado del bienestar

La simulación del nuevo modelo de financiación no cubre todo el gasto en servicios fundamentales

Plantea una insuficiencia de 11.190 millones para educación, sanidad y servicios sociales

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Tras el informe consensuado entre los expertos llega el momento de la negociación política en la elaboración del nuevo sistema de financiación autonómica, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y en el Parlamento. En esa fase habrán de concretarse las respuestas a las cuestiones que los expertos han dejado abiertas por considerar que el criterio que debe primar es el de los representantes de los ciudadanos. Tres de las más importantes son: cuántos recursos son suficientes para prestar los servicios públicos al nivel deseado, cuál es el grado de nivelación preferido y cómo calcular las necesidades de gasto.

Las primeras simulaciones hechas públicas a partir del informe ofrecen pistas interesantes para evaluar las implicaciones de algunas posibles respuestas a esas cuestiones. La realización de estos ejercicios y otros similares permitirá a los responsables políticos analizar las consecuencias de elegir entre el abanico de posibilidades que tienen encima de la mesa.

En ese sentido, debe advertirse que las simulaciones publicadas por Fedea están hechas suponiendo que los recursos del nuevo sistema son los mismos que los del actual modelo. Se orilla así una de las decisiones básicas a adoptar al aprobar el nuevo modelo: cuál es el monto de recursos considerado suficiente para que las comunidades autónomas financien el Estado del bienestar y cubran el gasto en servicios públicos fundamentales (SPF) a su cargo: sanidad, educación y servicios sociales.

Según las cifras oficiales, el gasto en SPF de las comunidades ascendió a 99.160 millones de euros en 2015, de los cuales 96.990 deben ser cubiertos por el sistema de financiación y el resto mediante convenios o transferencias finalistas del Estado. De acuerdo con la propuesta de la comisión de expertos, los recursos del nuevo sistema sujetos a nivelación (a través del Fondo Básico y el Fondo de Nivelación Vertical propuestos) deben cubrir el gasto en SPF, para que sea posible igualar la provisión de dichos servicios en todas las comunidades.

La simulación publicada arroja resultados sobre cómo podrían quedar las comunidades en el escenario de aplicación del modelo en el año base, pero no cumple la condición de suficiencia mencionada en el párrafo anterior.

De los 102.505 millones de euros que contempla la simulación del nuevo modelo, 85.800 son considerados para cubrir de forma homogénea las necesidades en SPF. Esta cantidad, en comparación con el gasto a financiar, plantea una insuficiencia de 11.190 millones de euros para cubrir el gasto efectivo en el que incurren las comunidades autónomas para ofrecer los servicios educativos, sanitarios y de protección social que les compete.

Las razones de esa insuficiencia son diversas. En primer lugar, la simulación parte de la premisa de que no se incorporan recursos adicionales al nuevo modelo, prolongándose las insuficiencias del actual. Estas provienen, en parte, de que las comunidades autónomas se ven obligadas a devolver algunos recursos tributarios adicionales obtenidos mediante modificaciones impositivas que tenían por objetivo paliar la caída de la recaudación. Como consecuencia del perverso funcionamiento del Fondo de Suficiencia, más de 11.000 millones de euros son devueltos al Estado. Estas devoluciones no tienen por qué seguir repercutiendo negativamente en las comunidades autónomas en el nuevo modelo, pues implican que, de facto, disponen solo del 35% del IVA (frente al 50% cedido que establece la Ley 22/2009) y del 49% de los impuestos especiales (en vez del 58%).

Además, al calcular el volumen de recursos de partida, la simulación tampoco tiene en cuenta que el Estado no incorpora en sus aportaciones al actual sistema el importe total establecido por la citada Ley del Fondo de Competitividad (4.668 millones de euros), sino únicamente lo que finalmente ha liquidado de dicho fondo, dejando cerca de 2.000 millones sin ejecutar. La incorporación en el nuevo modelo de los recursos que permiten cumplir la condición de suficiencia para educación, sanidad y servicios sociales que los expertos establecen prácticamente eliminaría el coste de respetar el statu quo nominal para que ninguna comunidad autónoma pierda recursos con el nuevo modelo.

Como señala contundentemente el informe de los expertos, “los problemas del actual SFA no se solucionarán si la reforma no contempla como objetivos centrales la estabilidad financiera de las Administraciones públicas, la corresponsabilidad de las comunidades autónomas y la sostenibilidad del Estado del bienestar”.

Garantizar la suficiencia de recursos para SPF y respetar el statu quo nominal como hace la comisión –qué nadie pierda en términos absolutos– costaría 11.190 millones de euros. El menú de vías que contempla el informe para lograr ese incremento de recursos habría de ser elegido por los políticos.

Para conseguir esa financiación se podría hacer real la cesión a las comunidades autónomas de los porcentajes establecidos de IVA e impuestos especiales del modelo de 2009, realizar la aportación completa del Fondo de Competitividad dotado presupuestariamente, optar por las aportaciones de las comunidades forales o por un incremento del IVA acordado de forma colegiada.

Al elegir entre esos instrumentos debería garantizarse la sostenibilidad del actual Estado del bienestar en la recuperación, para no seguir penalizando a los ciudadanos en servicios fundamentales que dependen de las comunidades autónomas.

Juan Pérez es economista del IVIE

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