El Estado gastó 4.000 millones en pagar cotizaciones de parados en 2016

Estas cotizaciones suponen el 22% del gasto total en prestaciones por desempleo El SEPE se dejó sin gastar el 30% del dinero para formar a trabajadores

Carlos Cortinas

El Estado destinó el pasado año 4.061 millones de euros a costear las cotizaciones a la Seguridad Social de los beneficiarios de prestaciones contributivas y subsidios por desempleo, según la liquidación final del presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) correspondiente al ejercicio de 2016.

Esta cantidad, que el SEPE paga a la Seguridad Social para no perjudicar las carreras de cotización de los desempleados mientras están cobrando estas ayudas, representa aproximadamente el 22% del gasto total en prestaciones y subsidios en 2016 (18.638 millones de euros).

A finales del pasado año 1,9 millones de desempleados cobraban algún tipo de ayuda por estar en desempleo.

No obstante, este coste de financiar las cuotas a los parados se ha recortado a la mitad en los últimos siete años, ya que en 2009 se llegaron a gastar más de 8.000 millones en estas transferencias del SEPE a la Seguridad Social.

Este descenso se corresponde con una disminución similar en el gasto total en prestaciones por desempleo, cuyo coste llegó a superar los 32.000 millones de euros anuales en 2009;mientras que en 2016 el ejercicio cerró con un presupuesto ejecutado de 18.600 millones de euros.

A finales del año pasado, el mayor colectivo de beneficiarios era el de perceptores del subsidio por desempleo, que reciben aquellos que han agotado la prestación contributiva y reúnen los requisitos de rentas y/o edad (mayores de 55 años) requeridos para esta ayuda. Un total de 850.764 personas recibían estos subsidios.

Si bien el gasto en cotizaciones del colectivo fue de 726 millones de euros. Esta cifra es muy inferior a lo destinado a pagar las cuotas de los beneficiarios de prestaciones contributivas, a lo que se destinaron 3.228 millones de euros, a pesar de que el número de perceptores de estas ayudas era inferior a los beneficiarios del subsidio. En concreto, en diciembre 780.074 personas recibían prestaciones contributivas por desempleo.

Esta diferencia se produce porque el Estado cotiza por la base mínima legal por los beneficiarios del subsidio, mientras que en el caso de los perceptores de prestaciones contributivas, el Estado cotiza exactamente por la última base de cotización que tuviera el trabajador antes de quedarse en paro;y muchas de ellas son bases mucho más elevadas que la mínima.

Así, el Gobierno destinó 8.443 millones de euros a pagar prestaciones contributivas por desempleo, lo que supuso el doble de lo que invirtió en costear los subsidios asistenciales para parado, a los que se destinaron 4.266 millones). Pero si solo se analiza el pago de las cotizaciones de estos desempleados, el mayor volumen de bases medias y altas de cotización entre los perceptores de las prestaciones contributivas multiplicó por tres lo gastado en cotizaciones a los beneficiarios de subsidios (3.228 millones frente a 726,2 millones).

Además, las cotizaciones de los beneficiarios del subsidio agrario costaron a las arcas estatales el pasado año otros 106 millones de euros.

Programa de activación

En el desglose de la ejecución de este presupuesto de los servicios públicos estatales de empleo, se certifica también el escaso éxito obtenido por el programa de ayudas de Activación para el empleo, de reciente creación. Se trata de la última ayuda pública a la que pueden acceder los parados de larga duración y cargas familiares cuando ya han agotado el resto de programas.

Ante el bajo número de beneficiarios que cumplía los requisitos para esta ayuda, el Gobierno rebajó en abril pasado sus condiciones de acceso. De esta forma, la mitad del año transcurrió con los nuevos requisitos menos exigentes. Pese a ello, el SEPE solo se gastó el 43% del presupuesto que tenía para este programa.

En concreto, contaba con 350 millones de euros y solo aprobó y ejecutó ayudas por valor de 125 millones de euros a beneficiarios del Programa de Activación para el Empleo.

Ante esta situación, y tras la problemática surgida por las competencias del otro plan de ayudas a parados de larga duración (Prepara) el Gobierno y los interlocutores sociales negocian la reunificación de estos planes en una nueva ayuda.

Dinero que se queda sin gastar

 

La ejecución presupuestaria del SEPE del pasado año revela también que se dejaron sin gastar tres de cada diez euros que inicialmente se iban a invertir en la formación de trabajadores, ya estuvieran estos ocupados o desempleados. Concretamente, el presupuesto de este organismo incluía una partida de 1.060 millones para dar cursos de formación para trabajadores ocupados, de los cuales finalmente se gastaron 732,7 millones de euros, el 70% del total. Igualmente, de los 892,8 millones previstos para dar cursos formativos a desempleados, se habían gastado a final del ejercicio, 641,1 millones, el 71,8% del total. El sindicato Comisiones Obreras ha denunciado que la única partida que el Gobierno ha gastado al 100% es la del dinero transferido para programas formativos en el ámbito autonómico, “pero la falta de transparencia hace que se desconozca su grado real de ejecución territorial”.

 

 

Otro de los incumplimientos presupuestarios más significativos del SEPE correspondió a la partida destinada a pagar prestaciones por cese de actividad. El Gobierno estimó que abonaría estas prestaciones por valor de 11,6 millones de euros, pero solo llegó a abonar 2,3 millones. Igualmente, quienes diseñaron este presupuesto creyeron que pagarían cuatro millones de euros en cotizaciones a la Seguridad Social de estos perceptores de la prestación por cese de actividad y solo abonaron un millón. Esto supone que el grado de ejecución de este presupuesto apenas superó el 20%.

 

 

El Ministerio de Empleo también incluyó en las cuentas del SEPE una partida de 40 millones de euros para la “mejora las oficinas de empleo”, de la que, según la ejecución presupuestaria, no se ha gastado ni un solo euro. Si se han gastado, sin embargo, los 60 millones destinados a la “modernización” de los servicios públicos de empleo.

 

 

 La partida presupuestaria destinada a bonificaciones empresariales para la contratación de trabajadores tampoco se agotó. En 2016 se destinaron 1.550,3 millones para estas ayudas a las empresas, el 95% de los 1.635 millones presupuestados para ello.