Las viejas centrales de energía se resisten a morir

El Gobierno defiende plantas llamadas a desaparecer como las del carbón y nucleares Los críticos consideran que el Gobierno las protege por razones políticas e ideológicas, no económicas

Central de Compostilla de Endesa.Silvia Alba (Flickr)

Sobre el papel, los cambios tecnológicos en la generación de electricidad, forzados por la inevitable lucha contra el cambio climático, parecen sencillos y consensuados. Una apariencia a la que contribuye el que la mayoría de los ciudadanos se declare mayoritariamente partidaria de lo sostenible, verde o eficiente. Eso sí, siempre que esta posición no suponga ningún coste para quien la mantiene.

En una encuesta realizada hace pocos años por una asociación española de renovables, el 97% de los encuestados se definía partidario de este tipo de energías (lo extraño, en realidad, era que un 3% las rechazara, cuando opinar favorablemente era gratuita y políticamente correcto). La posición cambió radicalmente cuando a los supuestos defensores de las renovables se les preguntó si estarían dispuestos a pagar una prima en la factura de la luz para el desarrollo de dichas tecnologías. Pagar, eso no, vino a decir la mayoría.

Este es el quid (se puede sustituir “la prima en el recibo” por cualquier otro coste) de un debate que se precie sobre la renovación de los viejos parques de generación contaminantes (de carbón o gas) por los de energías renovables que se van imponiendo en todo el mundo.

Capítulo aparte merecen las centrales nucleares que, aunque no emiten CO2 y, por tanto, no se las considera enemigas del clima, forman parte del debate por su nulo futuro: tienen ya una edad avanzada y el capitalismo (léase, bancos y eléctricas)les ha dado la espalda. También las rechazan las nuevas generaciones de políticos, a la vista de la herencia envenenada que supone su desmantelamiento y la gestión durante siglos de los residuos radiactivos que no pueden ser reciclados. Según calcula la UE, el desguace de los más de 200 reactores europeos (90 ya parados) superará la friolera de medio billón de euros.

Como en cualquier crisis (o “cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o una situación, o en la manera en que estos son apreciados”, en definición de la RAE), la llamada transición energética hacia un modelo de generación libre de emisiones puede resultar traumática y contradictoria.

Un claro ejemplo es el protagonizado por el actual Gobierno, cuyo presidente, Mariano Rajoy, negó no hace tanto tiempo el cambio climático y cuyo ministro de Energía, Álvaro Nadal, hasta ahora claro partidario del mercado y reconocido pronuclear, protege ahora las centrales de carbón y acaba de dar carpetazo a Garoña.

Bien podría parecer que el mundo se ha vuelto del revés: mientras las grandes compañías eléctricas, como Endesa e Iberdrola, promueven el cierre de centrales de carbón y nucleares, el Gobierno liberal del PP quiere protegerlas. Otra falsa apariencia, pues son solo las térmicas de carbón nacional ubicadas principalmente en zona popular, como es Castilla y León, las que se pretenden desahuciar. Y las nucleares, salvo que se les descargue de la actual fiscalidad.

Sin que se conozcan claramente las razones ni los objetivos, el ministro de Energía quiere potestad sobre el cierre de las viejas centrales. Para ello, ha sometido a audiencia pública una propuesta (genérica y sin articular) de real decreto por el que se regulará el procedimiento de cierre de las instalaciones de generación eléctrica. A saber, Nadal desea ampliar el motivo por el que su ministerio y REE pueden vetar actualmente el cierre de una central (garantizar el suministro eléctrico) a otros dos supuestos tan vagos como “el impacto sobre el precio de la energía para usuarios domésticos e industriales y la competitividad de la economía española” y “cambio climático”.

Los más críticos creen que con la excusa de la planificación el Gobierno quiere frenar el cierre de plantas por razones políticas, como es el caso de las de carbón (una de las amenazadas por el cierre es la central de Compostilla de Endesa, propiedad de la italiana Enel), e ideológicas, como la nuclear.

Copiar a Alemania

Podría creerse que el Ejecutivo de Rajoy estaría intentando emular el modelo alemán, en el que los operadores de las redes han denegado parte las solicitudes de cierre de capacidad (casi 4.000 MW que consideran “críticos”, sobre los más de 19.000 MW) tramitadas desde 2012, equivalentes a 90 centrales.

Nada más lejos de la realidad, pues las razones de seguridad de suministro que alegan los TSO (operadores y transportistas) germanos ya están reguladas en España. Esto es, si una central se considera necesaria, REE y el propio ministerio tienen potestad para impedir su cierre. Sirvan como ejemplo los casos relativamente recientes de la petición de cierre de varios ciclos combinados de gas por parte de Endesa e Iberdrola: a la primera se le denegó el cierre de su central de Colón (Huelva), mientras la segunda recibió la autorización para clausurar una de las unidades de su ciclo de Castellón, aunque luego se echó para atrás. 

El mercado alemán no solo no tiene la sobrecapacidad que el español (con un importante parque ocioso de gas que se levantó durante los años de la burbuja), sino que se enfrenta al cierre por decreto de sus 18 centrales nucleares, cuya clausura definitiva está prevista en 2022.

Esta decisión, y la declaración de intenciones del Gobierno de Macron de cerrar 17 centrales nucleares francesas en los próximos años, choca con el empecinamiento de España de defender las viejas térmicas de carbón y las nucleares. En ambos casos, las eléctricas quieren ser compensadas con una regulación favorable, un chantaje que el Gobierno considera inadmisible y que podría estar tras la decisión del Ejecutivo de controlar los cierres de plantas.

Respecto a la intención de Nadal de subastar o hibernar las centrales intervenidas, resulta un tanto inverosímil. ¿Quién va a explotar unas plantas aparentemente no rentables y con fecha de caducidad? El ministro, en línea con Endesa, esgrime que sin la actual producción nuclear el precio de la electricidad se incrementaría un 26%. Un motivo este que impedirá cualquier cierre si prospera el real decreto en trámite. Una norma, por cierto, recurrible por las empresas ante los tribunales.