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Carles Puigdemont flanqueado por el gobierno catalán. REUTERS

Puigdemont sugiere la proclamación de la independencia

También pide diálogo y la intervención de la UE

ANC y Òmnium Cultural llaman a un huelga general el próximo martes

Poco antes de la 11 de la noche, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont compareció junto con todo su Gobierno para defender la validez del referéndum. Anunció que trasladará los resultados al Parlamento para “que se actúe según lo previsto”. La Ley del Referéndum y la Ley de Transitoriedad Jurídica, que se aprobó entre el 6 y 7 de septiembre, contempla que la victoria del sí lleva a la proclamación de la independencia.

El consejero de Asuntos Exteriores, Raül Romeva, aseguró que si ganaba el sí, el Parlamento catalán declararía la independencia en las siguientes 48 horas. Unas palabras que fueron matizadas posteriormente por Puigdemont.

Si bien el presidente de la Generalitat sugirió ayer la idea de una declaración unilateral de independencia, también realizó un llamamiento al diálogo. “Nos hemos ganado el derecho a que nos escuchen”, dijo. Y reclamó la mediación de la Unión Europea.

La actuación de la Guardia Civil y la Policía Nacional logró desbaratar la organización del referéndum y probablemente impedirá que la Generalitat pueda esgrimir los resultados del referéndum como válidos ante la comunidad internacional. Sin embargo, el 1-0 y las imágenes de los policías golpeando a votantes que en su mayoría se resistieron pacíficamente están logrando que la causa de los independentistas entre en las agendas internacionales.

Y el relato de la Generalitat, que habló de “represión y violencia de Estado” se imponen. La edición digital de la CNN abrió ayer con una foto de la policía reduciendo a un votante y con el titular “La vergüenza de Europa”.

“¿Ha valido la pena?”, le preguntaron al consejero de Presidencia, Jordi Turull, en la mañana de ayer y cuando llegaban las primeras imágenes de cargas policiales y personas ensangrentadas. “La democracia siempre vale la pena”, contestó.

El 1 de octubre es el final de un largo proceso, en el que no existe acuerdo acerca de cuándo se inició. Hay quien pone como fecha la sentencia del Tribunal Constitucional, que recortó el Estatuto catalán en junio. Un texto que previamente ya había sido rebajado en el Congreso de los Diputados. Otros apuntan que lo sucedido ayer enlaza directamente con el portazo a la propuesta de pacto fiscal que recibió Artur Mas de Mariano Rajoy en septiembre de 2012. Sea como sea, el 1 de octubre marca el inicio de un camino muy incierto.

El Ejecutivo central ha descartado hasta ahora utilizar el artículo 155 de la Constitución Española, que contempla la suspensión de la autonomía. Optó por otras vías para intervenir a la Generalitat como la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que permitió a Hacienda hacerse el control de las cuentas catalanas. Aun así, ello no impidió la compra de urnas ni la organización de la consulta.

Si el Parlamento catalán aprobará una declaración de independencia, el escenario más plausible sería la detención del presidente de la Generalitat y previsiblemente la aplicación del 155. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, evitó pronunciarse en su declaración institucional sobre este extremo y se limitó a anunciar que convocará a todos los partidos políticos y comparecerá a petición propia al Congreso de los Diputados.

Rajoy dijo que ganó el Estado de derecho y Puigdemont aseguró que ayer ganó la democracia.

Huelga general, el 3 de octubre

Las dos principales organizaciones soberanistas Òmnium Cultural y ANC llamaron ayer a una huelga general para el próximo 3 de octubre. Sindicatos minoritarios ya habían convocado un paro, sin embargo, la suma de Òmnium Cultural y la ANC elevan la convocatoria a otro nivel. CC OO se sumó ayer y UGT decidirá este lunes. "Os emplazamos a que sigáis la consigna de la Taula per la Democràcia que nos emplaza al 3-O a una huelga general. Demostraremos que nada ni nadie podrá contra las instituciones catalanas y sus libertades. El próximo 3-O, todo el mundo a la calle", reclamó el presidente de Òmnium, Xavier Cuixart.

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