Un mercado único para las farmacéuticas y el resto de las empresas

Los grandes laboratorios denuncian que en España existe inequidad territorial en sanidad

Varias multinacionales farmacéuticas han elaborado un documento en el que critican las barreras que existen en el Sistema Nacional de Salud español para comercializar y acceder de forma equitativa a los medicamentos. A través de la Cámara de Comercio de EEUU en España, gigantes de la talla de Pfizer, Johnson & Johnson, Lilly, pero también la española Grifols, critican las numerosas validaciones que las comunidades autónomas y hospitales españoles exigen a los productos farmacéuticos antes de ponerlos a disposición de los pacientes. Los laboratorios enumeran hasta tres grandes barreras para comercializar medicamentos innovadores. La primera de ellas es la fijación de precios a que se someten todos los fármacos en España. A ello hay que unir una segunda barrera autonómica y una tercera que depende de cada hospital. Ese triple filtro supone, como se denuncia en el documento, que el acceso a los tratamientos innovadores dependa en último término “del código postal” de cada ciudadano. Precisamente por esta circunstancia, entre las demandas que el informe plantea, destaca como gran objetivo “la armonización o la simplificación de las evaluaciones de los fármacos” con el fin de lograr que su lanzamiento pueda llevarse a cabo “en todo el territorio español” de forma simultánea.

No es la primera vez que empresas o instituciones ponen de manifiesto que en España no existe, de facto, un mercado único, sino un reino de taifas de exigencias y reglamentaciones autonómicas. En uno de su últimos informes, Bruselas recrimina a las comunidades autónomas el mantenimiento de barreras comerciales al comercio minorista, un problema que exige una solución cuanto antes. La CE considera a España uno de los diez Estados miembros que regula de forma más restrictiva este tipo de actividad comercial. Lo que reclaman los gigantes farmacéuticos en esa petición no es un privilegio, sino el cumplimiento de las condiciones normativas mínimas que se suponen a un Estado integrado en un mercado único. Pero es también, especialmente en este caso, un derecho de los ciudadanos.