Las pérdidas de Popular a junio suman 12.218 millones con datos auditados

El antiguo consejo recibió hasta su venta 7,27 millones de euros

Las provisiones para insolvencias aumentaron un 68,55%, hasta 13.199 millones

Logotipo de Banco Popular
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No hubo sorpresas. Las cuentas semestrales que presentó el viernes Banco Popular a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) –último día para ello– sumaron unas perdidas de 12.218 millones de euros, números rojos muy por encima de los 35,4 millones del mismo periodo de 2016), según muestran los datos auditados por PwC. Estas pérdidas tienen parte de su origen en la depreciación de su cartera inmobiliaria en 3.454 millones de euros, asumidos tras la compra de Popular por Banco Santander.

Las pérdidas del banco intervenido son de carácter contable, razón por la que no repercuten sobre las cuentas del propio Banco Santander, que compró Popular el 7 de junio por un euro.
La solvencia de Popular antes del rescate, era negativa al situarse su ratio de capital Tier 1 en -3,70% , frente al 18,17% que Popular había reportado a cierre de junio de 2016. El impacto más negativo, además del beneficio, lo sufrieron los depósitos de la entidad. Sus recursos de clientes disminuyeron un 27,3% de enero a junio, hasta sumar 78.745 millones, y los créditos un 18,7%, hasta 85.343,38 millones.

En el informe enviado a la CNMV, la entidad señala que “desde el comienzo del año se ha producido un progresivo deterioro del nivel de actividad del banco con importantes bajadas de negocio, especialmente en depósitos de clientes”.

Además de la bajada de depósitos, el nivel de nueva producción de créditos “ ha sido especialmente bajo”, subraya el banco.

La fuga de depósitos fue precisamente la causa principal que provocó la caída fulminante del banco al agotarse su liquidez, aunque como señala el informe, la entidad era insolvente a junio.
Los ajustes llevados a cabo por Santander tras la adquisición de Popular para sanear sobretodo sus activos inmobiliarios disparó la morosidad, que pasó del 14,42% al 21,32%, y las provisiones para insolvencias aumentaron un 68,55%, hasta 13.199 millones de euros, de los que el saneamiento inmobiliario se llevó unos 7.779 millones de euros, tras tasar los activos de Popular vinculados al ladrillo con un descuento del 67%, justo antes de vender el 51% de su cartera de inmuebles a Blackstone.

El saldo de impagados se situó en 20.397 millones, un 24,4% superior que un año antes. Las provisiones incluyen también un impacto negativo de 982 millones de euros por activos fiscales no monetizables derivados de la resolución, y otro de 1.137 millones de activos intangibles como el fondo de comercio de Banco Pastor, valorado a cero, y otras contingencias no vinculadas a la resolución, entre las que se encuentran la aceleración de la amortización de la plataforma informática.

El banco que preside Ana Botín ha cargado unas pérdidas de 411 millones de euros por su cartera de bonos soberanos de Popular.

Las cifras reflejadas en el informe del semestre remitido al supervisor bursátil no varían prácticamente de las publicadas hace unos días por la Asociación Española de Banca (AEB), aunque las presentadas a la CNMV están auditadas, lo que les da un mayor valor legal.
Estas cuentas, de hecho, son claves para los antiguos inversores de Popular ya que podrán ser utilizados en sus reclamaciones ante los juzgados, sobre todo los accionistas que acudieron a la ampliación de capital por 2.500 millones de euros de junio de 2016.

El banco también remitió a la CNMV, como es obligación, el informe de retribuciones de la cúpula de Popular. Recoge así que los sueldos de sus consejeros antes de que Santander adquiriese la entidad por un euro, se elevó a 7,27 millones de euros, en los que se incluyen los 4 millones que recibió Emilio Saracho tras ser fichado para presidir Popular, lo que ocurrió en febrero. En el primer semestre de 2016 la remuneración del consejo sumó 2,8 millones.

Mientras, la Audiencia Nacional también anunció el viernes que rechaza suspender de forma cautelar la venta de Popular a Santander como habían solicitado varios particulares en sus recursos presentados contra la resolución del FROB, organismo que ejecutó la operación, tras lo acordado por la Junta Única de Resolución (JUR).

Así lo ha decidido la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso en un auto conocido el viernes. Por ello, los jueces exponen que una suspensión cautelar de la resolución adoptada el pasado 7 de junio por el FROB, dejaría sin efecto la decisión del órgano europeo y precisan que los perjuicios invocados se deben reclamar en otros tribunales europeos competentes sobre la JUR. Hasta el viernes se habían registrado más de 250 recursos, que incluyen a más de 6.000 apelantes contra la intervención y venta de Popular a Santander.

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