Guindos asegura que la economía catalana ya cae en picado

"Las ventas de coches descienden un 25% y las de grandes superficies un 20%", explica

"El cambio de sede de 800 empresas es solo un aperitivo si se declara la independencia"

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Luis de Guindos, ministro de Economía, hoy en el Pleno del Congreso de los Diputados. EL PAÍS

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, ha advertido este jueves de que el cambio de domicilio social de 800 empresas en Cataluña es solo un "aperitivo" si se llegase a concretar una hipotética independencia, que sería "terrorífica" y un "suicidio económico", y ha negado que haya "ningún tipo de presión" para la salida de empresas.

Así lo ha señalado durante su intervención en el Pleno del Congreso para defender el decreto ley que establece un nuevo marco para agilizar el cambio de sedes sociales de las empresas en territorio nacional, ante el desafío independentista en Cataluña.


"El cambio de domicilio social de las 800 empresas es solo un aperitivo si la independencia se llega a concretar, cosa que este Gobierno no va a dejar que suceda", ha remarcado De Guindos, quien ha insistido en que "no hay sociedad que prospere sin un marco jurídico estable" y ha culpado
a las políticas "irresponsables" de la Generalitat de la situación actual en Cataluña.

De Guindos ha asegurado que entiende que la salida de empresas de Cataluña "escueza en determinados ambientes", pero ha insistido en que "los que generan riqueza y empleo ponen de manifiesto las políticas enloquecidas y fuera de la realidad" de la Generalitat.

En este sentido, ha advertido de que si se llega a producir la independencia de Cataluña, el territorio quedaría fuera de todos los tratados de la UE y cerca del 70% de sus productos quedaría sujeto a aranceles y restricciones administrativas a nivel comercial, lo que produciría una "brutal" pérdida de competitividad.

Asimismo, se quedaría fuera del euro y de sus órganos económicos, a lo que se sumaría que todos los activos catalanes no serían elegibles como garantía para ventanas de liquidez y la restricción crediticia de los años de crisis serían "un chiste con lo que podría ocurrir". A su vez, la hipotética 'peseta catalana' desplazaría al euro y habría una devaluación de la divisa y de los ahorros de los catalanes que "correrían a intentar proteger sus ahorros en euros".

A nivel presupuestario, la recesión originaría problemas comerciales, financieros y la capacidad recaudatoria se vería por consiguiente mermada, por lo que "no se podría hacer frente ni a la Educación, ni a Sanidad ni a los principios básicos del Estado de Bienestar", ha advertido.

Por ello, cree que se llegaría a una monetización del déficit, a la generación de inflación y a la falta de acceso al mercado de capitales, de forma que su ratio de deuda pública PIB estaría "absolutamente inflado" y llevaría al "empobrecimiento" de la sociedad catalana.

"El Gobierno no va consentir que eso ocurra. El impacto sería para el resto de la economía española, pero muy especialmente se produciría en el conjunto de la sociedad catalana como estamos viendo", ha alertado, llegando a reclamar que la Generalitat acabe con la "tortura" que supone el desafío independentista.

Dado que las ventanas de liquidez del BCE quedarían "inmediatamente abortadas" para las empresas con domicilio en Cataluña, De Guindos ha indicado que los grandes bancos catalanes (CaixaBank y Sabadell) se han ido "inmediatamente", debido a que "no tenían alternativa" porque "no pueden vivir sin acceso a un Banco Central en euro", descartando "teorías conspiratorias".

El ministro ha negado que haya habido "ningún tipo de presión". "No he llamado absolutamente a nadie, estoy convencido de que no ha llamado absolutamente nadie", ha aseverado en respuesta a las críticas realizadas desde Unidos Podemos, PDeCAT o ERC, a quienes ha pedido que no generen "dudas e incertidumbres". "A mi me duele que se vayan 800 empresas. Este éxodo de empresas pone de manifiesto las contradicciones de las políticas de la Generalitat", ha asegurado.

En este sentido, ha preguntado a los diputados que han sacado a relucir las presuntas presiones si el Gobierno también habría hecho llamadas como para que las reservas turísticas hayan caído alrededor de un 20%, las ventas de coche entre un 20% y un 25% o las ventas de grandes almacenes entre un 15% y un 20%, o que los clientes retirasen depósitos.

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