Cuatro vías para luchar contra la turismofobia

Las administraciones barajan límites a los viajeros y poner tasas

También sopesan regular los pisos turísticos y sancionar a los portales

Pintada contra los turistas en el Parque Güell de Barcelona.
Pintada contra los turistas en el Parque Güell de Barcelona.

Poca gente va a Londres a pasar sus vacaciones de verano ni a Siberia a disfrutar de las navidades. Los turistas van buscando experiencias satisfactorias durante sus estancias y existe una línea de pensamiento único que les lleva a coincidir en sus preferencias: sol en verano y sol en invierno. Esa es la razón que ha llevado a España a convertirse en uno de los países más visitados del mundo. Pese a que disfruta de un clima similar a otras naciones del entorno como Italia, Túnez, Egipto o Turquía, España ha abierto brecha con el resto por una razón: seguridad. No se ha visto dañada por los atentados que han afectado a esos cuatro enclaves (a los que habría que añadir dos destinos urbanos como Londres y París) y eso ha provocado un efecto llamada que ha llevado a España a ganar siete millones de viajeros en 2015, otro siete millones de viajeros en 2016 y probablemente a subir otros nueve en 2017. En esos dos primeros años ha ganado lo mismo que lo logrado en los doce años anteriores.

Con lo que nadie contaba, y menos los políticos que han realizado unos balances tan positivos sobre el buen pulso del turismo, era con la reacción de los vecinos que conviven a diario con los turistas. La llegada masiva de viajeros ha servido para acuñar el término de turismofobia, definido como el rechazo vecinal a la presencia masiva de viajeros en sus calles y en sus bloques de viviendas. Hasta ahora, los turistas colapsaban las ciudades, pero por la noche pernoctaban en los hoteles, lo que evitaba los conflictos nocturnos con los vecinos. Pero eso cambió con la llegada de plataformas como Airbnb o HomeAway, que han permitido un doble beneficio: ofrecer un alojamiento mucho más económico que los hoteles a los turistas y permitir a un gran número de particulares sacarse un dinero extra compartiendo su casa con turistas.

Los vecinos y los hoteleros quieren poner coto a los pisos para turistas, mientras que las plataformas no están dispuestas a renunciar a un negocio que les permite además potenciar su imagen como fuente de ingresos alternativa para muchas familias en la parte final de una crisis económica que se resiste a desaparecer. En este contexto, ¿qué soluciones existen para tratar de alcanzar la paz social? Una de las posibilidades que manejan las autonomías más visitadas es la de introducir tasas turísticas. Las grandes capitales europeas, como Londres, París o Roma, ya las cobran desde hace varios años. La experiencia, sin embargo, demuestra que el impacto sobre la demanda es mínimo.

Un buen ejemplo se ha producido en Cataluña, que desde octubre de 2012 cobra una tasa a todos los viajeros que se alojan en sus establecimientos. Las tarifas van desde los 2,50 euros para cruceristas y turistas de hoteles de cinco estrellas hasta los 0,50 de los hostales. La medida no ha servido para reducir el interés de los turistas por este destino. Más bien todo lo contrario. En 2013 recibió 15,5 millones de viajeros, consolidando su posición como la comunidad más visitada de España, y ha seguido sumando turistas hasta los 18 millones a finales de 2016.

Otra de las medidas, no exenta de polémica, es prohibir la construcción de hoteles y poner coto a los pisos turísticos, bien evitando su construcción o limitando al máximo el número de días para su alquiler. Esa decisión la tomó el ayuntamiento de Amsterdam, que también aprobó un plan para que en cinco años los cruceros de turistas desembarquen fuera del casco urbano y no en el centro. Una medida similar aprobó el ayuntamiento de Barcelona, que prohibió la construcción de nuevos hoteles desde 2015 y la concesión de licencias para apartamentos turísticos a partir de este año. Bruno Hallé, socio de la consultora Magma TRI Hospitality Consulting, cree que los esfuerzos para acotar los efectos indeseados del turismo deben concentrarse en el alojamiento ilegal. “Si lo controlas en Barcelona te quitas 70.000 camas de un plumazo. En cambio lo que se ha hecho es un plan que establece una moratoria sobre el 90% de la oferta frente al 70% que está paralizada en la actualidad”. Hallé considera que el plan supone un bloqueo de facto sobre la oferta hotelera en Barcelona, ya que solo se permitirá proyectos en zonas sin demanda. En los distritos con mayor demanda, como Ciutat Vella o el Eixample, solo se concederán licencias siempre que se suprima otra. “Si hay algún inversor que está dispuesto a gastarse 30 millones de euros es porque previamente habrá hecho un estudio sobre la viabilidad de la inversión. No creo que sea conveniente hablar de que existe sobreoferta hotelera si no más bien de la dificultad de invertir de zonas sin demanda”, dice.

La Comisión Europea baraja elevar la fiscalidad de las empresas ligadas a economía colaborativa ante la presión de Macron y Merkel

Los hoteleros, sin embargo, consideran que la solución al conflicto la tienen las autoridades políticas, que hasta ahora se han mantenido de perfil en el fenómeno de la economía digital. En primer lugar, las autoridades comunitarias han defendido hasta ahora el modelo de la economía colaborativa como algo diferente al resto. Cuando las protestas han arreciado y a las voces de países como España se han unido Alemania y Francia, la Comisión ya se ha tomado en serio la cuestión y prevé debatir un incremento de la fiscalidad a estas compañías en el próximo Consejo de Ministros de Economía que se celebrará en Tallin (Estonia) a mediados de septiembre. La mecha la ha prendido el ministro francés de Economía, Bruno Le Maire, que tildó de “inaceptable” la factura fiscal de Airbnb en Francia, donde solo pagó 100.000 euros en el último ejercicio fiscal, pese a ser su segundo mercado con más de diez millones de usuarios.

El trabajo más arduo les espera, sin embargo, al Estado Central y a las autonomías. Al primero, con competencias en sociedad de la información, le toca velar porque todos los anuncios que se publiquen en plataformas como Airbnb o Home Away estén dados de alta en los registros oficiales. Los hoteleros ponen como ejemplo lo sucedido en San Francisco, donde la amenaza de sancionar con 1.000 dólares a cada casa sin número de registro provocó la anulación de 14.000 anuncios. A las autonomías, competentes en materia turística, les toca regular para clarificar dónde y cómo se pueden alquilar pisos para turistas y si pueden compartir espacio con los vecinos.

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